PEDIDO DE HABEAS CORPUS PARA CASTAÑAREZ

La defensa de Luis Castañarez presentó un pedido de Habeas Corpus
Excma. Cámara de Garantías:

HUGO ENRIQUE LIMA, abogado al T.VI, F.99 legajo Previsional Nro: 4l807-2, CUIT Nro.20-l70079l7-6, como responsable inscripto en IVA, constituyendo domicilio legal en calle 9 de Julio 73, ante V.E. respetuosamente comparezco y digo:

1.- LEGITIMACION - OBJETO DEL ACTO – DOMICILIO

1.1- Que soy abogado defensor del Sr. LUIS CASTAÑAREZ, en los autos caratulados "CASTAÑAREZ LUIS HOMICIDIO CALIFICADO-", radicados ante el Tribunal en lo Criminal Nro. 1 de San Nicolás. A la fecha de interposición de esta acción, mi defendido se encuentra detenido.

1.2.- Que en el carácter invocado vengo, en tiempo y forma, de acuerdo con lo previsto por el artículo 406, segundo párrafo del CPP, a interponer formal petición de hábeas corpus a favor de mi defendido y en contra de la orden de detención emanada por el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 1de San Nicolás por sentencia no firme de fecha 19 de agosto de 2009, por la cual dispuso condenar al mencionado a la pena de dieciocho años de prisión por considerarlo autor responsable del delito de homicidio simple, ordenando su inmediata detención y revocando sin pedido de la fiscalía, ni del particular damnificado, ni que halla existido motivo alguno, motus propio, un beneficio de arresto domiciliario, que había obtenido en oportunidad de la etapa de instrucción de según lo previsto por art. 371, último párrafo del CPP.

1.3.- Que a los fines del presente trámite, constituyo domicilio en calle 9 de Julio 73, de la ciudad de San Nicolás.

2.- COMPETENCIA DEL TRIBUNAL – ADMISIBILIDAD IDONEIDAD DE LA VIA ELEGIDA

2.1.- Competencia de la Cámara de Garantías

Surte la competencia de V.E. para la presente petición, en virtud de lo dispuesto por el artículo 417, 2º párrafo del CPP: "Cuando el Hábeas Corpus se promueva contra una orden de detención, prisión preventiva u otra resolución dictada por un Juez o Tribunal, intervendrá la Cámara de Garantías departamental, a la que se le remitirán los antecedentes de lo actuado y copia certificada de la resolución impugnada dentro de las veinticuatro (24) horas de requeridos".

Por esta vía se impugna una orden de detención emanada de un Tribunal en lo Criminal, por lo tanto la Cámara de Garantías es el juez natural para entender en la misma.

2.2.- Admisibilidad

2.2.1.- El artículo 405 CPP (Ley 13.252), prevé que "la petición de Hábeas Corpus procederá contra toda acción u omisión que, directa o indirectamente, de modo actual o inminente, en forma ilegal o arbitraria, causare cualquier tipo de restricción o amenaza a la libertad personal".

El inciso 5º del mencionado artículo 405 presume que es arbitraria toda orden de detención "cuando proceda, en cualquier etapa del proceso, la excarcelación o la eximición de prisión y al imputado se le hubiere negado ese derecho"

2.2.2.- Que con fecha 6 de julio de 2009, el Tribunal en lo Criminal Nº 1 de la ciudad de San Nicolás, resolvió: "I) Condenar a mi defendido… como autor penalmente responsable del delito de homicidio simple 79 del CP, a la pena de Dieciocho años de prisión de efectivo cumplimiento…".

En la misma resolución el Tribunal dispuso: II) Ordenar la inmediata detención del encartado, oficiándose a tal fin a la UP3 ".

2.2.3.- Que en virtud de esa orden Castañarez se encuentra actualmente detenido.

2.2.4.- Concurren en el caso, pues, los supuestos legales que hacen admisible la petición de hábeas corpus: la privación de libertad arbitraria del imputado a partir del dictado de una sentencia no firme por parte del Tribunal Oral que varía sustancialmente, sin dar razón plausible para ello, la condición de arresto domiciliario de la cual venía gozando el imputado hasta ese momento.

