Hace diez días Emilio Monzó y Nicolás Massot se reunieron con Miguel Pichetto. El presidente de la Cámara de Diputados y el jefe del bloque del PRO tantearon la disposición del patrón peronista del Senado a retomar el acuerdo para remover a la procuradora general ultra K Alejandra Gils Carbó. La operación se había frustrado el año pasado por una intervención inesperada de Elisa Carrió, que tiró abajo a último momento lo que habían construido el oficialismo y la oposición no kirchnerista. Carrió teme que el control político de los fiscales pase de manos de Cristina a las del peronismo de Pichetto y de Sergio Massa, que puso a Graciela Camaño al frente de la comisión bicameral que debe monitorear a la Procuración.

Pichetto les dijo que lo veía muy difícil, que no estaba seguro de reunir ahora a la mayoría de su bloque detrás de ese emprendimiento, en pleno año electoral y con el Gobierno enfrentando tiempos de alta conflictividad. Monzó y Massot escucharon la respuesta que imaginaban recibir. Y dijeron lo fueron a decir: que el oficialismo iba a seguir adelante porque era una decisión personal y directa de Mauricio Macri.

La ofensiva sobre Gils Carbó, jefa del grupo táctico que Cristina sembró en los tribunales antes de salir del poder por la puerta de atrás sin entregar sus atributos, es una de las facetas de la pelea sorda y brutal que se despliega en la Justicia. Su contracara es la acción de los fiscales que responden a la Procuradora, que hacen llover un diluvio de imputaciones sobre el Presidente y varios de sus ministros, actuando con eficaz automatismo una vez que los denuncian diputados y dirigentes del Frente para la Victoria.

Hay un telón de fondo que impregna y explica todo. El jueves Cristina fue enviada a juicio oral por las maniobras multimillonarias con el dólar futuro. Por primera vez quedó de cara a una eventual condena, aunque esa hipótesis hoy parece de cumplimiento improbable. El juez de esa causa es Claudio Bonadio, que en otro expediente se aproxima a procesar a la ex Presidenta por asociación ilícita y lavado de dinero, los más graves de entre varios cargos. Seria su tercer procesamiento, esta vez por el caso de la empresa familiar Los Sauces, donde también están involucrados Máximo y Florencia Kirchner; además de los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, quien dentro de diez días cumplirá un año detenido.

Hace hoy dos semanas, desconocidos vandalizaron el frente del estudio de grabación que el hijo del juez tiene en el barrio porteño de Villa Ortúzar, pintando consignas intimidatorias y símbolos peronistas. Así se cocina el guiso de este tiempo.

Todo se junta. El fiscal del caso Los Sauces es Carlos Rívolo. También tiene la causa Hotesur, denuncia original por los negocios turbios de la familia Kirchner. Y fue quien en 2012 investigó al entonces vicepresidente Amado Boudou por el escándalo Ciccone, la fábrica de billetes. A fines del año pasado Rívolo declaró que desde la llegada de Macri al poder “hay más libertad para investigar”. También opinó sobre Gils Carbó: dijo que era “un error la militancia en la Justicia”, pero sostuvo que si querían desplazarla “el camino no es el decreto ni el juicio político". Vueltas de la vida: hoy Rívolo puede tener en sus manos la llave para abrirle a Gils Carbó la puerta de salida.

El jueves, el fiscal pidió investigar a su jefa por los delitos de cohecho (coimas) y negociaciones incompatibles con la función pública. Es por su intervención en la compra de un edificio para la Procuración. Se sospecha que la operación fue direccionada de modo de favorecer a una empresa vinculada a Héctor Alonso, su ex esposo. Esa firma cobró una comisión de 8 millones de pesos, cinco veces más de lo que se estila en estos casos. La causa recayó en el juez Julián Ercolini, quien la puso bajo secreto de sumario. Ercolini es, además de Bonadio, el otro juez que procesó a Cristina. Lo hizo por asociación ilícita, acusándola de “saquear al Estado” con las concesiones de obra pública a su amigo Lázaro Báez.

