Una pelea de competencia entre jueces de Buenos Aires y Santa Cruz y fiscales está demorando, otra vez, la causa por lavado de dinero en que está imputado el empresario K, Lázaro Báez.

En uno de sus últimos actos al frente del juzgado que subrogó durante los últimos tres años, Ana Alvarez devolvió ayer a Buenos Aires la denuncia penal realizada por la diputada Elisa Carrió sobre la supuesta bóveda secreta del empresario kirchnerista Lázaro Báez y el presunto retiro de allí de dinero y documentación.

Por “cuestiones formales”, dijeron en la Justicia federal local, la jueza subrogante -que hoy será reemplazada por una conjueza con lazos kirchneristas- reenvió a Buenos Aires la denuncia que el miércoles le había mandado el juez federal porteño Sebastián Casanello.

Antes de devolver la causa por la bóveda a Casanello, Alvarez había remitido el expediente a la fiscalía federal local. Pero la noche anterior le había tomado declaración testimonial a quien habría difundido las más de 200 fotografías del supuesto retiro de elementos en bolsas de la chacra que Báez tiene en las afueras de esta ciudad. Se trata de Fabián Coli, quien c uenta con custodia policial, al igual que quien habría tomado las fotos, Sergio Triviño, un empleado de Báez.

La custodia había sido dispuesta por Casanello en el mismo acto en el que decidió remitir a Río Gallegos la denuncia de Carrió porque, según el magistrado. Para Casanello, se trataban de hechos distintos a los investigados por presunto lavado de dinero a partir de las revelaciones del valijero Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar en el programa Periodismo para Todos de Jorge Lanata.

Pero, según señalaron fuentes judiciales, Casanello decidió la remisión de la denuncia a Santa Cruz sin pedirle opinión al fiscal Guillermo Marijuán, quien había recibido el texto y las fotos presentados por Carrió sobre los supuestos movimientos en la chacra de Báez. Además, advirtieron las fuentes, Casanello no hizo una declaración formal de incompetencia. Es más, Marijuán apeló, en duros términos, la decisión de Casanello de enviar el expediente de la bóveda a esta capital.

Por esos motivos es que Alvarez devolvió el tema a la justicia de la Capital Federal. Ahora podría ocurrir que Casanello formalice su incompetencia, con lo cual la definición del asunto quedaría en manos de la Cámara Federal porteña (para ver dónde se investiga esta denuncia) o bien que incorpore las fotografías aportadas por Carrió a la Justicia a la causa principal contra el empresario favorito del kirchnerismo.

Entre hoy y mañana, la apelación de Marijuán llegaría a la Cámara Federal la que deberá decidir si el tema de la bóveda es una causa aparte o debe integrarse a la de lavado. Para Marijuán en la documentación que supuestamente se habría sacado de la chacra puede haber pruebas sobre el lavado y por lo tanto hay que preservarla en Buenos Aires.

Frente a esta decisión de Casanello, Carrió presentó ayer una denuncia penal por encubrimiento contra Casanello (Ver aparte).

La denuncia de Carrió indicó que las bolsas que aparecen en las fotografías fueron llevadas el lunes 15 de abril a otra estancia de su propiedad, llamada Alquinta y a mitad de camino entre Río Gallegos y Río Turbio.

Clarín adelantó el miércoles en exclusiva esas fotos sobre el supuesto desmantelamiento de la bóveda de la chacra de Báez.

Báez sería el dueño de unas 24 estancias, muchas de ellas adquiridas en terrenos que serán inundados una vez que se construyan dos represas (históricamente las llamaban Cóndor Cliff y La Barrancosa, pero ahora se las identifica como Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, dos ex gobernadores provinciales fallecidos) y por las que se pagarán jugosas indemnizaciones. Báez compite también por esas obras con la gigante china Sinohydro como socia.