La pelea política se extiende y amenaza seguir después de junio

Por: Eduardo Van der Kooy

Empiezan a abundar los indicios acerca de que la pelea política en la Argentina difícilmente decline después del 28 de junio. Las legislativas parecen a esta altura, por las conductas del Gobierno y de la oposición, sólo como una escala inevitable hacia las presidenciales del 2011. Se avecinarían entonces, más allá de los resultados, un par de años incómodos para cualquier intento de encaminar la economía.

Aquella pelea se desarrolla en todos los campos. En el político y en el judicial. Muchas veces no se distinguen adecuadamente las fronteras entre uno y otro.

El juez Manuel Blanco le ha colocado una pizca de suspenso a la convalidación de las candidaturas testimoniales en Buenos Aires que, en gran medida, han servido para exacerbar el clima de la campaña. Pero el suspenso no implicaría sorpresa: ¿Alguien supone que Néstor Kirchner y Daniel Scioli podrían ser vetados como candidatos oficiales? Si así fuera, ninguno de los dos representaría el poder fáctico que todavía, en verdad, representan. Si así fuera, un vuelco poderoso aunque imperceptible habría sucedido de la noche a la mañana en la Argentina.

Kirchner no fue objetado por su carácter testimonial sino por un supuesto incumplimiento en los plazos legales de residencia en Buenos Aires que le podrían impedir ser candidato. El radicalismo, en su presentación ante la Justicia, señaló que el ex presidente había fijado domicilio en Santa Cruz para una actividad privada el 21 de diciembre del 2007. Es decir, le faltarían 11 días para satisfacer la norma.

Scioli se preocupó por declarar ambigüedades sobre si continuará como gobernador o renunciará en diciembre para asumir la banca. El país sabe que Scioli persigue el proyecto presidencial y que su poltrona en La Plata vale, para ese objetivo, bastante más que un asiento en el Congreso. El gobernador cubrió las formas para darle espacio al inminente veredicto del juez.

Quizás escarbando en Buenos Aires también la oposición exhiba alguna candidatura que, al final, no será tal. Pero nada hace pensar que Kirchner pueda ser objetado ahora por la Justicia a raíz del tiempo de residencia en Olivos.

Hay otros papeles que, de ser extremadamente rigurosos, tampoco estarían en orden. Marta Velarde es la quinta candidata de la unión entre la Coalición Civica y la UCR en Capital. Fue la mayor parte de su vida legisladora peronista por Santiago del Estero e, incluso, convencional de la reforma constitucional de 1994.

Formó parte del bloque de diputados del Frente para la Victoria hasta el año pasado, cuando el conflicto con el campo comenzó a desmembrar al peronismo. Emigró del FPV luego de votar en contra de la resolución 125 sobre retenciones móviles. En el 2008 estableció su domicilio en Capital y después de junio aspira a convertirse en legisladora porteña.

Kirchner no pensó jamás en la estética legal ni en la ética pública cuando pergeñó las candidaturas testimoniales. Pensó, sobre todo, en la posibilidad de cosechar votos en el distrito que determinará cuánto capital político conserva para continuar incidiendo en las decisiones peronistas. De ese capital dependerá, sobre todo, la estabilidad del Gobierno de Cristina.

El ex presidente conoció de antemano que los intendentes bonaerenses podían tentarse con el doble juego en un PJ que tiene dos ofertas en la provincia. Incluso existieron conversaciones, hasta el cierre de las listas, entre cuatro intendentes (uno de ellos del segundo cordón) y el PJ que representan Francisco De Narváez y Felipe Solá. Pero el alineamiento de la mayoría de aquellos con la estrategia oficial dejó a los disidentes un poco huérfanos.

La réplica llegó rápido, aunque esa réplica poca relación tenga con la compostura política. El kirchnerismo, en ese sentido, ha resultado abanderado estos años. Los disidentes alientan ahora la idea en las zonas más nutridas del conurbano sobre la posibilidad de un corte de boleta. Que Kirchner y Scioli sean apartados pero que pueda preservarse el poder territorial de los intendentes.

El gobernador de Buenos Aires fue el primero en advertir esos movimientos. La guardia kirchnerista permanece alerta.

Quizá, con motivo de ese alerta, recrudezcan algunos episodios que han sembrado de ciertas sombras la campaña. Nada hace suponer que la denuncia que molesta a De Narváez vaya a extinguirse antes del 28 de junio. Se trata de las llamadas que un empleado suyo habría hecho desde un teléfono celular a un detenido por el tráfico de efedrina.

Algo similar le sucedió a Enrique Olivera, ahora en la Coalición Cívica, cuando se postuló para la Intendencia porteña. Sólo cuando concluyó esa elección se supo que la acusación sobre un hipotético dinero suyo en una cuenta en el exterior constituía una mentira.

En la elección del 2007 que consagró a Cristina presidenta con 23 puntos de ventaja sobre la oposición abundaron las denuncias sobre irregularidades. Aún hoy, en medio de la campaña, muchos dirigentes opositores aluden a un supuesto fraude.

Las estadísticas indican que en aquel momento hubo 485 denuncias, el 85% radicadas en Buenos Aires. La inmensa mayoría de esas denuncias señalaron la ausencia de boletas de la oposición en los cuartos oscuros.

Si aquella elección con una victoria rotunda dejó ese lastre, habrá que empezar a imaginarse el vendaval político que sobrevendrá después de una votación que asoma más equilibrada y con un final todavía incierto.

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