Para los represores, prisión perpetua y cárcel común. En resumen, ese será el eje de los alegatos que expondrán, desde el próximo martes, las partes querellantes en el juicio de la ex Jefatura de Policía, que es llevado adelante por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF).

En la causa se busca conocer la verdad sobre las 22 personas desaparecidas que permanecieron cautivas en el centro clandestino de detenciones que funcionó en esa guarnición durante la última dictadura militar. Por estos hechos, son juzgados el general retirado del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, el ex titular del Servicio de Inteligencia de la Policía, Roberto Heriberto Albornoz, y los ex policías Luis Armando y Pablo Enrique de Cándido (ambos hermanos).

En el accidentado juicio, que desde su inicio, el pasado 16 de febrero, tuvo varias interrupciones debido a los problemas de salud de los acusados (todos mayores de 70 años), también estaban imputados los militares retirados Mario Albino Zimmermann y Alberto Cattáneo, quienes fallecieron en pleno proceso. Otro de los acusados era el ex gobernador de Tucumán Antonio Domingo Bussi, quien fue separado del debate debido a su endeble estado de salud.

Etapa de definiciones

El juicio entrará en etapa de definiciones el próximo martes, con el inicio de los alegatos de los querellantes y de la defensa. El primer turno, a las 9.30, será para la abogada Laura Figueroa, quien representa a los familiares de las víctimas Carlos Román Apaza, Hugo Díaz y Joaquín Fariño. Luego, seguirán los abogados Valentina García Salemi y Daniel Weisamberg (ANDHES), quienes a partir de las 12.30, expondrán en representación de la familia de la médica desaparecida Graciela Bustamante de Argañaraz.

En tanto, el miércoles 30 de junio, a las 9.30, será el turno de los querellantes Emilio Guagnini y Julia Vitar (FADETUC-H.I.J.O.S), por el caso de Rolando Coronel y su hija Marta, secuestrados en mayo de 1977. Después, a las 12.30, expondrá Daniel Mendivil, querellante de la familia de Diana Oesterheld y su esposo Carlos Araldi.

A la tarde, a partir de las 15.30, será el turno de Bernardo Lobo Bugeau, quien por un lado es querellante por el caso del periodista desaparecido Eduardo Ramos, junto a su esposa Alicia Cerrota, y por el otro, representa a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en la causa Coronel.

El 1 de julio tomará la palabra el fiscal federal general Alfredo Miguel Terraf, quien realizará su alegato por las 22 víctimas que fueron secuestradas y estuvieron en cautiverio en la ex Jefatura de Policía.

A su turno, los abogados de los acusados, el defensor oficial público Ciro Lo Pinto (representa a los hermanos De Cándido), Ezequiel Avila Gallo (h) (defiende a Albornoz) y Horacio Guerinau (Menéndez) expondrán el 7 de julio. Se descuenta que todos pedirán la absolución para sus clientes.

El juicio llegará a su fin el próximo 8 de julio, cuando los jueces del Tribunal Oral Federal, Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Josefina Curi, darán a conocer el fallo.

Perpetua y cárcel común

En diálogo con EL SIGLO, Lobo Bugeau anticipó que solicitará prisión perpetua, con cumplimiento efectivo en una cárcel común, para Menéndez, Albornoz y Luis De Cándido; mientras que requerirá una pena de 4 años (también con arresto en una dependencia carcelaria) para Pablo De Cándido.

"En representación de la Secretaría de Derechos Humanos, por la causa Coronel, voy a pedir reclusión perpetua Menéndez y Albornoz, por los delitos de autoría mediata de violación de domicilio, privaciones ilegales de la libertad agravadas, tormentos seguidos de muerte de Marta Coronel y el homicidio triplemente agravado de Marta Coronel y doblemente agravado de Rolando Coronel", puntualizó el letrado.

Agregó que, en el caso de Albornoz, también lo acusará "por el delito de asociación ilícita calificada, teniendo en cuenta que Menéndez ya fue condenado por ese tipo de ilícito por el TOF en agosto de 2008, con un fallo que también alcanzó a Bussi, el jucio por la desaparición del ex senador Guillermo Vargas Aignasse (ocurrido en 1976)".

Por otro lado, el representante de la Secretaría de Derechos Humanos indicó que solicitará "prisión perpetua para Luis De Cándido, por los delitos de violación de domicilio calificado, tormentos, asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad, coautor material del homicidio contra Rolando Coronel y tormento seguido de muerte en perjuicio de su hija Marta Coronel".

Para el caso de Pablo De Cándido, Lobo Bugeau dijo que exigirá "la pena de prisión de 4 años por los delitos de encubrimiento y usurpación".

El abogado querellante informó, además, que En el caso Ramos, acusará y pedirá la reclusión perpetua para Menéndez y Albornoz, "por la autoría mediata de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad y homicidios calificados del desaparecido periodista y su esposa, en un contexto de genocidio planificado contra un grupo nacional".

Para finalizar, justificó su planteo de solicitar la prisión común para los represores alegando que "el artículo 18 de la Constitución Nacional y ley 24.660 en su artículo 36 y subsiguientes, que reglan sobre la ejecución de las penas, el único lugar previsto para el cumplimiento de este tipo de condenas son las unidades penitenciarias. Además, hay que tener en cuenta que la acusación está realizada sobre crímenes masivos, para lo cual solo puede haber cárcel común", concluyó.

"Pruebas fuertes y precisas"

Por su parte, el fiscal Terraf prefirió no adelantar el contenido que tendrá su alegato ante el TOF el próximo 1 de julio. No obstante, confió a este matutino que considera "que las pruebas colectadas a lo largo del debate son fuertes y precisas como para poder sostener una acusación y lograr una condena contra los acusados".

El magistrado opinó que el de la ex Jefatura de Policía "fue un proceso con muchas complicaciones, con dos imputados muertos y otro separado del juicio por razones de salud, lo cual generó una situación muy particular".

No obstante ello, Terraf resaltó el marco en el cual se desarrollaron las audiencias. "Se respetaron los derechos, tanto de los imputados como de las víctimas y el TOF estuvo a la altura de las circunstancias. También es destacable la tarea de querellantes y defensores, que permitieron que el juicio se desarrolle dentro del marco legal necesario", finalizó.