Pedro Sin desestimó las denuncias contra Sanz y los Vale Más.

Dijo que no hubo delito en el caso de los créditos otorgados a conserveras en el año 2000. Los legisladores del PJ lo criticaron por la lentitud con la que investigó el fraude de los tickets sociales.
Después de cuatro horas de debate y de acusaciones cruzadas, los senadores justicialistas se fueron con la cara larga ya que el fiscal de Estado, Pedro Sin, justificó su accionar en el caso de fraude por los tickets Vale Mas así como explicó que no encontró delito alguno en la operatoria de cosecha 2000- 2001 en la ayuda financiera para envasar durazno que encaró el municipio de San Rafael cuando el senador nacional Ernesto Sanz era intendente.

Frente a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, el fiscal explicó que las demoras para concretar determinadas pericias se debieron tanto a la escasez de personal como al magro presupuesto que maneja y del que hace rato viene reclamando aumento a la Secretaría General de la Gobernación.

En el segundo tema, el director de Asuntos Administrativos -Hugo Ferrero- se encargó de aclarar por qué había dictaminado la inexistencia de un ilícito.

Por su lado, los justicialistas no se quedaron callados y reprobaron duramente la actuación del fiscal por considerar que "no hizo su trabajo correctamente". Los cobistas no se quedaron atrás e intentaron refutar algunas acusaciones.

Por momentos, el tono de la reunión se elevó en demasía y, por si quedaban dudas, se evidenció el trasfondo electoral de la presencia de Sin en la Legislatura. A la misma reunión y con un objetivo similar habían sido invitados los representantes del Tribunal de Cuentas, que no concurrieron.

El senador Luis Ruzo, presidente del bloque justicialista en el Senado e impulsor de la citación, se mostró indignado e increpó a Sin por la gran cantidad de tiempo que pasó sin que hubiera resoluciones ciertas respecto de los dos casos mencionados.

Prácticamente inmutable, el fiscal -que varias veces ha sido cuestionado por el actual gobierno- expresó que su organismo cuenta con miles de causas pero con escasísimos contadores y abogados que puedan abocarse a los distintos temas.

"Por eso, lo único que puedo pedir es que me manden informes de las distintas reparticiones porque yo no tengo la capacidad para encargarme personalmente y eso demora los tiempos", advirtió Sin frente al reclamo de Ruzo acerca de la excesiva lentitud de las resoluciones y del sospechoso movimiento producido en los últimos meses, después del pedido realizado por los senadores oficialistas.

La inexistencia del análisis de los actuales funcionarios del Ministerio de Desarrollo Humano para determinar el monto faltante también fue señalado por Sin como otro elemento que incide en la demora de la causa.

En la larga lista de preguntas y respuestas que se extendieron durante horas, los senadores Aníbal Rodríguez y Sergio Bruni (Confe) salieron al cruce de algunos planteos. Entre otras cosas, se quejaron por el excesivo detalle pedido por Ruzo y lo interpretaron más como un ataque al fiscal que como un verdadero reclamo de rendición de cuentas.

Recordemos que Sanz expresó -hace un par de semanas- que los sucesivos cuestionamientos a Sin se basaban en la necesidad del gobierno actual de que el fiscal se vaya para remplazarlo por otro que le sea más funcional.

La causa sanrafaelina

Sucede que Sanz fue el blanco del segundo pedido de informe que los senadores le hicieron al fiscal. La posible existencia de irregularidades a la hora de dar créditos a conserveras para envasar durazno durante la crisis de 2000 y 2001 fue lo que motivó el planteo. Sin embargo, Ferrero fue claro a la hora de justificar su dictamen.

"Es cierto que al principio no cumplió con lo estipulado pero una ordenanza posterior salva ese accionar ya que el Concejo Deliberante tiene la facultad de decidir adónde se destinan las partidas", expresó.

De este modo, Ferrero coincidió con el dictamen del Tribunal de Cuentas que hacía observaciones pero que más tarde las salvaba debido a que no existía delito y que si lo hubiera habido debería apuntarse también al Concejo Deliberante por haber aceptado el cambio de destino de determinados fondos.

"Había ciertos indicios que debían apoyarse en pruebas pero éstas nunca aparecieron. Para poder sancionar necesitábamos pruebas", concluyó el abogado.

La explicación no satisfizo a Ruzo ni al senador sanrafaelino Gerardo Gómez que adujeron no compartir la postura de la Fiscalía e insistieron con que hubo "desviación de fondos" y daños porque algunos créditos no fueron cobrados.

En este sentido, la senadora Alejandra Naman (ARI) comentó que le llamaba la atención que nadie del Concejo hubiera iniciado una denuncia penal si efectivamente habían comprobado la existencia de un ilícito.

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