Pedido de investigación judicial contra el gerente de PAMI

En el escrito se solicita que la Justicia investigue a Carlos Pereita por la "posible comisión de delitos de negociación incompatible con la función pública, malversación de fondos y abuso de autoridad", ante la orden de desalojo de la sede de la obra social.
Patrocinado por el abogado Pablo Carnevale, un grupo de jubilados presentó esta semana un pedido de investigación judicial que involucra al actual gerente de PAMI Luján, Carlos Pereita. La actuación toma como eje la orden de desalojo que pesa sobre la sede local de la obra social dispuesta por el Juzgado Federal de Mercedes, ante los incumplimientos en los pagos de alquiler y el vencimiento del contrato de locación que la entidad mantenía con Arezzo Automotores S.A., propietario del inmueble de la calle Almirante Brown.

En la denuncia, que fue presentada el lunes en la mesa de entrada de la Fiscalía local, se hace referencia a una nota publicada por este bisemanario el 4 del corriente mes, donde se informaba acerca del inminente desalojo de la obra social. Por esta razón, los jubilados decidieron "presentar formal denuncia por la posible comisión de ilícitos para su investigación". A partir de la presentación, la Justicia deberá determinar, en primera instancia, qué dependencia tomará intervención en el caso, para luego estudiar las actuaciones de Pereita ante "la posible comisión de delitos de negociación incompatible con la función pública, malversación de fondos y abuso de autoridad".

De esta manera, los afiliados al PAMI plantean a la autoridad judicial competente la posibilidad de que "el accionar del actual gerente interventor, señor Pereita, encuadre dentro de la figura de abuso de autoridad y por acción u omisión en los deberes y obligaciones de los funcionarios públicos, acciones tipificadas como delito por nuestro código de fondo, ya que como figura en la nota del bisemanario, (las autoridades) fueron notificadas de la sentencia de desalojo del inmueble en el transcurso del año 2008".

Los denunciantes también recuerdan que el organismo estatal

estaría pagando en concepto de intereses punitorios/multas la suma de $81.000 por mes: "Ese dinero podría estar usándose para nosotros los jubilados. Como es de público conocimiento, nuestro haber mensual no alcanza los mil pesos, en la mayoría de los casos, teniéndonos que arrastrar y sufrir padecimientos, para pedir una medicación, para que nos den turnos para 15 días y que a veces tal es la urgencia que ni llegamos a ser atendidos".

Más abajo, recuerdan que los afiliados de PAMI Luján no cuentan con una clínica en la ciudad, algo que los obliga a "tomarnos un remís hasta la localidad de Jáuregui, los que pueden, y los que no se quedan en sus casas".

Por otra parte, los jubilados responsables de la iniciativa expresan que "Pereita estaría utilizando los fondos de todos y cada uno de los afiliados al PAMI de manera discrecional y para cumplir con obligaciones y deudas contractuales, generadas por su mal desempeño, no cumpliendo así con lo normado en las leyes que rigen la materia, ya que se supone que esos fondos son para una mejor atención para nosotros; y -en cambio- son dilapidados por el actual gerente, en gastos innecesarios, secundarios, privándonos así de grandes e importantes mejoras en nuestra calidad de vida".

RESPONSABILIDADES

En la presentación judicial, el grupo de afiliados plantea al fiscal la necesidad de investigar si el máximo responsable de PAMI Luján "se ha ocupado del tema en cuestión", y solicitar un amplio y detallado informe que incluya, entre otras cuestiones, desde qué fecha las autoridades están buscando un nuevo inmueble para trasladar las oficinas.

Para los jubilados, en todo este tiempo se tendría que "haber adquirido un nuevo local mediante la contratación correspondiente o haber saldado la deuda, de manera racional y en los montos originales".

"También por ser afiliados y ser los que le damos sustento al funcionamiento de dicho organismo, como primera medida tendríamos que haber sido notificados por las autoridades de la situación por la que atravesaba o atraviesa dicha entidad, del inicio del juicio o de la sentencia de desalojo, cosa que no fue así, sino que fuimos anoticiados y sorprendidos por la nota que salió publicada en el bisemanario", agregan los demandantes.

En la lista de argumentos, también se explica que "el accionar del Sr. Pereita resultaría al menos omisión dolosa, encuadrando dentro del imperativo legal, ya que su omisión, negligencia e impericia para manejar al PAMI nos causa graves perjuicios". Al respecto, los jubilados se preguntan qué medidas adoptó el gerente de la UGL 32 "a los fines de evitar la continuidad del juicio (de desalojo)", como así también "si informó a PAMI central en tiempo y forma, y si previniendo un resultado negativo de las negociaciones con el titular del inmueble en cuestión, comenzó –con la antelación suficiente- a buscar inmuebles alternativos para el funcionamiento del organismo".