“Esto se destraba si Gils Carbó se cae desde la Justicia, porque en el Congreso no hay modo de avanzar en el corto plazo”, explican los operadores del oficialismo. Un llamado a indagatoria de la Procuradora podría cambiarles la ecuación desfavorable de estos días. Estiman que la remoción nunca se podría producir antes de las elecciones de octubre. Pero sueñan con que una comprobación de acciones ilegales en la compra de ese edificio opere como efecto similar al de los bolsos con 9 millones de dólares que José López, cajero kirchnerista desde la secretaría de Obras Públicas, intentó ocultar en el convento de General Rodríguez.

Mientras tanto, el equipo de fiscales, legisladores, magistrados, operadores judiciales y abogados que forman el escudo protector de Cristina trabaja a tiempo completo para embarrarle el terreno al Gobierno. No lo hacen mal, por cierto. Su objetivo es colaborar con el capítulo de la estrategia desestabilizadora ultra K, que pretende simular que la corrupción flagrante de doce años puede emparejarse con una docena de pedidos de investigación a los actuales funcionarios.

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Gils Carbó colocó fiscales adjuntos al lado de fiscales estratégicos que no son de su plena confianza. Alguien tiene que firmar las cosas que haya que firmar.

Un nexo entre Cristina y ese grupo táctico es Juan Martín Mena, ex funcionario del Ministerio de Justicia y segundo de Oscar Parrilli en la agencia de inteligencia. Otra pieza notoria es el diputado denunciante Rodolfo Tailhade, ex titular de la Inspección General de Justicia, cuadro de La Cámpora y funcionario de la SIDE antes de prestar servicio en el Congreso.

La punta de lanza la integran los fiscales federales Franco Picardi, Paloma Ochoa y Juan Pedro Zoni, soldados de Gils Carbó. Zoni pidió investigar al Presidente por el caso de la deuda del Correo –propiedad del Grupo Macri- con el Estado. Y también dictaminó que otro compañero del batallón, el ex fiscal antilavado Pablo Gonella, no había cometido delito al no impulsar una causa que investigaba a Lázaro Báez. Picardi, que fue funcionario de Justicia y operador en Tribunales, imputó al ministro de Cultura, Pablo Avelluto, por contrataciones para la reciente feria de arte ARCO en Madrid. También estaba acusada la primera dama Juliana Awada, pero el fiscal la dejó por ahora al margen de su pedido de investigación.

Según el Gobierno, hay que poner en esa lista a Jorge Di Lello, un peronista histórico que imputó a Macri y al ministro Guillermo Dietrich por el otorgamiento de rutas aéreas a Avianca, el mismo día que el Presidente daba su discurso anual ante el Congreso. Di Lello, fiscal de larga trayectoria, también imputó al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, por un supuesto negociado con la empresa de pasajes de bajo costo Fly Bondi.

En el poder es mirado con recelo al fiscal Federico Delgado, casi un anarquista que le tira a todo lo que se mueve, y que ahora está empeñado en evitar que se cierre la causa contra el jefe de los espías, Gustavo Arribas. Le está buscando lazos con las coimas del gigante brasileño Odebrecht en el país, aunque la empresa y la Unidad Antilavado lo hayan desligado del caso. El mismo fiscal lleva el caso Panamá Papers, que involucra al Presidente sin que después de un año hayan aparecido pruebas concretas en su contra. El juez de esa causa es Sebastián Casanello, quien según una escucha telefónica a Parrilli había reclamado que lo tapen de pedidos de prueba para poder mantener a Macri en la ganchera.

La cuestión es que Macri está imputado en cinco causas. El ministro de Justicia Germán Garavano ha dicho que conoce “a varios jueces de Comodoro Py que no pueden justificar su patrimonio”. El oficialismo espera consolidar pronto un avance en el Consejo de la Magistratura para salir de la tibieza y la inoperancia apurando el enjuiciamiento de magistrados como el camarista Eduardo Freiler y quizás un par de jueces federales. Varios jueces, ahora que ven al kirchnerismo recuperando algo de musculatura, parecen haber bajado dos cambios y esperan que las urnas aclaren cómo quedarán repartidas las cargas políticas. Lo de siempre.

Gils Carbó resiste y contraataca. Puso fiscales adjuntos al lado de fiscales estratégicos que no son de su plena confianza: alguien tiene que firmar las cosas que haya que firmar. El Gobierno quiere instalar la discusión sobre su juicio político para generar un estado de opinión que pueda ser potenciado por el caso judicial que la involucra. Es una carrera contra reloj hasta la elección de octubre.

Mientras tanto, la confusión está clarísima.