La pelea de los gobernadores y la Municipalidad entre el conflicto y la parálisis

La pelea de los gobernadores y la Municipalidad entre el conflicto y la parálisis

La apuesta electoral del macrismo tampoco es un secreto: en esos dos grandes distritos, que además gobiernan figuras de su palo, pondrá en juego la estabilidad de su gobierno cuando el año que viene se hagan las elecciones legislativas.

En un contexto en el que encontrar buenas noticias se hace extremadamente dificultoso, no viene mal refrescar como si fuera una novedad positiva el hecho de que algunos gobernadores -entre ellos el de La Pampa- acordaron un posicionamiento común ante un Gobierno Nacional que parece muy dispuesto a seguir dotando de recursos a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires, pero escatimando al resto del país.

 

Si el PRO y sus aliados están acostumbrados a medir todo con una lógica numérica en la que cada componente es reducido a un costo o a un beneficio, resulta previsible el maltrato presupuestario y de otro tipo a las provincias que ostentan una cantidad de habitantes que no influyen tanto en los resultados generales, y que además son gobernadas por espacios políticos rivales.

Por otro lado, el Gobierno Nacional repite las jugadas que desde esa visión le han salido bien: a partir de meras promesas y compromisos pateados para el futuro, les arrancó -y les sigue arrancando- a diputados y senadores sus manos alzadas para votar leyes que considera claves, o que le convienen en los diversos contextos a que pretende atender.

Ahora los legisladores pampeanos, empujados desde ya por el gobernador Carlos Verna, descubren incongruencias y ajustes, recortes y ninguneos: resulta ser que el presupuesto nacional no tiene en cuenta a La Pampa, tal como en su momento habían anunciado entre bombos y platillos.

En algún momento de esa feria de promesas “federales”, hasta dio la sensación de que estaban a la vuelta de la esquina el inicio de la autovía entre Anguil y Santa Rosa, el tramo del acueducto hasta General Pico, la terminación del Megaestadio, los emprendimientos necesarios para afrontar la emergencia sanitaria en la capital provincial... a la hora de la verdad, lo que sí figura en el presupuesto es una partida de miles de millones de pesos para la obra Portezuelo del Viento, en beneficio de Mendoza y contra el interés pampeano.

Diputados y senadores de nuestra provincia, a tono con otros del resto del país, alzaron sus manos para aprobar el pago a los buitres, para habilitar un sospechoso endeudamiento, para poner en riesgo el sistema previsional.

En ese camino, los legisladores y sus jefes, los gobernadores, avalaron los decretazos que paralizaron algunas de las mejores intenciones de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, permitieron el atropello de designar a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia que ni se mosquearon cuando los metían por la ventana, aceptaron medidas “sociales” que son puro maquillaje pero que recortaron los ingresos impositivos a las arcas provinciales.

Ahora, y en coincidencia con una CGT que ha mostrado esa misma connivencia con un gobierno que atropelló derechos laborales sin miramientos, los dirigentes del peronismo “opo-oficialista” intentan volver sobre sus pasos y plantear una serie de reclamos, que van desde una mayor equidad en la repartija de obras y recursos hasta una propuesta para que se coparticipe el impuesto al cheque.

Si la buena nueva es el aparente acuerdo de algunos gobernantes para que Cambiemos no solo use como fetiches el “diálogo” y el “consenso”, la mala nueva es que tras este breve pero brutal proceso quizá es tarde para modificar el rumbo y los resultados de ciertas medidas estratégicas, que significan políticas regresivas y una injusta distribución de los ingresos.

Resultará difícil que a la luz de su comportamiento político los gobernadores y los legisladores levantamanos no sean considerados como partícipes necesarios de este nuevo modelo de país, en el que sonríen el poder financiero, los oligopolios, las mineras y los exportadores y padecen las cooperativas, las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores o los que ni trabajo tienen.

La Municipalidad de Santa Rosa iniciará hoy otra semana de conflictos y parálisis, ya que el Ejecutivo local no fue capaz de encontrar soluciones a la crisis que se disparó por la imposibilidad de hacer frente desde las arcas comunales al pago de una suma fija de $2.000 para los empleados, tal como fue acordado en la negociación paritaria con el Gobierno Provincial.

Por un lado, la comuna siente cierta desprotección de la Provincia, que se corrió del conflicto desde el principio dejando en manos de cada autoridad municipal la decisión de pagar y cómo hacerlo.

Esa circunstancia es tal real como la pesadísima herencia que dejó el exintendente Luis Larrañaga, y que en este caso no es mero relato y excusa, sino una realidad palpable.

Pero al mismo tiempo los funcionarios municipales han contribuido a empeorar las cosas, con cierta inoperancia o con algunas conductas y discursos contradictorios.

Tanto que el intendente Leandro Altolaguirre en algún momento hasta puso en duda que la suma fija sea un compromiso adoptado por la comuna, como dando a entender que los funcionarios bien podrían decidir ni siquiera pagarla.

A eso se sumaron la nota oficial de notificación y posteriores declaraciones en las que se consideró que la medida de fuerza llevada a cabo por los trabajadores, con el paraguas del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), era ilegal.

No fue el único aporte a la confusión: el Concejo Deliberante aprobó, en medio de enorme expectativa, una ordenanza en la que teóricamente se habilitaba la utilización de un plazo fijo que tiene la comuna para el pago de esa suma fija.

Los trabajadores creyeron que la aprobación unánime de lo que había sido un proyecto del PJ significaba un paso adelante, pero a las pocas horas chocaron contra la realidad: el municipio explicó que en verdad esa ordenanza no tenía significación alguna, pese a que en el recinto esa circunstancia no había sido lo suficientemente aclarada.

Es probable que el justicialismo haya intentado generar más ruidos en medio del conflicto, pero el oficialismo tiene que hacerse cargo de su parte, porque es el que tiene la obligación de gobernar.

Ningún favor hace en ese marco, y al contrario significa echarle más nafta al fuego, el hecho de que el concejal más cercano al intendente, Miguel Bravo, considere sin medias tintas que la suma fija que los trabajadores acordaron en una negociación paritaria es en realidad “un regalo al empleado”.

Esa visión del mundo -que supone que los derechos conquistados son en realidad algo así como dádivas de los gobernantes, o prácticas de un asistencialismo populista- es la que también destina a los gobernantes de Cambiemos a chocar con los sectores que desde hace tiempo abordan las problemáticas laborales con la clara conciencia de defender un interés que no es el de las patronales.

Los problemas económicos y financieros de la comuna son comprensibles desde la sensatez, pero los funcionarios tienen que hacer el mismo esfuerzo para ser empáticos con la situación de los trabajadores, a los que muchas veces tratan como si en realidad fueran una pesada carga y no parte imprescindible de un municipio que cumpla su función.

No puede ignorarse que en todo este tiempo esos trabajadores no solo no cobran esta suma fija, sino que fueron tratados de cómplices de la gestión anterior, acusados de vagos o en algunos casos maltratados por los funcionarios.

Tampoco le viene bien a la gestión municipal seguir abriéndose frentes: el tono de pelea con la Cooperativa Popular de Electricidad, o la advertencia sobre la imposibilidad de sostener el Boleto Estudiantil le garantizan nuevas confrontaciones con sectores que en todo caso podrían ser comprensivos de la herencia, de la crisis y de los problemas de gestión que tiene cualquier equipo que recién empieza en el camino de gobernar.

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