El enfrentamiento entre Elisa Carrió y el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti no solo sacudió el tablero político y judicial, sino que podría también alterar (como daño colateral) los planes del oficialismo para la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, a quien creía tener nuevamente arrinconada. Los próximos movimientos de la Comisión de Juicio Político en el Congreso serán determinantes para la dinámica que adquiera el conflicto, que excederá los muros de tribunales y tendrá un ojo puesto en las elecciones. La presentación a cuentagotas de la aliada fundamental de Cambiemos podría funcionar como un "tapón", a pesar de que apunta a un tema tan vidrioso como desconocido: los seguros ambientales. Remite, además al video casero que la diputada difundió en noviembre del año pasado con múltiples destinatarios pero con enigmático mensaje de un sector del Gobierno a Lorenzetti. 

Cada uno de los protagonistas vela las armas y afila estrategias. Más después de que el presidente Mauricio Macri mostrara ayer una posición dual. "Como Presidente y como Gobierno no compartimos", dijo sobre la sonora denuncia ingresada el miércoles y ampliada al día siguiente con llamativa lista de testimonios. Pero agregó: "El Congreso las debatirá, como debate tantas otras cosas y decidirá qué va a pasar con esto" (ver página 15). En el Palacio de Justicia, la declaración encendió las alarmas porque reveló que Carrió no está sola en su embate. La señal para el Supremo la dará el Congreso, si la comisión que preside Álvaro González comienza a merodear el pedido de Carrió. 

Lorenzetti evalúa que la mejor defensa es un buen ataque. Por esto es que continuará con la demanda por daños y perjuicios que iniciará contra Carrió y contra la jueza María Servini de Cubría. Buscará construir el escenario para apartar a la magistrada por enemistad de las causas que ella misma deslizó que lo involucraban, pese a que aún no hay señalamientos explícitos. Con Carrió la pelea es por lo que avizora en el futuro (operativo erosión) y en contra ataque por el pedido de juicio político, aunque ya en territorio donde la chaqueña se maneja con soltura, lejos de los tribunales. El interrogante es si el embate de la líder de la Coalición Cívica puede llegar a salpicar a la Corte como cuerpo, algo que podría quebrar el silencio que mantuvieron los otros cuatro miembros ante las imputaciones.

Blindaje de Gils Carbó 

Gils Carbó también se prepara, aunque en su caso, ya cuenta con una batalla ganada en su haber contra las intenciones de apartarla. La presión oficial para removerla mediante la vía de juicio político sumó el escollo de tener el mismo camino administrativo el flamante expediente contra Lorenzetti. Si prima el sector del Gobierno que no quiere en año electoral- una pelea con la cabeza de otro poder del Estado, la denuncia contra Lorenzetti podría funcionar como un tabique que sirva de plancha para el que la involucra, que tampoco logra reunir elementos de peso que la vinculen con irregularidades en la compra de un inmueble para la Procuración. En ninguno de los dos casos, el oficialismo encuentra aún el número para que prospere el juicio político. Gils Carbó aprovechó otro blindaje con el dictamen a favor de la liberación de Milagro Sala. Lejos de considerar que podría haberlo firmado otro procurador ante la Corte como Víctor Abramovich, la jefa de los fiscales estampó su firma en un tema sensible para la Casa Rosada, en tren de sumar otra causal de lo que podría ser inscripto en la saga de una supuesta persecución política. 

Para colmo, el PRO agregó una trifulca doméstica: fracasó en el intento de que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) agregue su rúbrica al pedido de destitución de Gils Carbó, por impulso de Daniel "Tano" Angelici. Veintitrés personas de la Asamblea del CPACF que tiene 350 miembros hicieron la presentación que también exigía intervención en el tema del traspaso de la justicia nacional, el jury al camarista Eduardo Freiler y la aplicación del fallo que limita en 75 la edad de los jueces en funciones. Rizzo lo rechazó "in límine" por no contar con el número necesario de voluntades y con filosas recomendaciones acerca de que repasen estudios de Derecho. Una curiosidad: la misiva contra Gils Carbó estaba dirigida al presidente de la Asamblea del CPACF a cargo de Juan Sebastián De Stefano, hombre del "Tano" en el área de jurídicas de la AFI. Sobresalía su nombre a la cabeza de las firmas del auto-pedido, acompañada por varios abogados que reportan al Gobierno de la Ciudad. 

Seguros ambientales

En tribunales hay puntos que comenzaron a unirse tras el cimbronazo generado por Carrió. Sin elementos de prueba aún, en un comienzo de la denuncia se menciona un supuesto negociado con los seguros ambientales y empresas del sector. Varios recordaron aquel videíto casero que Carrió difundió junto a Fabián "Pepín" Rodríguez Simón en noviembre pasado. "Y ya que estamos para el doctor Lorenzetti que los vinculan los dos Lijos", agregó, haciendo un gesto de unir los dedos de sus manos en una semisonrisa. Entre la lista de testigos que Carrió propuso ahora para avanzar en la destitución de Lorenzetti está tanto el juez Ariel Lijo, como su hermano Alfredo, señalado como un hombre influyente en tribunales. La esposa del primero es la prosecretaria de la Secretaría de Juicios Ambientales de la Corte. Tal vez el supuesto fastidio exhibido por Rodríguez Simón al quedar involucrado por Lijo en la causa por el dinero robado en la casa de la vicepresidente Gabriela Michetti fue sólo una primera impresión equivocada.