PEDIDO DE DESAFUERO PARA DOS JUECES MISIONEROS AÚN NO LLEGÓ AL JURADO DE ENJUICIAMIENTO

El Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados de Misiones no recibió hasta el miércoles el pedido de desafuero de los jueces de Instrucción Horacio Enrique Gallardo y José Luis Rey, para que declaren en la causa por el espionaje telefónico que realizaba el ex comisario de la Policía Federal Ciro James.
El juez federal Norberto Oyarbide, quien lleva adelante la investigación había anunciado el pasado lunes que remitió a Misiones el pedido de desafuero para poder detener e indagar a los magistrados misioneros, que no concurrieron a dos citaciones anteriores. El juez Oyarbide considera que Rey y Gallardo forman parte de una organización que se dedicaba a realizar escuchas a dirigentes, políticos, abogados y empresarios pero aún no dejó en claro quién o quienes se beneficiaban con esas maniobras. Concretamente, el juez porteño sospecha que los jueces misioneros eran los encargados de darle el paraguas legal a las escuchas que se realizaban a través de Observaciones Judiciales de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Lo cierto es que el escándalo va creciendo y parece no tener fin. Este jueves el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri dará una conferencia de prensa para hablar sobre las escuchas hata el momento "legales". Es que los dos jefes de la recientemente creada Policía Metropolitana están involucrados en la causa. Además todo indica que Macri habría tenido al menos por terceros relación con el detenido espía Ciro James.

Los pedidos de intervención telefónica fueron realizados en Misiones por el oficial auxiliar Gastón Guarda, el comisario inspector Raúl Rojas, el comisario inspector David Amaral, el comisario mayor Rubén Quintana y el comisario general Antonio César Fernández. Desde la Policía de Misiones habían autorizado a Ciro James a retirar los casetes de la Side para luego remitirlos a la provincia.

La relación de los policías misioneros Guarda y Rojas se remonta a 2005, cuando realizaron un procedimiento conjunto. A partir de ese momento comenzaron a intercambiar información y el policía porteño aportó los datos que permitieron detener en Buenos Aires a una mujer que era intensamente buscada por el homicidio de una anciana.

Cuando el escándalo por las escuchas estalló, estos dos policías declararon ante la Justicia de Misiones y dijeron que los números telefónicos intervenidos les habían sido facilitados por James, quien les dijo que podría servirles para dar con el prófugo Pedro Antonio Figueredo, buscado por el asesinato del contador José María Piccoli.

En tanto y ante la falta de respuesta al pedido de autorización para el traslado, el juez de Instrucción Fernando Verón postergó la indagatoria del ex comisario de la Policía Federal, Ciro Gerardo James, quien está procesado por el espionaje telefónico que sufrieron el dirigente judío Sergio Burstein, el empresario Carlos Ávila y otras personas más.

Fuentes judiciales dijeron que Verón esperó hasta última hora una respuesta del juez federal Norberto Oyarbide, a disposición de quien se halla alojado James en el penal de Marcos Paz. El magistrado porteño no vería con buenos ojos que el traslado se realice por vía terrestre, como planeaba hacerlo la Policía de Misiones. Teme que el espía se fugue.

Verón tiene previsto insistir con su pedido la semana próxima porque considera importante indagar a James, quien aparece como el autor intelectual de la maniobra que puso en jaque a dos jueces de Misiones.

Es que los policías misioneros dijeron que fue el ex comisario quien les aportó los números de teléfonos a intervenir, ya que podría llevarlos hasta el prófugo Pedro Antonio Figueredo, buscado por el homicidio del contador José María Píccoli.

Por su parte la Cámara alta de la NAción aprobó un proyecto de repudio a las escuchas, una iniciativa que fue impulsada por los senadores Daniel Filmus (Frente para la Victoria) y Samuel Cabanchik (Coalición Cívica). "Esta circunstancia afecta no solo los derechos y garantías constitucionales de los afectados, sino el funcionamiento de los propios poderes públicos y no puede permitirse ni tolerarse", aseguró el legislador PJ.

Filmus señaló que "esta situación de espionaje, que ha adquirido ribetes grotescos, por la torpeza e impunidad con que evidentemente se practicaban, resultan inaceptables en un estado de derecho" y agregó que "nos remiten a un pasado oscuro de la Argentina".

"Esta circunstancia afecta no solo los derechos y garantías constitucionales de los afectados, sino el funcionamiento de los propios poderes públicos y no puede permitirse ni tolerarse.

"Debemos alcanzar la verdad haciendo responsables a los funcionarios o empleados públicos que estuviesen involucrados", expresó el senador.

La iniciativa manifiesta que las escuchas realizadas al titular de "Familiares de Víctimas del Atentado contra la AMIA, Sergio Burstein, a legisladores, funcionarios, empresarios y particulares son hechos que resultan una violación a la Constitución Nacional, a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscriptos por nuestro país, al Código Penal y a las leyes de Seguridad Interior y de Inteligencia Nacional, entre otras normas.

