Pedido de veto por el "error" de las retenciones

Diputados del oficialismo plantearon al Gobierno anular el artículo de la ley de Emergencia Agropecuaria que suspende las retenciones a 22 distritos bonaerenses. El campo lo defiende.
"Si les bajan las retenciones a los distritos de la provincia (de Buenos Aires), vendemos todo por ahí y listo", comentó Néstor Roulet, vicepresidente de CRA –medio en broma, medio en serio–, a un grupo de productores agolpados en las inmediaciones del Congreso, el jueves pasado. Las palabras del dirigente de CRA no fueron inocentes ya que tenía en su poder el texto de una ley que acababa de aprobar el Senado, donde se suspende por seis meses el cobro de retenciones a 22 distritos de la provincia de Buenos Aires declarados en desastre agropecuario. Quien se arrogó esa victoria parlamentaria fue Francisco de Narváez (Unión PRO), el autor de la iniciativa en Diputados. Pero ayer, desde la conducción del bloque del FpV en la Cámara baja, acusaron al legislador bonaerense de "haber hecho trampa dentro de un acuerdo" que no preveía ese artículo con la baja de retenciones. La bancada que conduce Agustín Rossi ya le solicitó al Poder Ejecutivo el veto de esta polémica normativa. La dirigencia agropecuaria clama para que el beneficio sea promulgado tal como salió del Congreso.

Con la votación de anteayer del Sistema de Emergencia Agropecuaria, también se procedió a sancionar una serie de declaraciones de emergencia para diferentes zonas del país. Ese paquete de proyectos había sido consensuado en la Cámara de Diputados, sin ningún tipo de disidencias. Originariamente, todos los proyectos tenían un monto de subsidio destinado, que luego fue eliminado, en función de la ley marco que se estaba votando.

"Lo que se acordó en Diputados, entre siete bloques diferentes donde estaba también (Francisco) De Narváez, era sacar todas las cuestiones impositivas para adaptar las declaraciones particulares de emergencia agropecuaria al proyecto general, con los subsidios por 500 millones de pesos. Esto fue lo que se acordó y se votó. Por eso ahora decimos que la ley que salió, que mantuvo la suspensión de las retenciones por seis meses en la provincia de Buenos Aires, es tramposa e inducida por la oposición", se justificaron ayer ante Página/12 desde el bloque K en Diputados. Allí atribuyen a la "mala fe" de la oposición no haber excluido el beneficio para Buenos Aires, y reconocen el "error" de no haber leído en detalle cómo quedaba cada declaración de emergencia en particular, dejando pasar la suspensión de las retenciones en los 22 distritos bonaerenses.

El diputado Alberto Cantero (FpV), presidente de la Comisión de Agricultura, da una versión distinta, que atribuye a un error de la Secretaría Parlamentaria no haber excluido la suspensión de los derechos de exportación como correspondía. El legislador dijo ayer que, de todos modos, como los distritos alcanzados están en situación de desastre, no tienen saldos exportables que disfruten de la no aplicación de retenciones. A esta versión se contraponen las sospechas de que se utilicen esos distritos para despachar producciones de otras regiones, como sugirió Roulet.

Según indicaron a este diario colaboradores cercanos a De Narváez, el proyecto en cuestión se presentó en enero de este año, por lo que los legisladores especializados en el tema debían saber su contenido. "Cuando se sacan leyes por consenso, siempre hay negociaciones políticas en el medio", indicó el asesor de De Narváez. Esa negociación habría sido el quórum para aprobar la prórroga de las facultades delegadas, aclararon desde Unión PRO, descartando que la baja de retenciones se trate de un error.

Por su parte, Rossi ya solicitó al Poder Ejecutivo el veto parcial de la normativa. Para echar más leña al fuego, el titular de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, aseveró que la eximición del pago de retenciones debería extenderse a otras provincias. Por su parte, el vicepresidente de Carbap, Jorge Srodek, le reclamó a la Presidenta que no vete la normativa.

Si Fernández de Kirchner decidiera no vetar la ley –altas fuentes del Senado dijeron a este diario que no lo haría porque el costo político es mayor al fiscal–, el Gobierno debería pensar un mecanismo para evitar una elusión impositiva. Desde el espacio que conduce De Narváez indicaron que el control debería ser ejercido por la Oncca, lo que es un contrasentido, teniendo en cuenta que la oposición –de la que forma parte De Narváez– está reclamando un desmantelamiento de esta institución.

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