Pedicone pide que se supere la mezquindad

La decana de la Unsta aguarda el diálogo. Advierte sobre las exigencias de la Carta Magna Nacional a las autonomías provinciales. Propone que se abra una instancia en la Legislatura. EN EL LIMITE. Las vacantes en los tribunales preocupan a catedráticos.
“En Tucumán vamos marcha atrás: en vez de mejorar el mecanismo de selección de jueces, llegamos a un lugar donde nadie sabe dónde estamos parados y no hay respuestas instituciones ni legales a esta situación”, planteó la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad Santo Tomás de Aquino, Gilda Pedicone de Valls.

La catedrática señaló que el sistema anterior del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), suprimido al asumir José Alperovich (“estaba precariamente conformado por un decreto”, admitió), se reflotó de un modo muy poco feliz en la reforma porque se dejó su integración en manos del Poder Ejecutivo, con lo que se avalaban las viejas prácticas de elegir a dedo. Este régimen fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, lo que sumado a las masivas jubilaciones de jueces, puede llegar a perjudicar el servicio de Justicia, a criterio de la ex fiscal de Estado en la gestión de Antonio Bussi (1995-1999).

“La Carta Magna Nacional, en su artículo 5, determina que una de las condiciones de la autonomía provincial es asegurar la administración de Justicia. No sería deseable que Tucumán se encontrase en una afectación de esta condición indispensable. En este momento hay un riesgo mínimo de llegar a ese extremo; espero que los poderes políticos quieran encontrar una solución”, explicó. Añadió que, atento al texto de la vigente Ley Orgánica de Tribunales, el tema está hoy resuelto transitoriamente porque prevé la cobertura de cargos vacantes mientras se tramite la designación del titular en propiedad.

Defectos

Sin embargo, aclaró que este régimen no es el óptimo, ya que cada acefalía es cubierta por otro juez, quien debe trabajar simultáneamente en varios despachos. Esa realidad se agravará con los retiros previstos, que llevaría a una triplicación o cuatriplicación del trabajo. Por ello, consideró que estas subrogancias deberían tener una duración máxima de tres a seis meses, y que se debe pensar en un diseño distinto para atender a las vacancias más largas. Como ejemplo, mencionó las existentes y las que vendrán hasta que se defina el proceso judicial sobre la reforma de 2006 o la convocatoria a una nueva modificación de la Ley Fundamental para rediseñar el CAM.

Pedicone de Valls advirtió que la principal preocupación debe ser atender a las necesidades de los justiciables, que se encuentran con un juez sobrecargado de tareas: “el nivel de litigiosidad es alto; la Justicia ya funcionaba bastante lentamente con todos trabajando y hoy, con las renuncias, por más que haya un buen equipo de secretarios y empleados, se retrasó. En algún punto, hay jueces que firman resoluciones como autómatas, escritas por los secretarios y a partir de la confianza plena que tienen en ellos; carecen de los tiempos de meditación que debe tener el dictado de una sentencia”.

“La salida debe ser consensuada. Hay una especie de mezquindad política respecto de quién le pide qué a quién. Deben dejar de lado esas conductas y empezar a discutir entre los responsables de los tres poderes del Estado. La Legislatura es el espacio adecuado para hacerlo sensatamente, sin maternidades ni paternidades sobre ningún proyecto. Este Poder Judicial enfermo, que goza de bastante poca salud, debe ser atendido antes de que llegue a terapia intensiva”, planteó.

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