2.2.5.- Por último, el artículo 417, último párrafo, dispone: "En aquellos supuestos en que por esta vía se impugne una detención, prisión preventiva u otra decisión emanada de un órgano judicial, la petición deberá contener, bajo sanción de inadmisibilidad, los motivos de agravio en que la misma se sustente".

En esta presentación se brindan los argumentos que la sustentan, con clara expresión de los agravios que la medida le causa a mi defendido.

Con esto, queda cumplimentado el requisito de admisibilidad exigido por la ley para este acto.

2.3.- Idoneidad de la vía elegida

2.3.1.- En cuanto a la idoneidad de la vía elegida, la ley 13.252 modifica el tercer párrafo del art. 405, posibilitando ahora accionar por el trámite del hábeas corpus frente a las órdenes que, con ilegalidad o arbitrariedad, hubieran negado el derecho a la libertad cuando la misma fuera procedente.

2.3.2.- El Tribunal en lo Criminal dispuso la detención de mi defendido por aplicación del artículo 371 CPP e invocando, sin que haya sido solicitado por el Ministerio Fiscal como único argumento, "la pena a imponerse y el peligro cierto de frustración del proceso" (a fs. 289).

2.3.3.- "En el supuesto normativo que nos ocupa y respecto de la posibilidad de tratar situaciones de excarcelación por la vía del hábeas corpus – ha dicho la Casación local – la limitación viene dada por el caudal de arbitrariedad o ilegalidad verificado a primera vista en la decisión restrictiva de libertad. Cuando los datos objetivos expresen un estándar de afectación constitucional suficiente para convertir en imprescindible la articulación de un remedio urgente y eficaz para el reestablecimiento de la legalidad o la imparcialidad, surgirá entonces la posibilidad de cuestionar el acto lesivo mediante acción de hábeas corpus; caso contrario, los remedios procesales ordinarios previstos en el ordenamiento adjetivo aparecerán como vías exclusivas y suficientes para el cuestionamiento de situaciones en las que se denuncie que un acto jurisdiccional lastima injustamente la libertad " (Tribunal de Casación Penal, Sala II, 6/2/2005, "O. F., H.D", LLBA, 2006-67).

2.3.4.- En la especie concurre ese caudal de ilegalidad o arbitrariedad para habilitar el remedio urgente y eficaz del hábeas corpus, toda vez que, como se verá más abajo, la decisión de ordenar la detención de Castañarez, se encuentra desprovista de toda fundamentación y se aparta del texto expreso del artículo 371 CPP.

Ello por las siguientes razones:

a) El imputado tiene un derecho adquirido al disfrute del beneficio del cual venía gozando hasta, por lo menos, el dictado de una sentencia condenatoria por un tribunal de segunda instancia, esto es, hasta el pronunciamiento definitivo por parte del Tribunal de Casación Penal (Cfr., doctrina del Tribunal de Casación Pena, Sala I, 26/02/2008, "G., G. D.; causa 19.817,"). Dicho derecho ha sido desconocido y conculcado con la orden de detención emanada del Tribunal Oral.

b) La medida carece absolutamente de motivación. En efecto, el Tribunal en lo Criminal no ha demostrado, conforme con las circunstancias y los antecedentes del caso, un aumento del peligro cierto de frustración del proceso que autoriza la imposición de la medida más gravosa (art. 371 CPP). Ello teniendo en cuenta que durante todo el proceso con un arresto domiciliario y en esa condición compareció a la audiencia del debate y a la lectura de la sentencia que lo condenó.

c) La medida no es proporcional ni razonable, ya que entre el elenco de medidas cautelares que podía aplicar el Tribunal optó, sin dar ninguna razón, por la más gravosa de todas, incluso al no tener antecedentes criminales, podría ser acreedor de una pena inferior.

2.3.5.- De allí que la privación de libertad impuesta por el Tribunal en lo Criminal sin otro fundamento que la pena seleccionada y el peligro de frustración de los fines del proceso – pero sin vincular esta afirmación con circunstancias comprobadas en la causa – es a todas luces arbitraria y lesiva del principio de inocencia, requiriendo, por su ostensible caudal de arbitrariedad, la inmediata intervención de la Cámara de Garantías a los fines de hacer cesar en forma urgente el estado de prisión que padece mi defendido.

