Pedidos a Boudou

Los triunfos kirchneristas en el Congreso anticipan que las leyes económicas se aprobarán sin los reclamos del interior. Schiaretti solicitará al ministro de Economía que le refinancie toda la deuda de 2010 (a Buenos Aires se lo concedieron) y que las transferencias por la Caja sean automáticas. Por Juan Turello.
Los Kirchner están tratando de reescribir los principios de la política. Hasta ahora, con éxito, aunque nadie se anima a anticipar qué fenómeno incubará el hecho de desconocer la voluntad de las mayorías.

Apenas 100 días atrás, Néstor Kirchner era derrotado en Buenos Aires, pese a haber usado todo el poder de los aparatos del Gobierno nacional, de la provincia y de las "testimoniales" de los jefes del conurbano bonaerense.

Además, perdió en el ámbito nacional, aunque caprichosamente el ex presidente cuenta como propia la suma del 30 por ciento de los votos peronistas.

Esos sufragios acompañaron sucesivamente a Carlos Menem, Eduardo Duhalde y ahora a Kirchner. En la elección de 2011, ese voto cautivo respaldará al candidato justicialista, ya sea por convicción o porque su futuro depende de la ayuda estatal, que en la mayoría de las provincias está controlada por el aparato peronista.

En poco más de tres meses, Néstor y Cristina Kirchner arrasaron con los manuales y, en vez de buscar el consenso con la oposición triunfante y modificar las políticas rechazadas en las urnas –como sugieren los principios de la buena política– apretaron el acelerador a fondo.

Consiguieron la sanción de leyes clave por parte de legisladores que en dos meses dejan sus bancas, como la de las facultades delegadas (permite al Poder Ejecutivo fijar el nivel de retenciones). Y, ahora, los Kirchner se aprestan a festejar la aprobación por el Senado, el próximo viernes, de la ley de medios audiovisuales.

Nada parece detenerlos, aunque la imagen negativa de Cristina Fernández ya alcanza al 47 por ciento y la de Néstor Kirchner al 80 por ciento, según difundió ayer la consultora Poliarquía.

"El avance del poder K es malo para las provincias", se sinceró ante La Voz del Interior un encumbrado funcionario provincial mientras realizaba el viernes último la peregrinación semanal ante los organismos nacionales para que estos liberen los recursos.

Y enumeraba: con las facultades delegadas, las retenciones quedan en manos de la Nación, que sólo redistribuye el 30 por ciento de la recaudación de la soja. La intención de repartir otra forma lo recaudado por el impuesto al cheque (85 por ciento para la Nación y el 15 por ciento para las provincias) está a punto de naufragar.

"Si se aprueba la ley de medios, el poder K impondrá su voluntad en las leyes económicas que vienen (presupuesto e impuestos), con lo que el interior deberá seguir mendigando ante la Presidenta", evaluó con cierto desgano el funcionario.

La composición del Congreso cambiará el 10 de diciembre, pero las sesiones ordinarias comienzan el 1º de marzo, con lo que la posibilidad de enmendar algo recién podrá concretarse con los presupuestos ya en marcha.

Además, las leyes vinculadas con los impuestos requieren mayorías especiales (la mitad más uno de los miembros de cada Cámara). Aunque fortalecida, la oposición no tendrá esos votos. La zanahoria para el interior seguirá en manos de Néstor y Cristina. El artículo 74 del proyecto de presupuesto así lo certifica.

Córdoba se resigna

El gobernador Juan Schiaretti ya archivó el discurso crítico contra los K, que pedía cambios en la forma de coparticipar los impuestos. Y el pedido de modificar la forma de cálculo de la deuda de las provincias está a punto de naufragar en el próximo debate de las leyes económicas.

Los K no quieren cambiar ni una coma en los proyectos que les aseguren el control de cómo se distribuye lo que recauda la Nación.

Las arcas provinciales están vacías. Buenos Aires recibió mil millones de pesos por fuera del Programa de Asistencia Financiera (PAF) para poder pagar sueldos y jubilaciones. También hubo ayudas extraordinarias para Santa Cruz y Tierra del Fuego. Santa Fe, que era un modelo, terminará este año con déficit fiscal y prevé casi 2.000 millones de rojo para 2010. Incluso, llegó a evaluar la posibilidad de emitir bonos para los proveedores.

Todos los meses, Córdoba cuenta las monedas para pagar en término lo necesario, aunque desde hace 30 días están semiparalizados los servicios de educación y salud.

No sólo sufren los ciudadanos: los pequeños y medianos comercios e industrias pierden horas de trabajo y de producción porque la Empresa Provincial de Energía (Epec) tarda semanas en instalarles un medidor o arreglarles una conexión.

El próximo viernes, Schiaretti le pedirá a Amado Boudou, ministro de Economía de la Nación, precisiones sobre cuál es el cronograma de pagos de los 240 millones de pesos que restan del PAF y qué regularidad tendrá el envío de fondos para financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones.

El organismo nacional (Anses) adeuda 180,3 millones y aún restan 275,7 millones hasta fin de año. La suma de los fondos impagos asciende a 700 millones, lo que equivale a un mes y medio de la nómina salarial que paga el Gobierno provincial. Diciembre (el mes más crítico de toda administración) está muy próximo.

Para 2010, el presupuesto nacional prevé 680 millones (10 millones menos que este año) para financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones, que este año rondará los 1.100 millones. El año próximo, llegaría a 1.200 millones.

Schiaretti le sugerirá a Boudou dos cuestiones que considera clave para las finanzas provinciales: que las transferencias para la Caja de Jubilaciones sean automáticas y no sujetas a los humores presidenciales y que le refinancie la totalidad de la deuda con la Nación, que el año próximo llega a 938 millones, según los primeros borradores que se manejan en la Casa de las Tejas. Este año, le reprogramaron 600 millones sobre casi 800 millones. A Buenos Ares, en cambio, le reprogramaron todo.

El drama estará en la calle y en los servicios: en lo que resta del año, habrá para los estatales sólo una suma fija no remunerativa, que se pagará por única vez; es decir, no se carga sobre el sueldo ni forma parte de los aumentos que se pactarán para 2010. Es fácil imaginar el descontento de docentes, médicos y estatales.

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