La pelea por los millones del juego

Luego de la alerta que dio la Iglesia, se vislumbra una lucha sin cuartel entre empresas monopólicas, vinculadas al poder político, por la reconfiguración del negocio del juego en la Provincia. Una de las principales peleas es en La Plata, donde hay presiones del diario El Día para favorecer a una fundación que pertenece a su director, Raúl Kraiselburd

Luego de la alerta que dio la Iglesia, se vislumbra una lucha sin cuartel entre empresas monopólicas, vinculadas al poder político, por la reconfiguración del negocio del juego en la Provincia. Una de las principales peleas es en La Plata, donde hay presiones del diario El Día para favorecer a una fundación que pertenece a su director, Raúl Kraiselburd

La advertencia de la Iglesia acerca de las serias consecuencias sociales que puede acarrear el desarrollo del juego, en especial las máquinas tragamonedas, puso en alerta a gran parte de la clase política bonaerense y porteña. Provocó que en la Provincia se abriera una instancia de diálogo entre los funcionarios y las autoridades eclesiásticas para definir un nuevo marco regulatorio de la actividad.

Pero, detrás de esta situación, se esconde una lucha sin cuartel entre distintos empresarios ante la posibilidad de que se sumen nuevos actores al sistema, y otros queden relegados. En ese sentido, hay algunos sectores que temen perder sus privilegios, que fueron adquiridos a comienzos de la década pasada, en pleno auge de la fiesta menemista, cuando un puñado de empresas vinculadas al juego se expandieron en todo el país.

Se trata de un negocio fabuloso ya que sólo en la Provincia hay 46 bingos, donde funcionan unas 13 mil maquinitas que dejan utilidades de entre 1.300 y 1.400 millones de pesos anuales, y que le permite recaudar a la Provincia unos

$ 500 millones.

En ese contexto, una compañía periodística de La Plata comenzó a hacer lobby y a meter presión ante la posibilidad de que esa firma sea apartada del control que tiene sobre el Bingo de la capital bonaerense, donde funcionan numerosas máquinas tragamonedas que mueven millones. Tal como informó Hoy en octubre pasado, estaría avanzado un proyecto para trasladar esas maquinitas al hipódromo de La Plata, lo que implicaría que el negocio pase a ser controlado por otro grupo empresario (podría ser el de los empresarios Blaquier y Glasman, que actualmente regentean el bingo de Pilar), que se quedaría con la licencia hasta el año 2021.

Actualmente, la concesión del Bingo platense, a través de la empresa Codere, es explotada por la Fundación Florencio Pérez, de Raúl Kraiselburd (director del diario El Día y socio de Codere), la Fundación Estadio Ciudad de La Plata y la Cooperadora del hospital Sbarra (ex casa Cuna).

A excepción de la ex Casa Cuna, las otras dos entidades prácticamente no realizan actividades sociales, requisito indispensable que exige la normativa vigente para recibir los fondos del bingo. Esto hace que instituciones sin fines de lucro de reconocida labor social en la región, como es la Fundación del padre Cajade o el Hogar del Niño Esperanza de Ana Mon, estén excluidas del sistema y no reciban un solo centavo de la actividad lúdica.

Además, la fundación Florencio Pérez está siendo investigada por la Justicia desde hace tiempo. Esta entidad fue creada unos pocos meses antes de asumir la explotación del bingo y ni siquiera tiene sede propia: funciona en diagonal 80

nº 847, lugar donde existe el periódico platense que es dirigido por Kraiselburd. En la causa, que es tramitada en la fiscalía de Delitos Complejos de La Plata, se sospecha que, entre otras irregularidades, la Fundación Florencio Pérez ni siquiera cumplió con el objeto social propuesto: la rehabilitación de drogadependientes, pese a lo cual siguió recibiendo el dinero del bingo.

La intención de cambiar de manos el manejo de máquinas tragamonedas generó que los actuales beneficiarios del bingo comenzaran una campaña mediática, a través del mencionado diario, cuando durante los más de 18 años que manejaron el negocio no se publicó una sola línea sobre las graves consecuencias sociales que trae aparejada la actividad lúdica.