2.3.6.- Que a raíz de la decisión impugnada se ha visto conculcado el derecho "del justiciable a permanecer en libertad durante el proceso y hasta tanto medie sentencia firme. Esto con fundamento en el estado de inocencia del que goza todo ciudadano (arts. 1, 144 y cc. C.P.P.; art. 18 C.N.; art. 7°, incs. 1° y 2°, CADH.; art. 9°, inc. 1°, PIDCP.), como también en la necesidad, nacida de la justicia y de la penología, de evitar que un procesado agote parte o toda la sanción impuesta, previo al dictado de una sentencia firme, a través de una detención (punitiva) anticipada.

Tal la postura asumida por el Tribunal de Casación que se enlista en la idea, compartida por la doctrina patria, de que la prisión preventiva configura excepción a la prenotada regla, cuya "ratio essendi" es impedir que el agente eluda la acción de la justicia o entorpezca la investigación (conf. arts. 146, inc. 3° C.P.P.; arts. XXV primera parte DADDH; art. 29 inc. 2° DUDH.; arts. 7°, 2 y 5 CADH; art. 9°, incs. 1° y 3°, PIDCP.)" (Tribunal de Casación Pena, Sala I, 26/02/2008, "G., G. D.; causa 19.817")..

2.3.7.- Que pido, de acuerdo con lo expresado, se haga lugar a la petición y se ordene la restitución del beneficio del que venía gozando, sin perjuicio de que el Tribunal competente pueda disponer, oportunamente, otras medidas cautelares menos gravosas para la consecución de los fines del proceso.

3.- FUNDAMENTO DEL HABEAS CORPUS - AGRAVIOS

3.1. Método

En este tópico se desarrollan los motivos que hacen procedente la acción de hábeas corpus.

3.1.1.- En primer lugar, se exponen objetivamente los antecedentes de la causa relativos a la conducta procesal mantenida por el imputado hasta el momento de su detención, a los fines de que V.E. pueda contar con los elementos que demuestran la ausencia de riesgo procesal y que tal situación no ha variado con la sentencia.

3.1.2.- En segundo lugar, se centra la atención en la resolución del Tribunal a los fines de demostrar que se trata de una medida ilegal y arbitraria, dispuesta sin fundamento legal y sin que se hayan expresado los motivos por los cuales los jueces afirman que, en el caso, existe el riesgo procesal que invocan.

3.2.- Circunstancias del proceso relativas a la libertad del imputado.

3.2.1. Conducta procesal de Castañarez durante la IPP

3.2.1.1.- Castañarez, fue acreedor de un beneficios de arresto domiciliario, con salidas laborales, que ha cumplido a la perfección, conforme surge del informe del patronato de liberados

3.2.2.- Conducta de Pintos durante el juicio

3.2.2.1.- El imputado compareció a la audiencia de debate, y al veredicto, y a cuanto acto le fuera requerido

3.3.- Arbitrariedad e ilegalidad manifiestas de la detención. Ausencia de riesgo acreditada. Existencia de medios menos gravosos: violación al principio de proporcionalidad.

Como se ha visto, el Tribunal en lo Criminal dispuso la detención de mi defendido por aplicación del artículo 371 CPP e invocando, como único argumento, "la pena a imponerse y el peligro cierto de frustración del proceso" (a fs. 289).

Se trata de una medida arbitraria e ilegal porque desconoce las condiciones que el texto expreso de la propia ley invocada por el Tribunal, exige para la imposición o el agravamiento de una medida cautelar.

Apartándose, incluso, de la interpretación que de dicho texto ha hecho la Casación local, los jueces han ordenado la privación del beneficio, sin dar razón plausible para ello y sin que hubieran variado las condiciones por las que le fuera otorgada al inicio del proceso.

