Pedirán juicio político para el intendente de Tartagal, Sergio Leavy

Fuentes de la Comisión Investigadora del Concejo Deliberante que analizan las presuntas irregularidades en el caso Almaraz, adelantaron ayer que pedirán que el intendente Sergio Leavy (FPV) sea sometido a un juicio político.
El jefe comunal quedó envuelto en un escándalo en relación a la contratación de la obra pública.

El 20 de junio un proveedor municipal, el plomero Martín Almaraz, denunció en la justicia que habían utilizado facturas suyas para cobrar casi 220 mil pesos a la municipalidad, en concepto de alquiler de maquinarias en el marco de la emergencia tras el alud del 9 de febrero en Tartagal.

Las facturas fueron presentadas por el empresario Oscar Elías y la municipalidad abonó el servicio, cuya prestación aún no ha sido confirmada, en diez cheques al portador, contrariando las normas que le exigen abonar con cheques cruzados y a la orden.

Uno de estos cheques fue cobrado por el cuñado del intendente, Fredy Orlando Medina Biasutti, quien es además socio de la esposa del jefe comunal en una empresa, Río Tartagal SRL, cuyo domicilio coincide con el del aserradero de Sergio Leavy.

En declaraciones al portal digital Diario de Tartagal, el asesor legal de la Comisión Investigadora, Sergio Heredia, adelantó que "si corresponde", aconsejará que el intendente sea sometido a un juicio político.

Miembros de la Comisión confiaron a Nuevo Diario que este es el criterio que está prevaleciendo entre sus integrantes tras revisar la documentación.

"Son muchas las irregularidades", sostuvo uno de los ediles.

Almaraz también afirma que las firmas en los endosos de los cheques no son suyas; las rúbricas denunciadas como falsas difieren además entre sí.

Heredia especuló ayer con que este caso, que ya está siendo investigado por el juez de Instrucción de 2º Nominación de Tartagal, Héctor Mariscal, terminará en el fuero federal.

Es que también habría una evasión impositiva. "La conexión con el municipio es grande, porque lo que se hizo es un contrato para alquilar máquinas, que se encuadra dentro de obras públicas, en la ley de contrataciones dice que los mayores requisitos los debe pedir el municipio, los seguros, la declaración jurada, remitos por lo menos, cómo se iba a certificar la obra y las penas en caso de que la obra no se cumpla, y una serie de cláusulas que en este caso no están", sostuvo el abogado.

La Comisión se reunirá el próximo lunes y se espera que entonces produzca su dictamen sobre el caso.

La destitución de los intendentes está prevista en el artículo 181 de la Constitución provincial, que prevé la causales de condena penal o mal desempeño en su cargo para esta decisión.

La necesidad de remoción del jefe comunal debe ser declarada por los dos tercios de los miembros del Concejo. Leavy sostiene que solo se trata de un conflicto entre privados y que la operatoria municipal fue de acuerdo a las normas.

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