Las medidas de congelamiento de precios de los alimentos adoptada a mediados de marzo pasado como fórmula para combatir los excesos en las remarcaciones durante estos momentos de pandemia del Covid-19 comenzó a generar tensiones entre las empresas y el Gobierno.

La decisión se tomó el 20 de marzo y tenía como fecha de vencimiento el 20 de abril. Sin embargo, la Secretaría de Comercio Interior decidió prorrogar el congelamiento por otro mes, hasta el 20 de mayo.

Esta determinación del organismo que dirige Paula Español causó molestias entre las empresas productoras y las cadenas de supermercados que reclaman una reunión urgente con las autoridades para discutir las consecuencias negativas que este cepo en los precios ya comenzó a causar en sus operaciones. De hecho, el encuentro, del que también iba a participar el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, estaba pactado para esta jornada de jueves 24 de abril pero finalmente se pasó la fecha para los últimos días de la semana próxima.

El pedido es discutir futuras extensiones de la Resolución 100/2020, luego del 20 de mayo tiene que ver con la imposibilidad de que la suba de costos que se está dando en todos los sectores pueda ser absorbida por las empresas, debido a la pérdida de rentabilidad sistemática que se remonta a casi dos años de recesión y a la caída de competitividad y productividad que sufre casi todo el sector industrial.

En principio, el congelamiento tuvo como objetivo erradicar la especulación en las remarcaciones a partir de retrotraer los precios a los vigentes al 6 de marzo pasado para una lista de 2.100 artículos y que ahora funciona como precio máximo para cada producto en un universo de 50 categorías de alimentación, bebida, artículos de limpieza y medicamentos.

Según la norma, todos los productos de la canasta básica no pueden ser modificados casi hasta fines del mes próximo, ni siquiera si se producen incrementos en los diferentes costos que también forman parte de la cadena de producción, distribución y de comercialización.

Pero una serie de factores que forman parte de los precios y que en los últimos días comenzaron a moverse hacia arriba dispararon el alerta entre los productores y la cadena de comercialización.

Más que nada, por la fuerte disparada del dólar, que roza los $120, así como subas en varios de varios insumos y los aumentos salariales negociados en paritarias que empiezan a repercutir desde este mes, le pusieron presión a esta normativa.

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Desde grandes empresas, a medianas y pequeñas empiezan a mostrar descontento por la prolongación de este congelamiento y anticipan la posibilidad de desabastecimiento de aquellos productos que empiecen a mostrar rentabilidad cero.

"Nosotros no los vamos a ofrecer y los supermercados no los van a vender más", explican desde una de las grandes fabricantes de alimentos de la Argentina en referencia a las razones por las cuales podrá haber faltante de algunos productos en las góndolas.

De hecho, las filiales locales de grupos norteamericanos fueron las primeras en criticar este sistema de precios congelados a través de una carta enviada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham), a Español.

En esa misiva, firmada por Alejandro Díaz, CEO de esta organización empresarial, se le pedía al Gobierno la no extensión del sistema al advertir que "resulta prácticamente imposible mantener el normal abastecimiento de los productos esenciales a los precios vigentes al 6 de marzo".

Los argumentos que esgrimen los empresarios norteamericanos incluyen el escenario de inflación mensual, que ronda el 2,5% promedio, una devaluación constante y aumentos generalizados de costos, mayormente provocados por la escasez de insumos, ya sea por limitaciones en su transporte, restricciones a la importación o imposibilidad parcial o total para producirlos.

También la cámara Bodegas de Argentina emitió un comunicado pidiendo al ministro Kulfas que "revea el congelamiento de precios luego del 20 de abril dando libertad a las bodegas para fijar precios libremente a los vinos embotellados".

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Del mismo modo, el sector aceitero admite haber pedido una revisión de la medida mediante una carta enviada a los funcionarios por la Cámara Industrial Aceitera (CIARA), desde la cual se asegura que los costos aumentaron pero que no hubo traslados a precios.