3.3.1.- La sola sentencia condenatoria a pena de cumplimiento efectivo no justifica la detención

3.3.1.1.- Desde que no existen – como se verá más abajo - , razones expuestas por el tribunal que hagan presumir un aumento de los peligros procesales, es dable suponer que los jueces han entendido que el solo hecho de imponerle a mi defendido la pena de dieciocho años de prisión de cumplimiento efectivo, era un motivo más que suficiente para tener por configurado el riesgo al que se alude en esa resolución.

3.3.1.2.- A favor de esta idea podría argumentarse que el peligro de sustracción a la acción de la justicia arrecia cuando mayor es la certeza de ser destinatario de la sanción. Y esto sucedería con el dictado de la sentencia condenatoria.

Sin embargo, conforme con los Pactos Internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 CN), la jurisprudencia de la Corte Americana de Derechos humanos y de la Corte Suprema de la Nación a partir del caso Giroldi y el más reciente Casal, el imputado tiene derecho a la revisión del fallo por parte de un tribunal superior, esto es a una segunda instancia; siendo ésta la del recurso de casación.

Se trata de una exigencia de orden constitucional que, obviamente, condiciona el dictado de la prisión preventiva después de una sentencia condenatoria a que se hayan agotado las dos instancias necesarias para satisfacer el estándar de revisión impuesto por la Constitución y por las leyes dictadas en su consecuencia.

Por ello, el Tribunal en lo Criminal no se encuentra de ningún modo habilitado para imponer una agravación en la detención, por el solo hecho de haber dictado una condena de cumplimiento efectivo, sin que se haya verificado un aumento cierto de peligro de frustración del proceso. Dicho de otro modo, la verificación del aumento de peligro no puede basarse en esa condena porque el principio de inocencia le concede al imputado, aún, el derecho a que ese fallo sea revisado por un superior.

3.3.1.3.- Esta es la doctrina que emana de la casación local que si bien no acepta, por mayoría, la inconstitucionalidad del art. 371, último párrafo del CPP, condiciona su aplicación, empero, a que se haya transitado, necesariamente, la segunda instancia.

Así se dijo que "en el curso de las instancias a que el procesado tiene derecho a transitar, la presunción de inocencia operará en plenitud y sólo con el dictado de la segunda sentencia ella quedará comprometida por un pronunciamiento judicial que, aun cuando sea todavía impugnable, a la luz de la Constitución será bastante para tener por satisfecho el "derecho a la jurisdicción".

En definitiva, en aquellos casos de libertades provisorias otorgadas luego de la vigencia del dispositivo de que se trata (id est: la ley 13.260 o su inmediata antecesora, ninguna restricción que tenga base en su texto podrá hacerse hasta transcurridas dos instancias. En las otorgadas con el dispositivo originario del Código, la restricción no podrá operarse hasta el momento en que la sentencia pase en autoridad de cosa juzgada, toda vez que el encartado tendrá un derecho adquirido, tal como lo ha proclamado la jurisprudencia de esta sede casatoria (Sala III, sent. del 25/10/01 en causa 4805, "Azúa Pino" (Tribunal de Casación Pena, Sala I, 26/02/2008, "G., G. D.; causa 19.817,", voto concurrente del Dr. Biombo).

3.3.1.4.- En la especie, la sentencia no está firme, se hará reservas de recurrir en casación – como surge de la copia del escrito presentado ante el Tribunal en lo Criminal y el plazo para hacerlo de 20 días se encuentra vigente en su plenititud, razón por la cual y de acuerdo con lo dicho, el imputado que defiendo tiene derecho a transitar la segunda instancia en idénticas condiciones a como lo venía haciendo hasta el momento de dictarse la sentencia en el juicio oral y la orden que aquí se cuestiona.

3.3.1.5.- Así las cosas, es evidente que el solo hecho de la imposición de una pena de cumplimiento efectivo, no autorizaba al Tribunal, sin pedido del ministerio fiscal ni del particular damnificado, a privar a Castañarez de su beneficio sin que, en el caso, se argumentaran o demostrara la existencia de otras circunstancias que permitieran verificar un aumento del riesgo de frustración de los fines del proceso.

3.3.2.- La orden de detención es arbitraria pues carece de toda motivación y proporcionalidad.