“Conociendo a Codere es muy difícil que se quede con los brazos cruzados, y van a intentar hacer valer sus lealtades de algunos dirigentes políticos bonaerenses en la Legislatura”, le dijo a Hoy un legislador provincial que conoce en detalle los entramados del negocio del juego.

La advertencia de la Iglesia, especialmente a través de las palabras del obispo Jorge Casaretto, pusieron el drama del juego en un primer plano, en momentos en que se está definiendo un nuevo marco normativo en la Provincia.

Ocurre que la posibilidad de que el empresario K, Cristóbal López, desembarque en la Provincia generó un fuerte cimbronazo. Pese a que en un primer momento se comentaba que el dueño del

Casino Flotante y el proveedor de las

maquinitas tragamonedas del hipódromo de Palermo podría llegar a La Plata,

ahora estaría apuntando sus cañones al hipódromo de San Isidro, una de las ciudades con mayor poder adquisitivo de la Provincia y donde funciona el Arzobispado que preside Casaretto. Otra posibilidad es que Cristóbal desembarque en Vicente López.

También existirían presiones de importantes referentes de la industria hípica para avanzar con la instalación de las tragamonedas. Y el argumento es que la actividad está en crisis y que el centro hípico de San Isidro está compitiendo en desventaja con el hipódromo de Palermo. Pero para que este proyecto avance, se requiere reformar una ley que data de los años 90, que prohibe el funcionamiento de maquinitas en agencias hípicas.

Además, hay otro escollo legal que algunas actuales licenciatarias como Codere y Boldt (controla el casino de Tigre) están esgrimiendo como defensa: existe una ley, sancionada durante la gobernación de Eduardo Duhalde, que le otorga a cada sala un monopolio que abarca 150 kilómetros a la redonda.

Los actores del negocio

El grupo Boldt: nació como una imprenta de billetes y cheques, y de la mano del empresario Antonio Tabanelli se convirtió en uno de los principales operadores del negocio del juego en el país. Es accionista de Trillenium (controla la mitad del casino de Tigre) y tiene contratos de servicios con Lotería Nacional y el Instituto de Casinos de la Provincia. También tiene la concesión del Casino Santa Fe, ubicado en el puerto de la capital provincial. También tendría intenciones de quedarse con el negocio de las apuestas on line en la Provincia.

A su vez, Boldt es la encargada de un negocio, también millonario, que es el servicio de procesar todas las operaciones de juego realizadas por los apostadores en las terminales de Lotería Nacional (Loto, Prode, Turfito, Lotería, Quini 6, Quiniela, Poceada y Loto 5).

Codere: fue fundada en 1980 por los hermanos Franco, propietarios del Grupo de Recreativos Franco, y la familia Martínez Sampedro. En 1990, dio el salto internacional: Argentina, México, Venezuela, República Dominicana, Chile e Italia. Es uno de los grupos del juego con mayor presencia en la provincia de Buenos Aires, con un total de 14 salas en funcionamiento y más de 4.500 tragamonedas. Esta firma se ha visto involucrada en varios escándalos. Por ejemplo, en 2004, el líder del Grupo Royal, Carlos Vázquez Loureda, denunció penalmente a

directivos del Grupo Codere por haber realizado una serie de maniobras delictivas: afirmó que Codere se infiltró, a través de ese acuerdo engañoso, en el Grupo Royal y comenzaron a sabotearlo internamente para obtener ventajas económicas. Luego, Codere terminó comprando al Grupo Royal.

Codere regentea el bingo de La Plata y es socia de Raúl Kraiselburd, director del diario El Día.

