Peligran 7.000 empleos por la prohibición de la Corte Suprema para talar

El sector no puede iniciar el acopio de madera porque la Corte detuvo la actividad en el norte salteño.
Aseguran que miles de familias están en riesgo y que no tienen chances de cumplir con los contratos comerciales.

En el sector de la madera ya se habla de procesos preventivos de crisis, figura que hasta el año pasado no era considerada por los empresarios de los departamentos Orán y San Martín porque el negocio iba bien. Desde el jueves pasado, cuando se conoció la resolución de la Corte Suprema de Justicia que ordenó detener desmontes y aprovechamientos forestales, la realidad dio un giro completo porque la actividad quedó paralizada por noventa días.

En las ciudades de Tartagal y San Ramón de la Nueva Orán se imaginan lo peor si el máximo tribunal de Justicia no revé la situación, separa los tantos y vuelve a habilitar a los que hacen tala selectiva en emprendimientos certificados. Aunque las palabras despidos y cierres no aparecen directamente en los discursos de los dirigentes madereros, ya salieron a advertir el daño laboral que la decisión provocará a las siete mil familias que viven directamente de la actividad en esos dos departamentos del norte provincial.

"Nos cortaron de cuajo porque la Corte amplió su decisión justo en el inicio de nuestra temporada de trabajo (el acopio se extiende de abril a noviembre). Ahora no tenemos posibilidades de iniciar una nueva campaña y nadie nos asegura que en junio podremos hacerlo. Nos metieron a todos en la misma bolsa y se involucró a la actividad forestal, aunque nosotros defendemos la existencia del bosque porque nuestra actividad convive con la existencia del bosque", remarcó a El Tribuno el secretario del Centro de Obrajeros de Orán, Carlos Suárez.

Suárez ayer participó en una reunión que encabezaron el presidente de esa institución, Luis María Belluccini, y el titular de la Asociación de Productores Forestoindustrial y Comerciales de Salta, Daniel Briones, acompañados por un grupo de productores. En un hotel de esta ciudad plantearon "el problema social que se viene en el norte porque con decisiones como ésta se comenzarán a despejar las fábricas", al tiempo que dijeron que esperan que la Provincia haga valer su derecho sobre los recursos naturales de Salta.

La resolución del jueves es la segunda que toma la Corte de Justicia en este sentido -respondiendo a un pedido realizado por comunidades aborígenes y criollas- afectando a los departamentos San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria. La primera se conoció a fines del año pasado pero no afectó demasiado al sector porque se dio en la época de lluvias, cuando cae la actividad.

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