3.3.2.1.- Condiciones para la aplicación o agravamiento de una medida de coerción según el artículo 371 CPP

3.3.2.1.1.- - Sin perjuicio de lo dicho, habiendo quedado demostrado que el peligro al que el tribunal alude no puede sostenerse en la sola circunstancia del dictado de una sentencia condenatoria de cumplimiento efectivo, la decisión de detener a Castañarez se encuentra huérfana de toda otra motivación y, por ende, es de una manifiesta arbitrariedad.

3.3.2.1.2.- Sobre el punto se ha dicho que si bien el artículo 371 del Código Procesal Penal, en su párrafo final, establece la posibilidad de que el Tribunal disponga una medida de coerción, agravar la aplicada o aumentar las condiciones a que se encuentre sometida la libertad del imputado; aún cuando el fallo no se hallare firme", ello debe hacerse con fundamento en el aumento verificado de peligro cierto de frustración del proceso (Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala III, 16/10/2007, causa Nro. 29065"L. T., N. G.", LL, 2008-A-326).

De ello se sigue que el artículo 371 CPP no le impone al Tribunal la obligación de detener al imputado tras el dictado de una sentencia condenatoria. Tampoco le otorga una potestad reservada a su solo arbitrio. Por el contrario, la ley faculta a los jueces que han dictado la condena a disponer o agravar una medida de coerción – cualquier sea ésta -, supeditando la medida a dos condiciones. Por un lado, a la verificación de un aumento cierto de los peligros procesales y, por el otro, a la proporcionalidad entre ese aumento y la medida que se pretende imponer (Cfr., Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de San Isidro, Sala I., 16/08/2007, "Carrascosa", LL, 2007-F-223 y doctrina de la Sala III del Tribunal de Casación cit.).

3.3.2.1.3.- En la especie la decisión impugnada no observa ninguna de esas condiciones.

Por una parte, sin haber variado la situación de hecho que, oportunamente, el Juez de Garantías tuvo en cuenta para mantener la libertad del imputado (peligro de fuga y de entorpecimiento – fs. 51 vta.) y tras haberse tramitado todo el proceso con la asistencia de Castañarez ante los estrados judiciales cada vez que fue requerido, el Tribunal dispuso una agravación de la detención sin fundamento alguno, pretendiendo sostenerla en una fórmula meramente dogmática: la pena a imponerse y el peligro cierto de frustración del proceso", pero sin demostrar, en el caso concreto, la existencia o aumento de tal peligro, fundado en la concurrencia de circunstancias objetivas comprobadas por los jueces.

Por otra parte, tampoco se explica en el fallo por qué, entre el elenco de medidas de coerción existentes en la ley procesal, el Tribunal optó por la más gravosa. Se verifica, de esta manera, una clara lesión al principio de proporcionalidad previsto expresamente en el artículo 371 con el cual se pretende legitimar la medida.

3.3.2.2.- Falta de motivación

3.3.2.2.1.- La afirmación contenida en la sentencia sobre el peligro cierto de frustración del proceso se encuentra desprovista de toda motivación.

El Tribunal no menciona, en efecto, cuáles son las razones que lo incitan a sostener que, en el caso, tal peligro existe. En la resolución se omite toda consideración al respecto; como también se omite toda referencia a nuevas circunstancias que, a juicio de los jueces, verifican un aumento de peligro cierto de frustración del proceso" (art. 371 CPP).

Es que la ley no deja librada la ponderación de este extremo al leal saber y entender de los jueces. Al contrario, el artículo 371 se refiere a un "aumento verificado", esto es demostrado por quien impone la medida. Ello obliga a los magistrados a exponer las circunstancias objetivas incorporadas al proceso, de las cuales derivan la conclusión de que el riesgo procesal se ha intensificado respecto de la situación existente hasta ese momento. De otro modo – tal como sucede en la especie -, los motivos que han tenido los jueces para ponderar el riesgo que invocan, quedan reservados a su más íntima convicción y escapan a todo control. Y una decisión incontrolable es, ciertamente, arbitraria.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que "la obligación que incumbe a los jueces de fundar sus decisiones…, tiende a documentar que el fallo es derivación razonada del derecho vigente conforme con las circunstancias acreditadas en la causa, y no producto de la individual voluntad del juez. Expresó también que la exigencia de que los fallos judiciales tengan fundamentos serios, reconoce raíz constitucional y tiene, como contenido concreto, el imperativo de que la decisión se conforme a la ley y a los principios propios de la doctrina y de la jurisprudencia (cit. por Carrió, Genaro, El recurso extraordinario por sentencia arbitraria, Abeledo – Perrot, 1967, p. 232).

