El patrimonio oculto de Scioli y su Gabinete

Acceder a las declaraciones juradas de los funcionarios públicos es un derecho que tiene cualquier ciudadano. Y es algo que deben abogar los dirigentes que fueron elegidos por el voto popular.
Algunos que profesan la transparencia de la gestión han mostrado con resultados concretos que no tienen nada que esconder. Así el intendente de Morón, Martín Sabbatella, como su par de Tandil, Miguel Lunghi o el caso del jefe comunal de Bahía Blanca, Cristian Breitenstein, para citar algunos ejemplos, colocaron sus declaraciones juradas en las páginas de sus municipios.

En Bahía, a través del Decreto Municipal Nº 644/06, se estableció la obligatoriedad para quienes se desempeñan como Personal Superior del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad, de presentar una declaración jurada de sus Bienes Patrimoniales, "con el objetivo de brindar transparencia al accionar de los mismos, mediante el control de la ciudadanía, del estado de su patrimonio durante el desempeño en el cargo público".

Pero la ley de Ética de la Función Pública (25.188) obliga a los funcionarios a presentar sus declaraciones patrimoniales, y en el artículo 9 se establece que "las personas que no hayan presentado su declaración jurada al egresar de la función pública en el plazo correspondiente, serán intimadas en forma fehaciente para que lo hagan en el plazo de quince días. Si el intimado no cumpliere con la presentación de la declaración, no podrá ejercer nuevamente la función pública, sin perjuicio de las otras sanciones que pudieren corresponder".

Y algo que sostiene dicha ley es que todos tendrán la posibilidad de acceder a las declaraciones juradas, aunque castigando a los que utilicen esa información para "cualquier propósito comercial, exceptuando a los medios de comunicación y noticias para la difusión al público en general".

Ahora bien, ante la inquietud de conocer cuál era el patrimonio declarado del gobernador Daniel Scioli y su Gabinete, entre los que se encuentra su hermano José Scioli, el equipo periodístico fue sorprendido con el impedimento de que dichas declaraciones no pueden ser vistas ni por ciudadanos comunes, y tampoco por periodistas.

Conocer el Patrimonio, una misión imposible

Como en Nación, los funcionarios del Gobierno bonaerense deben presentar sus declaraciones, y el encargado de recibir dicha información es la Escribanía General de la Provincia, que se encuentra a cargo de Ramón González Fernández.

González Fernández dice ser, según sus secretarias, un funcionario de segunda línea que "sólo" depende del Ministerio de Justicia, es decir, que su jefe no es otro que Ricardo Casal.

"Si el ministro Casal autoriza dicha información, vienen acá con el permiso y nosotros le damos todas las declaraciones juradas que quieran", explicó la secretaria del Escribano General.

La Tecla: - Pero las declaraciones juradas son un derecho que tiene cualquier ciudadano para consultar…

Secretaria:- Nosotros nos manejos así, es una directiva de Casal.

L.T: - Es decir que el ministro es quien contradice la ley que regula este tipo de información de acceso público.

S.:- No contradice, es una normativa que dio.

L.T: Existe la posibilidad de que conversemos con el Escribano González Fernández.

S:- Está en una audiencia.

L.T: - Entonces debemos presentar un escrito en el Ministerio de Justicia de la Provincia, y si el ministro Casal autoriza dicho pedido, volvemos acá y recién ahí ustedes nos proporcionan la información.

S:- Exactamente.

L.T: - Muchas gracias, hasta luego.

Anteriormente el equipo periodístico se comunicó telefónicamente con la Escribanía General para conocer los requisitos ante el pedido de declaraciones juradas. Desde esa área informaron que todos tenían la posibilidad de acceder a dicha información, aunque presentando el DNI.

Una vez en el edificio de la Escribanía, el jefe del sector de las declaraciones juradas comentó que "sólo personas idóneas podían acceder a la información porque es de carácter reservada y no de acceso público".

Inmediatamente el equipo periodístico cuestionó la afirmación, debido a que la ley respalda dicho acceso, lo que provocó la inmediata consulta a la normativa. El resultado fue que el empleado admitió el derecho a solicitar las declaraciones.

Sin embargo, aclaró que se debía presentar un escrito que iba a ser girado a las autoridades para que evalúen el pedido, obviamente que previo a eso, se reunió con el Escribano General para notificarlo del requerimiento periodístico.

Acto seguido, dos hombres, uno vestido de camisa celeste y otro de camisa rosa, se apostaron al lado del equipo periodístico y del jefe de documentación, responsable de mostrar las declaraciones juradas.

Mientras esto sucedía los empleados del sector advertían que varios funcionarios provinciales desistían de presentar su declaración. "Esto es un viva la pepa, el que no quiere presentar no presenta y no dan ningún argumento", disparaban.

"¿Quién no quiere saber cuánto tiene nuestro gobernador?", cuestionó otro empleado, quien agregó: "Pero eso está bajo siete llaves en una cajita de cristal".

Algunos datos llamativos que sorprendieron fue que más allá de realizar la presentación por escrito, demostrando el interés público para pedir dicha declaración, se corría el riesgo de que no se entregaran los informes patrimoniales.

"No se los van a dar", aseguraba el jefe de documentación.

Tras varios intentos de hacer valer el derecho ciudadano, el equipo desistió del pedido y se retiró del edificio. Pero sin duda quedó la sensación que algo siempre hay que esconder, aunque nunca se sabrá por qué.

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