Asimismo expresa su interés por un completo esclarecimiento de los hechos y la aplicación de las máximas sanciones penales que correspondieran a los responsables.

Por su parte el ex jefe de la policía metropolitana, Jorge "Fino" Palacios, declaró durante más de tres horas ante el juez federal Oyarbide, se consideró "inocente" frente a las acusaciones por espionaje y fue trasladado a la cárcel de Marcos Paz. "Desconozco", respondió el detenido ex jefe de la Policía Metropolitana cuando se le preguntó quién estaba detrás o las razones del espionaje telefónico al familiar de víctimas de AMIA Sergio Burstein al negar cualquier participación en el hecho, según la declaración a la que accedió Télam.

Tras ser detenido la noche del martes luego de presentarse al juzgado federal de Comodoro Py 2002, el ex jefe de la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal pasó la noche en la comisaría 46 y a las 14.05 ingresó al despacho del secretario de Oyarbide, Gustavo Russo.

A las 17.20 y tras aceptar declarar y responder las preguntas del fiscal federal Alberto Nisman se retiró esposado y bolso en mano rumbo a la cárcel de Marcos Paz, donde quedó alojado en el pabellón destinado a miembros de fuerzas de seguridad.

En ese penal también está alojado el detenido con prisión preventiva por el espionaje Ciro James, a quien Palacios reiteró el miércoles conocer y recibir llamados de manera "esporádica".

"Niego tener ninguna vinculación con la intervención telefónica a que se hace referencia", expresó en su declaración.

Palacios, de 60 años y con 35 de carrera en la Federal, afirmó que conoció al detenido espía Ciro James en el 2003 durante un operativo de secuestro de armas hecho por su área y que trabajó con él hasta 2004.

"Era un subalterno mío, lo conocí en ocasión de ser Superintendente de la Policía Federal", agregó sobre el acusado de haber intervenido en la trama que llevó a escuchar ilegalmente a Burstein y al empresario Carlos Ávila, entre otros.

Para lo único que el comisario retirado se mostró más locuaz fue para cuestionar de manera espontánea la manera en que James recibió por parte de la SIDE las cintas con las grabaciones de escuchas pedidas por el juzgado de Misiones.

Palacios remarcó que fue "subalterno" suyo hasta el 2004 y en lo básico se remitió a una presentación espontánea escrita hecha el lunes último.

"Deseo expresar que en el marco de la causa Ciro Gerardo James ha expresado que no cuenta con credencial de la Policía Federal y que la SIDE debió pedirle la credencial a James cuando se presentó a retirar escuchas".

"Desconozco", respondió cuando el fiscal federal Alberto Nisman le preguntó sobre viajes de James a la Triple Frontera.

Palacios dijo creer "que James se presentó en tres oportunidades en el edificio del Ministerio de Justicia y Seguridad (de la Ciudad de Buenos Aires), aproximadamente, en esas ocasiones se entrevistó" con él.

Según el comisario, fue uno de los tantos que fueron a verlo para ingresar a la Metropolitana y que habían pertenecido antes a la Federal.

"James nunca prestó servicios en Boca Juniors", respondió ante otra pregunta de Nisman y adjudicó esa versión que "es solamente periodística" a "un dirigente de la oposición interna de Boca Juniors a Mauricio Macri".

Palacios afirmó vivir de sus ingresos como policía retirado y de los obtenidos en su empresa de seguridad "Strategic Security Consultancy SRL".

Además, recordó estar procesado por "encubrimiento" de la llamada pista siria en el atentado a la AMIA.

El detenido se negó a declarar sobre el entrecruzamiento de llamados que lo vincula a James, pidió "tiempo" par analizarlo y por ello la semana próxima pedirá ampliar su indagatoria, luego que mañana sus abogados Diego Richard y Manuel Maria Becar Varela retiren la causa entera.

Palacios quedó imputado como partícipe necesario de "intervención indebida de comunicaciones y falsificación de documento público" a raíz de las actas de escuchas telefónicas emanadas del juzgado de Misiones.

El acusado negó conocer a los dos jueces de Posadas involucrados en la causa por haber autorizado las escuchas, Horacio Gallardo y José Luis Rey.

"Nunca fui a Posadas", remarcó Palacios y recordó que cuando estaba en la DUIA viajaba a Foz de Iguazú, a la zona de la Triple Frontera, en el marco de la investigación del atentado a la AMIA.

Allí trataba con el "juez federal de El Dorado Achiro Doi", a quien nunca conoció personalmente según remarcó y sólo investigaba delitos federales, no comunes.

Las escuchas ilegales fueron ordenadas por los jueces de Posadas en el marco de una causa por el crimen de un odontólogo, José María Piccoli, con la excusa de obtener datos sobre un prófugo por este hecho.Vox Populi - El Diario Digital de Misiones, Argentina.

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