En una esquina del barrio El Ombú, en la localidad de Pueblo Nuevo, parece sintetizarse la falta de políticas públicas en materia de tierra y vivienda que afecta a Luján desde hace décadas. Un puñado de casillas, levantadas a base de madera y nailon, muestran aquello que pudo ser pero nunca terminó de concretarse. 

El predio, ocupado desde hace tres meses por 10 familias, está asignado a un plan provincial de viviendas. Aquella promesa de construcción se inició en la década del 90, sin que hasta el momento se haya abierta un solo cimiento. Pasaron los años y el lugar, propiedad de la Municipalidad, fue reflejo del abandono más absoluto, mientras en la Dirección de Tierras el registro de familias con necesidades habitacionales severas siguió creciendo. 

A fines de 2011, algunos vecinos del barrio decidieron instalarse en el lugar, pero terminaron desalojados por el entonces subsecretario de Control Urbano, Ricardo Re, cuando corrían las primeras semanas de gobierno del intendente Oscar Luciani. Sin orden judicial alguna, el funcionario procedió de facto a recuperar el lugar. El interés que mostró la Municipalidad por el predio se contradijo después ante la falta de acción y el abandono que volvió a reflejarse en la zona. 

Desde hace tres meses, las necesidades de tierra y vivienda volvieron a desembocar en un conflicto que se agudizó en los últimos días al conocerse la orden de desalojo sentenciada por la Justicia. 

Tres son los elementos comunes entre las familias que permanecen en el predio. En primer lugar son vecinos de la localidad, algunos incluso criados en el propio barrio El Ombú. Todos comparten las dificultades económicas generadas por los elevados montos de los alquileres y la falta de trabajo en blanco que les permita aspirar a un crédito bancario. Por último, coinciden en marcar que no quieren un lote como regalo, sino la posibilidad de que se abra un plan de pago para costear los terrenos ocupados. Además, varios de ellos están dispuestos a resistir hasta las últimas consecuencias. 

“Yo soy del barrio, me crié acá, a dos cuadras. Estaba trabajando en una empresa, con un salario en blanco, y estaba con ganas de sacar un crédito para ver si podía comprar un terreno, pero me quedé sin trabajo. Pasé a vivir en una casa prestada de un tío. En la toma anterior participé, pero vino la Policía y nos sacó. Cuando vi que se comenzaba a tomar nuevamente, decidí volver. Comenzamos a armar el rancho con la familia”, indicó Leandro.

La construcción que comparte con su pareja y una de sus hijas consiste en una habitación de reducidas proporciones, con chapas y lonas. 

“Tengo otra nena que está en lo de una tía porque se enferma mucho, está atacada de los bronquios. Estamos sin luz, aunque un vecino nos presta para hacer algunas cosas, por eso usamos vela. De la luz no nos queremos enganchar, por eso estamos pidiendo que la Cooperativa nos baje la línea”, detalló el vecino, quien trabaja como changarín en tareas de albañilería. 

En cuanto al futuro inmediato, dijo que “no sé si nos va a sacar la Policía, pero nosotros estamos decididos a quedarnos hasta lo último, para defender la casa que armamos con madera, palos y algunos nailon”•. 

Para su esposa, la amenaza de desalojo vigente durante toda esta semana significó la necesidad de suspender su actividad como costurera para permanecer en el lugar: “Trabajo de costura y ante esta amenaza de desalojo tuve que decirle a mi patrona que por un tiempo no podía trabajar, porque necesito estar acá todo el tiempo”. 

“Nosotros no pedimos que nos regalen nada, queremos un plan de pago, somos gente trabajadora y no queremos nada de arriba. Todos tenemos derecho a la tierra, pero en vez de buscar sacarnos, creo que convendría buscar más tierra para que otros vecinos también puedan acceder. Algunos concejales y funcionarios plantean que se haga un sorteo y cuestionan que seamos nosotros los que nos quedemos con estas tierras y no otros. Esa postura es buscar la pelea de vecinos contra vecinos, de pobres contra pobres. Ellos tendrían que buscar más tierras, no entendemos por qué ahora se enfocan tanto en estas tierras, cuando siempre estuvieron abandonadas”, reflexionó la mujer.

La vecina también se quejó por la falta de atención recibida de parte del intendente Luciani: “El otro día intentamos hablar con él, pero nos dijo que no iba a hablar con nosotros y que el desalojo ya estaba ordenado. Nos aclaró además que si hacíamos protestas, nos iban a demandar. No tenemos respuestas de parte de Luciani, y  lamento haberlo votado”.

Aunque los vecinos cuentan con el acompañamiento del Movimiento de Trabajadores Comunitarios (MTC), la ocupación no constituyó una acción organizada ni coordinada previamente, sino un efecto contagio luego de las primeras instalaciones. De hecho, esa falta de coordinación llevó a los vecinos a brindar sus datos personales a la Policía cuando un agente se hizo presente en el lugar con la excusa de abrir un registro. Esa información derivó en la causa penal presentada por la Municipalidad. Con los hechos consumados, los vecinos lamentan el nivel de ingenuidad con el que procedieron. 

“Esto es por necesidad. Me pone mal saber que si nos desalojan me tengo que ir directamente a la calle, porque no tengo donde ir, posibilidad de alquilar no tengo porque el bolsillo no me da. Antes de tomar la decisión de venir, busqué algo para alquilar acorde a lo que ganaba, pero no se encuentra. No nos gusta hacer esto, pero como no hay soluciones del Estado, no te queda otra. Nosotros estamos anotados desde hace años en el registro de tierra, pero nunca tuvimos ninguna solución. Estas tierras están asignadas a un plan de viviendas, pero nunca se hizo nada, no sé si se comieron la plata. Y si a nosotros nos sacan tampoco se va a hacer nada”, reflexionó otra vecina.