Dos pedidos de remoción contra el juez Vocos Conesa

Juan Cabandié, del FpV, y la Asociación de Abogados de Buenos Aires, pidieron al Consejo de la Magistratura el juicio político para el magistrado.
El Consejo de la Magistratura recibió este jueves dos pedidos de enjuiciamiento y remoción del juez Eduardo Vocos Conesa, que en un aviso fúnebre hizo apología del golpista carapintada Mohamed Ali Seineldín y del falangismo español.

Aunque el cuerpo descartó una sanción inmediata al magistrado, el presidente del Consejo, Luis María Bunge Campos, resultó sorteado para realizar la investigación, que se iniciará con un oficio al diario La Nación, para verificar si fue este quien efectivamente colocó el aviso.

En el obituario, el juez aludió al líder carapintada para rendirle "el homenaje que la antipatria te niega" y citó palabras del fundador de la Falange española, José Antonio Primo de Rivera, "como corresponde al laconismo militar de nuestro estilo".

Los pedidos fueron remitidos por el legislador porteño Juan Cabandié (Frente para la Victoria) y la Asociación de Abogados de Buenos Aires, que en sendas notas pidieron la apertura del proceso de destitución del magistrado, que integra la sala II de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Capital.

En su presentación, Cabandié consideró que los términos del obituario firmado por Vocos Conesa "expresan un evidente apartamiento de la institucionalidad democrática" así como un "menosprecio a sus instituciones que supone una causa de mal desempeño en los términos del artículo 53 de la Constitución Nacional".

Por su parte, la Asociación de Abogados destaca que una "condición sine qua non" para ejercer la magistratura es "la imprescindible vocación democrática", mientras que Vocos Conesa elogió a Seineldín, quien fue "condenado a prisión perpetua por haberse alzado en armas contra la Constitución" y cometido el delito de sedición.

"No es concebible que un graduado universitario, juez de cámara, desconociera el pensamiento político de Primo de Rivera y su profundo desprecio por las instituciones democráticos y los derechos fundamental que a su amparo se ejercen", añade la Asociación.

Según los procedimientos vigentes, el Consejo sortea un miembro instructor de la investigación para que luego sea presentada por la comisión de disciplina y juzgamiento y de allí al plenario. En la fase final se requieren dos tercios para suspender a un magistrado y llevarlo luego a juicio político en el Congreso.

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