La Legislatura es el nuevo ámbito en el que podría resolverse el conflicto por la toma de tierras más emblemática de la ciudad: Barrio Obrero. Aunque el proyecto que se debatirá en el parlamento rionegrino, no permitirá dejar atrás las diferencias, ya que se propuso un plan de expropiación que el dueño de las tierras resiste con firmeza. Carlos Romero pidió a los legisladores que escuchen sus argumentos y denunció ser “coaccionado” a vender por el Estado, la Justicia y las familias que ocuparon las parcelas.El año pasado, legisladores de distintos bloques se reunieron con los referentes del asentamiento y presentaron un proyecto formal para declarar de utilidad pública, sujetas a expropiación las tierras en disputa. La propuesta contempla la crítica situación de acceso a la tierra en distintas ciudades de la provincia, entre ellas Cipolletti, y sostiene que “previo a concretar estos asentamientos, las personas han intentado acceder a sus derechos. Sin embargo, no se ha contemplado la situación socioeconómica de esas familias, obligando con esta imprevisión a la única salida que ha sido la ocupación de hecho” y que “los planes de vivienda que se ejecutan alcanzan a cubrir la demanda existente”.Sin embargo, Romero cuestionó que la vía elegida sea la expropiación. “Se nos está coaccionando a venderles a aquellos que les compraron a los ladrones de nuestra tierra, nos dicen que es un mal menor pero nuestros hijos y nietos no tienen un terreno para edificar sus casas gracias a la negativa del Estado a urbanizar legalmente y sí aceptan una urbanización ilegal de usurpadores”, se quejó el vecino, quien ya ganó un juicio civil que lo legitimó como el poseedor legal de la tierra. Romero insistió ayer en una “venta consensuada” y reclamó que la Legislatura escuche su posición, advirtiendo que se sentaría un “precedente malicioso para que de aquí en más se produzcan más tomas y quedarán amparadas las que están y quienes vendrán a exigir que el Estado les regale las tierras”.Tras la polémica por la tasación de las parcelas, Romero y los vecinos no volvieron a debatir seriamente un proceso de venta y en la toma esperan el desenlace de la discusión legislativa, que podría derivar en la expropiación, su viejo plan para regularizar su situación.