3.3.2.2.2.- Ahora bien. En la sentencia se afirma el peligro cierto de frustración del proceso sin que los jueces hayan tenido en cuenta la conducta de sometimiento voluntario de cliente a la Investigación penal preparatoria, primero, y a la jurisdicción del Tribunal Oral, después.

3.3.2.2.3.- Como se ha visto, mi defendido compareció personalmente a todos los requerimientos efectuados por el Tribunal, ya sea para imponerse de determinados actos procesales o para la realización de los mismos. En ningún momento la actuación de la justicia se vio impedida u obstaculizada por la acción del imputado; sino que al contrario, éste se mostró obediente de las resoluciones judiciales, incluso con aquellas que le impidieron tener contacto con su hija.

3.3.2.2.4.- De la sentencia, se desprende que el tribunal modificó la carátula de homicidio calificado a simple y resulta arbitrario que a pesar de carecer de antecdentes, imponga na pena de 18 años.-

3.3.2.2.5.- El día de la audiencia del debate se hizo presente en la sala y no hay una sola mención en todo el expediente ni en la sentencia, que haga alusión a entorpecimientos u obstáculos para la consecución de los fines procesales, ocasionados por la conducta de éste o derivados de un inapropiado ejercicio de su defensa material o técnica.

3.3.2.2.6.- Pero si bien la conducta seguida hasta ahora no da pie para extraer de ella ninguna situación de riesgo procesal, sí hay un aspecto que permite inferir lo contrario pues demuestra, por sí solo, la inexistencia de todo riesgo de frustración de los fines del proceso por parte del imputado que defiendo. Pintos, en efecto, compareció a la lectura de la sentencia condenatoria, aún cuando corría peligro cierto de ser detenido en ese acto, como efectivamente sucedió.

3.3.2.2.7.- De este manera, la resolución que ordena la revocación del beneficio no tiene en cuenta y omite considerar circunstancias ciertas y comprobadas de la causa que permiten inferir el sometimiento de Castañarez no sólo al accionar de la Justicia sino a la pena que eventualmente pudiera caberle.

3.3.2.2.8.- Pero también omite explicar por qué y de qué modo, tiene verificado un aumento cierto de riesgo procesal que justifique la medida.

Desde los más altos estrados judiciales de la Provincia, se ha señalado que si bien el juzgador puede presumir los riesgos de fuga o entorpecimiento probatorio a partir de ciertos datos objetivos – art. 148 CPP -, "bajo ninguna razón o amparo normativo puede abstraerse de explicar y fundamentar cómo determinada hipótesis conlleva la verificación de los extremos de fuga o entorpecimiento o peligros procesales, pues esta constatación importa el único argumento merced al cual puede excepcionar la norma rectora de la libertad (Tribunal del Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Sala II,12/05/2005, causa 18570, "Chaín", voto del Dr. Manzini).

3.3.2.2.9.- El Tribunal en lo Criminal parece entender – como ya se dijo - que la sentencia condenatoria aumenta el riesgo cierto de frustración del proceso cuando en realidad es al revés. Así lo ha manifestado el Dr. Sal Llargués en su voto emitido en el caso anteriormente mencionado: "Si la detención durante el proceso en virtud de esta máxima – se refiere al principio de inocencia -, sólo puede reconocer la existencia de peligros procesales, la detención cuando ya media un fallo que recoge la prueba que ya ha sido producida, no tiene razonable ni legal aplicación. Si, en cambio, la detención se ordena por eventuales dificultades posteriores para hacerse del imputado, ello importa una no menos eventual incapacidad del Estado, en cabeza de un procesado" (Tribunal del Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Sala II,12/05/2005, causa 18570, "Chaín", voto del Dr. Sal Llargués).