Por ello, tanto Ciara como la Unión de Industriales Fideeros (Uifra) plantean la necesidad de ir ajustando parcialmente los precios máximos, así como también actualizar los productos de Precios Cuidados o reemplazarlos por otros, ya que "están operando a pérdida".

En estos sectores se explica que el 70% del costo de los aceites envasados se encuentra en la materia prima. A modo de ejemplo, explican que el aceite crudo de girasol aumentó de $38,4 la tonelada a $ 43,5, es decir, un 13,3%. Adicionalmente, la paritaria nacional aceitera está por cerrarse de manera inminente, mientras que el resto de los costos de aceite envasado sigue al aumento del dólar, que en lo que va del año ya registra un incremento del 10,1%".

Los empresarios aseguran que, tanto por el congelamiento compulsivo como por la propia caída en las ventas generada por el aislamiento social obligatorio, no se están registrando movimientos en los precios, mientras que los costos han tenido importantes retoques.

Por eso cuestionan la política de precios máximos y especulan con que será una herramienta que el Gobierno usará durante lo que resta del año, a pesar de que fue desarrollada para ser aplicada durante los tiempos de cuarentena.

"Las subas de costos le ponen mucha presión a este tema que ya se convirtió en un gran problema para las empresas", reconoce otro importante ejecutivo del sector supermercadista.

Pedido para remarcar

En ninguno de los niveles de la cadena del sector de consumo masivo se observan subas. Ni en la producción, ni en la distribución y mucho menos en la comercialización, agregan los hombres de negocios consultados por iProfesional. Todos concuerdan con que los precios actuales son los mismos que se registraban el 6 de marzo pasado, tal como obliga el Gobierno.

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Reconocen que hubo excepciones, pero aclaran que los establecimientos que no venían cumpliendo con la norma fueron identificados por los inspectores de la AFIP y tuvieron las sanciones que marca la norma. En especial, varios mayoristas de las cadenas Diarco y Maxiconsumo que fueron clausurados por algunas horas hasta que modificaron sus valores.

Sin embargo, para los empresarios no se trata de movimientos especulativos de algunos sectores que buscan aprovechar las necesidades de la sociedad en el marco de la complicada situación sanitaria que atraviesa el país por la pandemia del Covid-19.

Consideran que existe "necesidad" de retocar precios para evitar que los sectores que ya venían siendo afectados por la recesión profundicen todavía más sus problemas a partir de una obligación oficial que, según los empresarios, no toma en cuenta la realidad por la que atraviesan.

Dólar, materias primas y salarios son los tres factores de mayor peso para los hombres de negocios. La moneda norteamericana, que viene subiendo de manera sostenida en el último mes, forma parte de la cadena de costos de una gran cantidad de productos, al igual que los movimientos en algunos insumos básicos.

El tema salarial también comienza a ser tenido en cuenta por las empresas, en el marco de aumentos ya pactados por negociaciones paritarias que comienzan a impactar a partir de abril más allá de las suspensiones o reducciones de salarios que muchos sectores pactaron con los gremios para evitar despidos mientras se mantengan las medidas restrictivas tomadas para combatir el virus.

"No es lógico pensar que los precios puedan seguir así, en un país donde la inflación sigue siendo un problema a pesar de tener toda la economía paralizada por el coronavirus", aclaran desde un fabricante de bebidas, donde se advierte además que el congelamiento no se puede sostener más allá de mayo.

"Se puede entender en un período temporal de crisis, pero no como política de mediano y largo plazo como parece que quiere adoptar el Gobierno", denuncian desde otro importante grupo del sector de alimentos.

De hecho, entre estas empresas rechazan una denuncia de un grupo de supermercados del interior sobre supuestos aumentos de precios y un anticipo de que esas cadenas van a rechaza mercaderías de sus proveedores cuando lleguen con subas por encima de los precios máximos que fijó el gobierno el 20 de marzo pasado.

En los últimos días circuló una carta firmada por representantes de la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) que fue dirigida a proveedores de alimentos y otros productos.

En el texto, los supermercadistas anticipan que no aceptarán "aumentos de precios de sus productos, o cambios de las condiciones de venta que les signifiquen mayores costos".