Cirsa: es un grupo multinacional con predominio de capitales españoles, fundado y dirigido por el catalán Manuel Lao desde hace treinta años, conformado por 225 empresas, 12 mil empleados y con presencia en 70 países del mundo que, con 13 casinos (4 en España, 9 en el resto del mundo) y 83 bingos, conforman uno de los holdings empresarios más importantes en el negocio de los juegos de azar. Con respecto a su presencia en la Argentina, Cirsa arrancó de manera escandalosa en los últimos meses de 1999, en medio del turbulento y corrupto final de la época del menemismo, cuando se quedó con la sospechada concesión de la lotería “La Solidaria” -negocio que aún mantiene en un 50 por ciento- y con el fabuloso negocio del primer barco casino instalado en Puerto Madero (“Estrella de la Fortuna”), al que años después sumó una segunda nave (el “Princess”). Además, actualmente es propietaria de un casino en Mendoza, y del 70 por ciento del Casino Las Nubes, en Salta. Luego de las presiones que sufrió la empresa ante la detención de Manuel Lao y los violentos conflictos con sindicatos en los casinos flotantes, tuvieron que compartir la concesión del negocio de ambos barcos en partes iguales con su más feroz competidor, el empresario K Cristóbal López.

Casino Club: es dirigida por Cristóbal López. Es socio en la administración del Casino flotante de Puerto Madero con CIRSA. Y controla las máquinas tragamonedas que funcionan en el hipódromo de Palermo, además de otros 17 casinos y bingos en todo el país. Es un empresario muy cercano al kirchnernismo. Incluso, Kirchner, cuando era presidente, le habilitó -a través de un decreto- la ampliación del parque de maquinitas en Palermo.

López suele socorrer al kirchnerismo hasta en su logística menor: desde el traslado de militantes al alquiler de oficinas. Conduce la ascendente petrolera Oil M&S y, entre otros pasatiempos, los casinos de Palermo, Río Gallegos, El Calafate, Comodoro Rivadavia, Rosario, Santa Rosa, Mendoza, Misiones, Tucumán y La Rioja. Pero aún no ha logrado penetrar en territorio bonaerense. Tiene una de las fortunas más importantes de la Argentina.

Juegos de azar y bien común

Por Monseñor Antonio Marino

Especial para Hoy

Ante la proliferación de los juegos de azar, la Iglesia ha mantenido una postura constante. Cuando el juego, donde se hacen apuestas por dinero, excede el marco del entretenimiento familiar y se legaliza, el poder político puede volverse cómplice de un grave desorden moral.

¿Se puede ignorar el efecto devastador que puede tener el juego por dinero sobre los individuos y las familias? ¿Quién no ha oído hablar o no conoce ejemplos de familias de buen pasar que han sido llevadas a la ruina por la adicción al juego de uno de sus miembros? Desde hace un tiempo nos hemos familiarizado con la palabra “ludopatía”, que indica una dolorosa realidad:

se trata de la adicción compulsiva al juego, que puede ser tan dañina y destructora

como la drogadicción, el alcoholismo o el tabaquismo.

¿Es coherente hacer campaña pública de salud contra el tabaco, poner cada vez mayores restricciones a los fumadores, para proteger a los no fumadores, y por otra parte fomentar el juego de azar, permitiendo la multiplicación de tragamonedas permitidas?

La diferencia está en que ahora, en tiempos de crisis económica, cuando las cuentas no cierran tan bien, se espera recaudar una importante suma de dinero de esta proliferación del juego. El Estado aumentaría en forma significativa sus ingresos que, a su vez, le servirían, según se dice, para invertir en obras públicas. No ponemos en duda las intenciones, pero la pregunta obvia que nos hacemos es si consideramos que para lograr un fin bueno (supuesto que el dinero no sufra desvíos) podemos echar mano de cualquier recurso. Nosotros consideramos que este medio está reñido con la moral y que, de concretarse la medida, el Estado estaría brindando un mal ejemplo al resto de la sociedad.

El problema en toda su complejidad debería ser más ampliamente debatido. La incorporación de otras perspectivas podría aportar mayor luz en este problema. Nosotros tenemos la convicción de que éste no puede ser el camino para solucionar el problema de los hospitales públicos. No se trata de frenar medidas a favor del bien común, sino al contrario, de defender el bien común de la sociedad desde premisas de objetividad.