3.3.2.2.10.- De todo lo dicho se desprende que la resolución que se cuestiona termina privando del beneficio, sin brindar ninguna razón para hacerlo y desconociendo las constancias acreditadas en la causa en cuanto al comportamiento procesal del imputado y sin haber verificado, en base a elementos de convicción objetivos y controlables, un aumento cierto del riesgo procesal que dogmáticamente invoca. De allí su manifiesta arbitrariedad.

3.3.2.3.- Irrazonabilidad manifiesta de la medida. Violación al principio de proporcionalidad.

3.3.2.3.1.- Como ya lo hemos señalado, el artículo 371, último párrafo sujeta la aplicación o el agravamiento de la medida de coerción a la observancia del principio de proporcionalidad. Así lo dice expresamente el texto de la ley: "Cuando el veredicto fuere condenatorio y correspondiere la imposición de una pena privativa de la libertad de efectivo cumplimiento, el Tribunal podrá disponer una medida de coerción, agravar la aplicada o aumentar las condiciones a que se encuentre sometida la libertad del imputado; aún cuando el fallo no se hallare firme y en proporción al aumento verificado de peligro cierto de frustración del proceso" (art. 371).

3.3.2.3.2.- La observancia del principio de proporcionalidad exige que los medios utilizados por los jueces para la obtención de determinados fines – en este caso, la aplicación o agravamiento de una medida de coerción para evitar la frustración del proceso -, no aparezcan como infundados o arbitrarios, es decir, no proporcionados a las circunstancias que los motiva y a los fines que se procura alcanzar con ellos (Cfr, Linares Quintana, Segundo V., Reglas para la interpretación constitucional, Plus Ultra, Bs.As., 1988, &257, p. 128).

3.3.2.3.3.- En la especie, sin embargo, el Tribunal en lo Criminal, sin haber ponderado las circunstancias del caso, la comparecencia permanente de Castañarez a los tribunales, la existencia de un pronunciamiento no firme y, por ende, su condicionalidad a una instancia revisora, aplicó, sin más, la medida más gravosa entre el catálogo de todas las previstas por el ordenamiento procesal.

Es que el art. 317 no dice que el imputado debe quedar detenido en el caso de una sentencia condenatoria, sino que el Tribunal podrá aplicar una medida cautelar la cual debe ser proporcional con el aumento del riesgo.

En el caso, esa ponderación exigía tener en cuenta que Castañarez gozaba de un beneficio y que no mereció cuestionamiento de la fiscalía. La medida impuesta aparece, pues, arbitraria e innecesaria Se vulnera, de este modo el estado de inocencia de mi cliente y se lo pone a cumplir la pena anticipadamente cuando todavía le resta transitar una instancia a la cual tiene derecho conforme con la Constitución y los Tratados internacionales sobre Derecho Humanos suscriptos por el país.

"En dicha inteligencia – se ha dicho – la prisión preventiva puede ser aplicada cuando se demuestra la ineficacia de cualquier otra medida cautelar menos gravosa con el fin de evitar un peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación fehacientemente comprobado. Por lo tanto, el establecimiento de la prisión preventiva en la presente, donde no se han probado tales extremos y se ha efectuado una arbitraria valoración del aumento de los peligros procesales como así también del medio coercitivo, deviene irrazonable y desproporcionado".

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación exhortó a los jueces a "ponderar adecuadamente la necesidad de mantener la detención, o bien, dispongan medidas de cautela o formas de ejecución de la pena menos lesivas, sobre la base del contenido de penosa irreparabilidad que esta significa en virtud de las actuales condiciones en las cuales se encuentran las cárceles" (Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de San Isidro, 16/08/2007, "Carrascosa", LL, 2007-F-223).

3.3.2.4.- Conclusión

De todo lo expuesto se sigue que la medida de detención ordenada por el Tribunal en lo Criminal es ilegal, arbitraria e irrazonable, ya que se encuentra desprovista de todo fundamento, desconoce las circunstancias de la causa y no guarda proporcionalidad con el aumento de riesgo procesal operado en virtud de la sentencia condenatoria.

