Los peajes operan con prórrogas de palabra y sin ente de control

Los contratos se extendieron porque la relicitación fracasó. A las empresas se les deben $ 90 millones.
Contratos vencidos, prórrogas en el aire, peajes sin sustento normativo, empresas sin ingresos ni ente de control.

Por primera vez desde que entraron en escena al inicio de la época menemista, las concesiones de las rutas nacionales con peajes enfrentan una caótica situación legal y operativa que compromete seriamente la continuidad del sistema.

Tras haber cosechado un rotundo fracaso en la licitación que llevó adelante para reprivatizar los corredores viales a principios de año, el Ministerio de Planificación de Julio De Vido dejó al sistema de peajes en medio de una nebulosa que aún no ha sido resuelta.

Los contratos de los seis concesionarios actuales finalizaron legalmente el 31 de octubre del año pasado. Al no poder completar a tiempo el proceso licitatorio que había encarado para reprivatizar las rutas, el Gobierno decidió en ese momento prorrogar las concesiones hasta el 5 de mayo.

A principios de abril, cuando se abrieron los sobres con las propuestas para las nuevas concesiones, los funcionarios se toparon con una desagradable sorpresa: sólo uno de los ocho corredores que estaban en juego tuvo una oferta admisible.

Luego de ese traspié, los funcionarios de Planificación resolvieron mantener en forma transitoria el actual esquema y redefinir los pliegos para efectuar una nueva licitación.

En esa línea, se acordó "de palabra" con los actuales concesionarios una nueva prórroga que, en teoría, debe llegar hasta el próximo 31 de octubre.

El problema es que esa "extensión contractual" que debía haberse firmado el 5 de mayo aún se encuentra en el aire y sin ninguna norma oficial que avale la continuidad operativa de las empresas que operan las rutas más transitadas.

"La realidad es que hoy no tenemos la prórroga aprobada y por esa razón no podemos disponer de la parte de la recaudación de los peajes que nos corresponde", admitió el gerente de una concesionaria vial.

Desde principios de mayo, las seis operadoras de las rutas deben depositar todo lo que cobran en las cabinas en una cuenta especial del Estado y cubrir sus gastos y los sueldos con recursos propios.

Esa situación atípica llevó a las concesionarias a tener que negociar con el gremio de los peajistas que conduce Facundo Moyano el pago en cuotas de sueldos y aguinaldos, algo que para asombro de los empresarios fue aceptado sin chistar por el combativo hijo del líder de la CGT.

De acuerdo con los datos que manejan las empresas, una vez que se aprueben las prórrogas en juego, el Estado tendrá que girarles una suma total de casi $ 90 millones por las recaudaciones que tienen que cobrar de los últimos tres meses y medio.

Más allá de la cuestión económica, existe otro aspecto que también es preocupante. Al no estar las prórrogas al día, no habría ningún sustento legal para seguir cobrando los peajes que figuran en los contratos. "No sé que pasaría si un usuario se niega a pagar y acude a la Justicia con el argumento de que los contratos no están vigentes", advirtieron desde una concesionaria.

En medio de este panorama, el Gobierno le dio la partida de defunción al OCCOVI, el Organo de Control de Concesiones Viales que supo tener como timonel a Claudio Uberti, uno de los principales involucrados en el escándalo de la valija de los US$ 800.000 de Antonini Wilson.

Por medio del decreto 1020, la Casa Rosada transformó al ente regulador de las rutas y las autopistas en un "órgano desconcentrado" (sic) que, a partir de ahora, pasará a depender de la Dirección Nacional de Vialidad.

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