En el pedido de investigación se sugiere que se incorpore el contrato de locación primario que Arezzo Automotores contrajo con PAMI, para determinar la fecha de vencimiento de dicho acuerdo, "y si con la antelación suficiente a su vencimiento se ocuparon de renegociarlo y/o en su defecto buscar otra propiedad".

"También por lo que dice la nota, la suma adeudada por capital más gastos y costas de juicio ascendería a más de $1.000.000. Si tal magnífica deuda fue generada por su mal desempeño encuadraría dentro de la figura de malversación de caudales públicos, ya que estaría desviando los fondos para el pago de sumas exorbitantes en juicio, por no haber pagado los cánones locativos a tiempo, por no haber cumplido con sus deberes y obligaciones", especifica otro párrafo del escrito.

Con respecto a esa frondosa deuda contraída por la obra social, el grupo de jubilados plantea que "si se puede saldar, también se podría haber adquirido un inmueble propio, o si podemos pagar la suma de $81.000 de multa como se viene haciendo desde el mes de enero de 2009, es mucho dinero que se tira a la basura, por el accionar o por la omisión de estos funcionarios foráneos que no saben o no están lo suficientemente capacitados para realizar la labor a la que fueron encomendados".

Los afiliados también marcan que Pereita, "quien habría sido puesto en el cargo por encomienda y/o recomendación de la intendenta municipal, lo único que hace es saquear nuestra obra social, actuando en violación a los derechos nuestros, que creemos que aún tenemos, ya que somos los pilares de nuestra sociedad y vemos vapuleados nuestros derechos por este tipo de gente que no es de nuestra ciudad, que no conoce o no quiere conocer cuáles son los problemas cotidianos por lo que pasamos para poder solucionarlos, que se olvida de lo que vino a cumplir".

La situación descrita en los párrafos anteriores hace suponer a los jubilados que existe "un grave e innecesario riesgo de que Luján se quede sin su sede de PAMI".

Desacuerdo en el Concejo Deliberante

Conocida la noticia sobre la orden de desalojo que pesa contra la sede local de PAMI, el Concejo Deliberante elaboró dos proyectos, uno de comunicación y otro de resolución. Sin embargo, hasta el momento los ediles no lograron ponerse de acuerdo.

La iniciativa original fue elaborada por el princista Salvador Domingo Faro. Allí se proponía dirigirse a las autoridades de PAMI central para requerir "la implementación de medidas urgentes, consistentes, conforme informaciones verbales recibidas, en abonar los alquileres caídos y gastos de la demanda que ya tiene sentencia de desalojo y evitar su ejecución".

Además, se pedía que la intendenta Rosso interceda ante PAMI central para evitar el desalojo de la sede Luján y su eventual traslado a otro distrito.

Esta primera redacción no fue acompañada por el bloque oficialista, cuyo presidente no quiso poner su firma para que sea aprobado a referéndum.

Ante la negativa, el edil vecinalista Oscar Luciani propuso una nueva redacción del articulado. Esta vez el oficialismo estuvo dispuesto a poner su rúbrica, pero desde el princismo se negaron a la modificación.

Mientras oficialistas y princistas continúan sin ponerse de acuerdo, la orden de desalojo de PAMI sigue vigente.

"Seguimos sin novedad"

La orden de desalojo del PAMI local continúa su curso, y por el momento se mantiene en suspenso debido a la feria judicial que se extenderá hasta fines de este mes. Pasan los días y desde la obra social siguen sin alcanzar un acuerdo con Arezzo Automotores, la firma propietaria del inmueble donde funciona la UGL 32.

El viernes, el abogado de Arezzo, Roberto Ulloa, mantuvo una nueva reunión con las autoridades de PAMI central. En ese encuentro, desde el instituto se comprometieron para el lunes a firmar un contrato de alquiler. Pero todo quedó, como ya es costumbre, en el plano de las promesas.

El día pautado, Ulloa intentó comunicarse con las autoridades de la obra social, pero nadie contestó los reiterados llamados. Ayer, la mecánica resultó exactamente igual.

"Hasta ahora seguimos sin novedad. El abogado que está encargado del tema desapareció. El funcionario con el que hablamos la primera vez también desapareció de la escena y apareció un superior", dijo Ulloa a EL CIVISMO.

Desde enero, PAMI permanece en el inmueble con el contrato vencido. Desde ese mes, la institución adeuda el alquiler y, por mantenerse en el local con el acuerdo vencido, debe abonar una multa mensual. Si quiere resolver la situación, y evitar el desalojo, los responsables de PAMI también deberán abonar el alquiler del mobiliario y las costas del juicio iniciado por Arezzo Automotores.

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