La pelea por el impuesto al cheque no contempla el desborde del gasto

Por Hernán de Goñi

Aunque el objetivo de máxima es sondear una posible reforma de la coparticipación, el nuevo Congreso ya tiene en su agenda un proyecto que igual promete un impacto considerable en el reparto de los recursos fiscales.

Se trata de la coparticipación del Impuesto al Cheque, un planteo que los gobernadores arrastran desde el comienzo de la gestión Kirchner, pero que nunca avanzó porque el oficialismo retuvo esa llave como condicionante de la gestión provincial. El debate que viene, en consecuencia, estará sesgado por la necesidad política de plasmar un acto reparador. El desafío es que también tenga en cuenta la conveniencia de discutir un equilibrio fiscal de mediano plazo.

Hoy la Nación recibe 80% de lo que se recauda por este tributo. De la porción restante, 4,5% va a la ANSeS y el resto a las provincias. Según una estimación del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), si desde su creación los distritos hubiesen recibido el mismo porcentaje que se reparte del IVA, habrían recibido casi $ 30.000 millones extras, equivalente a 54% de la deuda que mantienen con el gobierno federal.

Para evaluar los efectos de esta propuesta, antes es conveniente repasar cómo se reparten hoy los fondos la Nación y las provincias, y qué se hace con ellos. Entre 2003 y 2007, el flujo de recursos fue creciente. La mejora que tuvo la economía se tradujo en plata para todos. El problema es que cuando el ciclo se revirtió no sucedió lo mismo con los recursos. Para Economía&Regiones, en 2005-2007 el incremento del gasto primario total superó la expansión del PBI nominal en 10 puntos porcentuales. Cuando en los dos años siguientes la actividad se enfrió, esa diferencia se amplió más, a 12 puntos porcentuales.

Esto significa que la política fiscal argentina es siempre expansiva, algo que ha sido muy difícil de revertir en el pasado y que disparó crisis recurrentes de endeudamiento. Los inversores argentinos lo entienden con claridad, y es una de las razones de permanente desconfianza que despierta el país.

Hubo un momento en el que los astros se alinearon positivamente, permitiéndole al Gobierno lucir un nivel de superávit primario consolidado envidiable (llegó a representar 5% del PBI en 2004). Para mantenerlo, hubiese faltado una política anticíclica que favoreciera el ahorro en época de vacas gordas, para poder gastar en horas de crisis. La administración de Cristina Kirchner ejecuta correctamente la segunda parte, pero lamentablemente se salteó la primera. Este año, la Nación tendrá saldo primario positivo gracias a los aportes extraordinarios del Banco Central. Sin estos fondos, todo el sector público terminaría con un déficit consolidado de 1% del PBI, por primera vez desde 2001.

En términos políticos, el gobierno nacional compensó a las provincias invirtiendo en obra pública los fondos que no les daba como parte de la coparticipación. Eso le permitía disciplinar a los gobernadores, ya que este beneficio era exclusivo para los mandatarios alineados. Pero ese no fue el único camino: los distritos continuaron endeudándose con el Estado nacional para seguir financiando el aumento del gasto. Un dato: la Fundación Mediterránea estima que 2009 cerraría con el máximo nivel de recursos invertidos en empleo público en relación al PBI.

El primer efecto que generaría la reforma de la coparticipación del impuesto al cheque es político. Los gobernadores recuperarían la potestad de decidir dónde gastar, sin tener que esos fondos vuelvan de la mano de un plan K.

Pero el cambio más necesario todavía no está en la mesa de discusión. Si las provincias y los legisladores prefieren ir por el camino fácil y eluden la necesidad de plantear alguna fórmula de contención del gasto a mediano plazo (más necesaria desde que se flexibilizó la Ley de Responsabilidad Fiscal), solo crearán la ilusión de que están resolviendo un problema. El próximo gobierno ni siquiera podrá apelar a la caja de la ANSeS. Lo único que le quedará es el crudo realismo fiscal.

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