Por todo ello, deberá hacerse lugar a esta petición de hábeas corpus y ordenarse la restitución del beneficio que venía cumpliendo a la perfección.-

4.- CUESTION CONSTITUCIONAL – RESERVA DE CASO FEDERAL

4.1.- La decisión del Tribunal en lo Criminal que cuestiono por esta vía implica la violación al principio de inocencia y al debido proceso legal puesto que de manera arbitraria, ilegal y desproporcionada, suprime la libertad de la cual venía gozando el imputado, sin dar razón plausible para ello y sin que concurran circunstancias que verifiquen un aumento del riesgo procesal (art. 18 CN).

4.2.- El fundamento constitucional básico que debe iluminar a los jueces en estas cuestión es que la ley fundamental impide que se trate como culpable a la persona a quien se le atribuye un hecho punible, mientras el Estado, por medio de los órganos judiciales establecidos para exteriorizar la voluntad en esta materia, no pronuncie la sentencia penal firme que declare su culpabilidad y lo someta a una pena (confr.: Maier Julio B. J. "Derecho Procesal Penal", Bs. As. Ed. Editores del Puerto, 1999, T. I, 2ª edición, 1° reimpresión, p. 490).

Ello es así, por cuanto el art. 18 de la Constitución Nacional dice que "nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso". Esto de que nadie será penado sin juicio previo ha dado pie a que se le asigne a la llamada presunción de inocencia jerarquía constitucional. El argumento sería éste: puesto que sólo después de un juicio alguien puede ser declarado culpable, previo a ese momento toda persona debe recibir el trato de inocente (confr.: Carrió Alejandro, "La libertad durante el proceso penal y la Constitución Nacional -una relación cambiante y difícil", Editorial Abeledo Perrot, Bs. As., 1988, pág. 13).

Así se ha pronunciado nuestro más Alto Tribunal, señalando "que cuando el art. 18 de la C.N. dispone categóricamente que ningún habitante de la Nación será penado sin juicio previo, establece el principio de que toda persona debe ser considerada y tratada como inocente de los delitos que se le imputan hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme. Así lo entendió esta Corte en un viejo precedente de 1871, al decir que '...es también un principio de derecho que todo hombre se reputa bueno, mientras no se le prueba lo contrario' (Fallos: 10:338), axioma que tiempo después acuñó en la definición de 'presunción de inculpabilidad' (Fallos: 102:219 -1905-)" (confr.: C.S.J.N. causa N.284 XXXII "Nápoli, Erika Elizabeth y otros s/infracción art. 139 bis del C.P.", rta. el 22 de diciembre de 1998, considerando 5°).

En esta línea de pensamiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha manifestado que "la excarcelación procede como garantía constitucional y no como simple concesión de la ley de forma (Fallos: 7:368; 16:88; 54:264; 64:352; 102:219 y 312:185), y que las normas procesales dictadas por el Congreso de la Nación en esa materia son inmediatamente reglamentarias del derecho consagrado por el art. 18 de la Constitución Nacional (causa: R.324 XXIII, "Rodríguez Landívar, Blanca Sofía s/incidente de excarcelación", del 6 de agosto de 1991).

Esta última afirmación equivale a señalar que como correlato de este estado de inocencia, surge el derecho de la persona a gozar de libertad durante el proceso, que tiene jerarquía constitucional (Fallos: 314:451, considerando 2°) (Cfr. Cámara Nacional de Casación Penal, 30/10/08, "Diáz Bessone", LL, 2008-F-420, voto del Dr. David).

4.3.- Conforme con ello surge clara la afectación a las normas constitucionales invocadas razón por la cual dejo introducida la presente cuestión constitucional, haciendo reserva del caso federal del art. 14, inc. 3ª de la Ley 48.

5.- PETITUM

Por lo expuesto a V.E. pido:

a) Me tenga por presentado, por parte, con el domicilio legal constituido.

b) Por articulada esta petición de hábeas corpus a favor de Luis Castañarez.

c) Oportunamente y previos los trámites de ley, haga lugar al pedido ordenando la inmediata libertad del mencionado.

d) Tenga presente la cuestión constitucional y la reserva del caso federal.

SERA JUSTICIA.-

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