(*) Obispo auxiliar de La Plata.

La Coalicion Civica en guardia

El doble juego de Solá

Aunque reconoció que Néstor Kirchner le dijo “no te metas con el juego”, el ex gobernador desestimó una presión objetiva. Sin embargo, prorrogó licencias de bingos y ahora lo investigan

Uno de los que sorprendió, días atrás, fue el ex gobernador Felipe Solá cuando reconoció, en una entrevista a un medio porteño, que Néstor Kirchner amparó a Cristóbal López y que en el año 2006 el entonces presidente le había pedido que “no se metiera con el juego”. Pero días después, el ahora diputado nacional, que rompió con el kirchnerismo en el Congreso, intentó meter paños fríos al sostener que los dichos de Kirchner “no fueron para presionar”.

En la Coalición Cívica tomaron el guante y por eso, la semana pasada, Elisa Carrió se presentó nuevamente ante la Justicia para aportar nuevos elementos relacionados con el negocio del juego en la causa que la líder de la Coalición Cívica le inició a Kirchner por asociación ilícita. Durante la conferencia de prensa, el diputado provincial Walter Martello, que acompañó a Carrió, invitó a Solá a que se presente a declarar y ratifique sus dichos periodísticos en la Justicia. Hasta el momento, la invitación no fue respondida y difícilmente lo haga, dado que el ex mandatario provincial también debería dar explicaciones de los beneficios que le otorgó a las empresa de juego durante su gestión como gobernador.

“Cuando Scioli dice nosotros queremos hacer una ley porque las anteriores prórrogas se hicieron por decreto, alude al ex gobernador Solá. El ex gobernador reconoció que sufrió una fuerte presión del gobierno federal para que permita el ingreso de Cristóbal López y por eso tuvo que emitir el decreto de prórroga, nosotros le pedimos al ex gobernador que se presente en la causa iniciada por la doctora Carrió contra Néstor Kirchner, ya que sus dichos ayudarían muchísimo a probar la asociación ilícita denunciada. Si no lo hace, lo intimaremos públicamente para que imite al Dr. Luis Juez. Y si aún así desiste, demostrará que continúa con vasos comunicantes con los K que no le permiten asumir esa posición ética”, le dijo Martello a Hoy.

En 2006, cuando Solá era gobernador, firmó el decreto 2.195 mediante el cual renovó automáticamente la licencia por 15 años a varias salas de bingo, donde funcionan máquinas tragamonedas, un beneficio extraordinario por donde se lo mire. Solá dijo que este decreto iba a ser enviado a la Legislatura para su aprobación, pero eso nunca ocurrió y sigue siendo utilizado.

Ante esta situación, desde el bloque de diputados de la Coalición también proponen la conformación de una comisión investigadora, que tendría por objeto:

« Investigar la constitucionalidad, legalidad y viabilidad jurídica de toda la legislación vigente referida a la autorización, explotación y control de salas de bingo y explotación de máquinas electrónicas denominadas tragamonedas.

« Investigar la legalidad y viabilidad jurídica de los contratos celebrados entre el Estado provincial y las instituciones de bien público a las que se han otorgado las autorizaciones para el funcionamiento de las salas de bingo. Entre ellas está la Fundación Florencio Pérez de Raúl Kraiselburd.

« Investigar el monto de dinero por el canon percibido por el Estado provincial, en todos los rubros de la actividad lúdica referida y el destino dado a los mismos.

« Investigar sobre las posibles actividades que realizarían las empresas que explotan actualmente el sector para evasión y/o elusión impositiva, lavado de dinero y otros mecanismos afines, como así también ponderar el daño económico irrogado al Estado provincial a consecuencia de estas presuntas maniobras.

« Investigar cuáles han sido las inversiones reales realizadas por las empresas explotadoras de la actividad.

« Investigar sobre los efectos indeseados que ha producido esta actividad lúdica en el ámbito de la población de esta provincia.

Comentá la nota