Peligran las audiencias porque Aranguren no cumplió con el fallo de la Corte

Peligran las audiencias porque Aranguren no cumplió con el fallo de la Corte

Aun no informó la estructura de costos para el precio en boca de pozo. La ley ordena dos semanas de antelación.

Las asociaciones de consumidores están desorientadas por la falta de apego a la ley del ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren. La Corte Suprema en su fallo sobre las tarifas de gas no solo ordenó al poder Ejecutivo a dar marcha atrás con el tarifazo y retrotraer los cuadros tarifarios a marzo, dejando sin efecto el tope del 400%, sino que además le ordenó que convoque a Audiencias Públicas.

La convocatoria se hizo y están planeadas para este viernes. Sin embargo, el debido proceso establece que la información a tratarse en la Audiencia Pública deberá estar disponible con al menos dos semanas de antelación y Aranguren sigue sin dar a conocer la estructura de costos de las empresas que da origen al precio del gas en boca de pozo.

 

 

 

El ministro en la reunión que sostuvo el último viernes con asociaciones de consumidores aseguró que la información la hará pública en la Audiencia, pero eso les quita el derecho a estudiar la información y poder entregar una opinión informada en el momento de la Audiencia.

 

 

 

Por esto es que el Centro de Estudios para la Promoción de la igualdad y la Solidaridad (Cepis), la asociación de consumidores que logró que la Corte Suprema fallara por la retracción de las tarifas de gas a marzo, presentó hoy lunes una denuncia por el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo.

El Juez Federal Recondo intimó al Poder Ejecutivo “a que en un plazo de 24 horas conteste acerca del faltante de información. Esto vencerá indefectiblemente mañana martes 13 a las 9.30 hs., momento a partir del cual, estará el magistrado en condiciones de dictar resolución”, aclararon desde el Cepis.

Por la urgencia del caso, el Juez Federal Recondo intimó al Poder Ejecutivo “a que en un plazo de 24 horas conteste acerca del faltante de información. Esto vencerá indefectiblemente mañana martes 13 a las 9.30 hs., momento a partir del cual, estará el magistrado en condiciones de dictar resolución”, aclararon desde el Cepis.

 

 

 

Es que el decreto 1172/03 de Mejora de la Calidad de la Democracia y sus Instituciones, que es el que reglamenta el acceso a la información pública, expresamente señala que tanto el Poder Ejecutivo como sus organismos descentalizados (como el Enargas), las empresas prestatarias de servicios públicos y aquellas que reciban subsidios del Estado están obligadas a entregar en el plazo máximo de diez días hábiles la información solicitada.

 

 

 

Puntualmente en la decreto-ley se establece que se considera información pública la “documentación que sirva de sustento a una decisión administrativa”, como ser en este caso, el precio del gas en boca de pozo que el Estado convalida y paga conjuntamente con los usuarios a un precio que, dicho sea de paso, supera ampliamente el precio internacional.

Ya en la reunión en comisión en el Congreso, Aranguren se había rehusado a informar los precios en boca de pozo: "Me resisto a contestar esa pregunta", respondió al diputado sanjuanino, Luis Gioja.  

 

 

 

Este punto es clave porque obliga a las empresas a informar qué gastos de inversión pretenden que se cubran en el nuevo precio. Además, hace casi diez años que mediante el Plan Gas el Estado viene subsidiando el gas a un precio superior al del mercado mundial y por ende las empresas no pueden argüir falta de inversiones en el pasado para seguir convalidando un precio superior al del mercado. Por eso, presuponen que el Gobierno se niega a dar información que tiene la obligación legal de entregar.

Por eso, como adelantó LPO, el viernes 2 de septiembre, a dos semanas de la Audiencia Pública la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), certificaron con escribano público que la información que Aranguren había asegurado que estaría disponible en el Enargas, no estaba e intimaron a Aranguren a informar todos los costos relativos al precio del gas.

 

 

 

“A solo una semana de la Audiencia, nos llega la información sobre los costos de transporte y distribución cuando la norma procesal indica que se requieren de 15 a 30 días. El viernes pasado fuimos al Enargas con un escribano a certificar que la información que el Ministro había señalado que estaba ahí, no estaba”, precisó el titular de Adduc, Osvaldo Bazzano, a LPO.

 

 

 

Precisamente por la negativa de Aranguren a entregar la estructura de costos de las petroleras que dan origen a su decisión administrativa de subir el precio del gas, es que los consumidores en la reunión del viernes anterior le preguntaron si él respondía a los intereses de los usuarios o de los empresarios. “Estoy en el medio”, respondió el ministro intimado adejar de ser accionista de Shell.

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