La pelea por recursos de la soja se trasladó a la provincia

La perspectiva de una buena campaña reaviva el debate por los ingresos.
La Legislatura había aprobado la distribución del Fondo Soja en partes iguales. El veto del PE al presupuesto y reforma fiscal vuelve a un reparto del 70 % para la Casa Gris y del 30 % para los distritos.

Un informe emitido en la víspera del Mercado a Término de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para la campaña 2009/10 estima en 52 millones de toneladas la cosecha de soja, de mantenerse las condiciones climáticas para el cultivo.

Dada esta previsión, coincidente con la de otros organismos técnicos, y de continuar vigente este año el decreto nacional Nº 2006/9, que crea el Fondo Federal Solidario -llamado Fondo Soja-, se convertirá en una interesante fuente de recursos para las provincias.

Cabe recordar que en pleno conflicto entre el gobierno nacional con el campo, por un lado, y con las provincias, por el otro, a propósito de derechos de exportación, que no son coparticipables, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió la creación de este Fondo y dispuso que fuera constituido "por el 30 % de las sumas que el Estado nacional efectivamente percibió por los derechos de exportación de esta oleaginosa". Además, que la distribución a las jurisdicciones provinciales que hubieran adherido (Santa Fe lo hizo mediante el decreto Nº 486/09) se efectúe en forma automática vía el Banco de la Nación Argentina.

La norma nacional establece, asimismo, que las provincias deben repartir entre los municipios no menos del 30 % de lo que reciben. Es decir, la Nación fijó un piso de distribución, aunque no un techo y dispuso que esos dineros se orienten a "obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial, en ámbitos urbanos o rurales", con expresa prohibición "de utilizar las sumas que lo componen para el financiamiento de gastos corrientes".

El criterio de la Casa Gris

En el 2009, el gobierno provincial mantuvo para sí el 70 % de las partidas que recibía y distribuyó el restante 30 % entre municipios y comunas, según la metodología empleada para el reparto de la coparticipación secundaria.

Este criterio de la Casa Gris originó recelos en los municipios y comunas. En orden a la verdad, tanto el gobierno provincial como los municipios quieren el manejo propio de las partidas de este Fondo.

En el marco del presupuesto 2010 y reforma fiscal sancionado por la Legislatura a fines de 2009, se estableció que la distribución del Fondo Soja entre la provincia y municipios y comunas fuera en partes iguales.

En desacuerdo con las reformas introducidas por el Senado al proyecto ómnibus, el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura un veto parcial a doce puntos a la ley presupuestaria, entre ellos el reparto del Fondo Soja, volviendo la distribución al 70 y 30% como lo venía haciendo. Este veto debe ser tratado por las cámaras legislativas.

Los distritos productores volvieron a expresarse. Osvaldo Salomón, presidente de la comuna de Chabás, por ejemplo, indicó que sobre 28 millones de pesos aportados por la soja producida en su territorio, recibió sólo 158.159 pesos. Según datos oficiales, entre abril y noviembre de 2009, la provincia percibió 226. 911.000 por el Fondo Soja.

Una explicación

En las anunciadas perspectivas de una buena cosecha, la disposición de las partidas provenientes del Fondo Soja se han convertido en un pequeño "botín de guerra".

¿Por qué la provincia distribuye sólo el 30 % cuando reclama para sí otro tratamiento de la Nación en tributos como el Impuesto al Cheque?, es la pregunta.

En la Casa Gris se explica que el Fondo Soja no puede utilizarse para enjugar gastos corrientes. En tal sentido, se indica que en las reuniones de consultas sobre el proyecto de reforma fiscal que remitió el Poder Ejecutivo a las Cámaras Legislativas, juntamente con el presupuesto, algunos intendentes le hicieron saber al gobernador Hermes Binner que necesitaban estas partidas para hacer frente a las erogaciones en sus administraciones, es decir, para gastos corrientes.

Según el ministro de Economía, Ángel Sciara, la Nación está responsabilizando a los gobiernos provinciales del cumplimiento estricto tanto de los objetivos del Fondo Soja fijados en el decreto de creación como de la remisión de toda la documentación que certifica la realización de las obras.

Cuestión mayor

En el trasfondo existe una ineludible cuestión política: quién maneja los recursos y quién determina las obras, sobre todo cuando se trata de gobiernos con signos partidarios distintos. También los intendentes buscan sacar rédito político de su gestión y plantea actitudes dispares por parte de la Casa Gris.

Las autoridades de Economía niegan que haya discrecionalidad en la disposición de obras con la porción del 70 % con que se queda el gobierno y se defiende la potestad del Ejecutivo para llevar adelante su plan de realizaciones conforme a las necesidades detectadas. Sciara ejemplificó que "80 centros de salud se están construyendo con partidas provenientes del Fondo Soja".

La cuestión reside en que exista coincidencia entre el interés comunitario y el de la Casa Gris, y es inocultable la presión de los intendentes sobre los legisladores por una distribución más equitativa de los recursos nacionales.

El debate, seguramente, se potenciará ante la perspectiva de una mejor cosecha, que implicará en su momento más llegada de dinero. La otra cuestión a observar es si, ante el mismo hecho, la Nación mantiene la vigencia de este decreto 2006 y su decreto reglamentario.

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