Patucho Alvarez quiso arreglar todo con 3.120 pesos

El T.I.P. reiteró que el beneficio de la suspensión del juicio a prueba no le corresponde a los funcionarios. Sostuvo que "la punición de los corruptos es un compromiso de la Justicia con la ciudadanía".
El ex ministro de Bienestar Social, Santiago Eduardo Alvarez, quiso sacarse de encima la causa de los "viajes fantasmas" con el pago de una multa de 3.120 pesos, pero la Justicia se opuso. Por lo tanto, tendrá que defenderse de la imputación del delito de peculado, o sustracción de caudales públicos, en un juicio oral y público.

Alvarez, más conocido por su apodo de Patucho, pidió a la Cámara en lo Criminal 1 el beneficio de la probation y ofreció, a modo de compensación, pagar esa suma teniendo en cuenta que está procesado por peculado en tres ocasiones. La Cámara le denegó el pedido y él recurrió ante el Tribunal de Impugnación Penal. El T.I.P., a través de los jueces Carlos Flores y Gustavo Jensen, acaba de rechazarle la probation -o suspensión del juicio a prueba- con el argumento de que "los funcionarios públicos quedan excluidos de ciertos beneficios" legales.

El expediente tiene siete imputados que irán a juicio: Alvarez; la ex ministra de Bienestar Social y ex diputada, Marta Cardoso; la ex diputada y ex subsecretaria de Promoción y Asistencia a la Comunidad, Elsa Labegorra; la ex directora provincial de Familia y Menor, María Cristina Hidalgo; el ex subsecretario de Coordinación del M.B.S., Sergio Enrique Samper; el ex jefe de despacho de la Subsecretaría de Promoción, Nelson Teves; y el dueño de la agencia de viajes Swiss Travel, Luis Oscar Alonso. Todos están procesados por peculado, excepto Teves, de quien se sospecha que cometió los delitos de usurpación de autoridad y defraudación agravada contra la administración pública.

Impugnación ya había intervenido en esta causa al rechazar también, con fundamentos similares, los pedidos de probation de Labegorra, Cardoso, Hidalgo y Alonso. La probation es una solicitud del imputado para eludir el juicio y que no le queden eventualmente antecedentes penales, a cambio de compensar el daño y cumplir tareas comunitarias.

La investigación apunta a dilucidar si entre 1998 y 2002 los imputados autorizaron -vía Ministerio de Bienestar Social- 73 viajes que figuraban destinados a niños, ancianos y discapacitados que eran beneficiarios de programas sociales. Las sospechas apuntan a que se pagaron y no se hicieron. Durante la instrucción, el juez Jorge Howe, hoy jubilado, dejó presos durante 29 días a Alvarez, Hidalgo, Samper, Teves y Alonso. El peculado se reprime con entre 2 y 10 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua.

El juicio iba a comenzar el 20 de agosto del año pasado, pero la Cámara 1 lo postergó porque Patucho pidió que estén presentes todos los imputados y el comerciante Alonso no iba a estar porque había solicitado la probation. Este es el dueño de la agencia a través de la cual se canalizaron todos los traslados. Por eso Alonso está sospechado de haber intervenido en los 73 viajes, todos ellos como hechos diferentes (por eso se habla de peculado en 73 oportunidades), Labegorra en 64, Hidalgo en 17, Cardoso en 9, Samper en 4, y Alvarez en 3.

Fundamentos.

El T.I.P. denegó la probation a Alvarez, en primer lugar, porque el fiscal del Tribunal, Guillermo Sancho, se opuso al beneficio y su aprobación es una condición sine qua non para otorgarlo. "La conformidad fiscal resulta imprescindible para suspender el juicio, y su oposición es vinculante ya que la ley no se contenta con la mera 'citación' o 'traslado' al fiscal, sino que exige su consentimiento", señaló Flores en los considerados. Acotó que "no advierto que el dictamen del fiscal sea caprichoso, arbitrario y sin fundamentos. Por el contrario, considero que es una decisión razonada y con elementos sólidos y consistentes que lo justifican".

A Patucho también le jugó en contra que el artículo del Código Penal que fija las condiciones para la suspensión del juicio a prueba, prohíbe su otorgamiento a los funcionarios públicos y en aquellos delitos sancionados con inhabilitación. "Atento al delito que se le imputa a Alvarez, pesa sobre él una doble restricción objetiva", enfatizó Flores. Por las dudas, el Tribunal aclaró que el imputado era funcionario público "en el ejercicio de sus funciones" al momento de los hechos investigados.

El juez, remitiéndose a fundamentos de Jensen en otra resolución, destacó "el interés del Estado en mantener la persecución penal respecto a ciertas y determinadas conductas ilícitas" cuando se "lesionan intereses propios de la administración pública y, por ende inherentes al Estado -nacional o provincial-, cuyo esclarecimiento y sanción de los responsables aparece como justo y necesario por resultar la cosa pública de interés para toda la sociedad; y la punición de los funcionarios corruptos, un compromiso del Poder Judicial con la ciudadanía".

La defensa de Alvarez, ejercida por el abogado Francisco Marull, sostuvo que haber ocupado un cargo público no puede convertirlo en una mácula que le impida acceder a un derecho que tiene todo imputado, ya que de lo contrario implicaría "una interpretación irrazonable y contraria al principio de igualdad ante la ley".

El Tribunal refutó esas palabras: "La restricción dispuesta cobra sentido en razón de que los funcionarios deben responder frente a la sociedad por su desempeño y, ante posibles actos ilícitos en el ejercicio de la función pública, la sociedad toda está interesada en que se investigue la existencia de la infracción y se dirima públicamente su responsabilidad".

"Los funcionarios -expresó Flores- tienen la misión de velar por los intereses públicos y responder ante los ciudadanos por lo que ocurre en el ámbito de su competencia, especialmente cuando tienen alguna responsabilidad por acción u omisión. Indudablemente algunas conductas o actitudes que asumen ellos no se compadecen con los deberes que les competen en tal carácter, y contribuyen a difundir una sensación de desprotección y frustración que afecta el prestigio, no sólo individual, sino también de la institución que los ocupa".

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