La denuncia de una potencial venta masiva de patrimonio público a partir de la creación de la Agencia de Bienes del Estado desplegó un foco de conflicto para el PRO a partir de la movilización de entidades sociales y sectores políticos que ponen en duda su legalidad.

Desde que la Legislatura -con apoyo K- aprobó el 3 de diciembre en primera lectura la constitución del ente para, entre otros motivos, enajenar y relocalizar el Tiro Federal y subastar la mitad del predio conocido como “El Dorrego” las voces de rechazo fueron in crescendo.

Entidades y organizaciones vecinales lanzaron la campaña “Buenos Aires No se Vende” en la que ubican a la iniciativa como parte del impulso PRO a la venta de tierras públicas “para negocios cerrados” y la suman, además, a la intención de avanzar en la concesión del Autódromo o la venta del Paseo del Buenos Aires Design.

La falta de información específica así como la denuncia de la inexistencia de estudios de impacto ambiental y social es sólo uno de los argumentos en contra.

Pero, en un plano institucional, está en cuestión la legalidad del proyecto. El artículo 5 autoriza al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a transferir a la Agencia de Bienes “los inmuebles del dominio privado de la Ciudad de Buenos Aires”, a excepción de aquellos comprendidos en el área de la Corporación Buenos Aires Sur y la Corporación Puerto Madero.

“Es inconstitucional”, afirmó, sin dudas, el diputado del Partido Socialista Auténtico Adrián Camps, en diálogo con Qué. El artículo 84 de la Carta Magna porteña establece que la Legislatura “no puede delegar sus atribuciones”.

Y, entre las facultades del Parlamento local, se encuentra la de aprobar transacciones, y disponer la desafectación del dominio público y la disposición de bienes inmuebles de la Ciudad “con la mayoría de los dos tercios de los miembros”.

De acuerdo al texto aprobado, la Agencia de Bienes del Estado estará dirigida por un Directorio de siete integrantes, cinco designados por el Poder Ejecutivo, y dos por los bloques legislativos opositores más numerosos.

Tendrá, entre otras funciones, la de disponer de los bienes inmuebles incluidos, así como ejecutar y promover proyectos de obras e infraestructura, en una tarea de coordinación de las “relaciones entre la actividad pública y la inversión privada”.

Llamado en principio Corporación Metropolitana, el proyecto original tenía un listado de inmuebles individualizados bajo su órbita, cuya ausencia al momento de la votación redundó en más cuestionamientos. En el texto aprobado, sólo se expecifica al Tiro Federal y al predio “El Dorrego”; ahora en la ambigüedad ahondan las suspicacias.

“Lo que antes resolvían 60 diputados votando leyes con procedimientos de doble lectura con audiencia pública, ahora lo resuelve un puñado de personas, o sea lo resuelve el Poder Ejecutivo. Claramente es una transferencia de facultades de la Legislatura”, enfatizó Camps.

Controversias

Como publicó Qué a fines de noviembre (ver “El Paquete que se viene”), el kirchnerismo discrepó con la presentación de proyectos por separado de disposición de inmuebles, y exploró con PRO la creación de un nuevo ente.

Dado el primer paso, distintas entidades y organizaciones motorizaron reuniones. Hubo encuentros en la Universidad Torcuato di Tella, en la Parroquia Santiago Apóstol, y en el Observatorio por el Derecho a la Ciudad, a la que asistieron distintas organizaciones no gubernamentales de la Comuna 13 (Belgrano, Núñez, Colegiales) donde se encuentra el Tiro Federal, y la Comuna 14 (Palermo), donde ubica el Dorrego, en cuyas tierras, se piensa avanzar con el Centro Metropolitano Audiovisual.

Entidades de derechos humanos también confluyeron, en paralelo, para cuestionar la posible sanción de la iniciativa. “Sería un retroceso importante para el control y el monitoreo de las obras” consignó a Qué, Pablo Vitale, responsable del área Derecho a la Ciudad de ACIJ, una de las organizaciones que trabaja en la ley.

Vitale manifestó el temor de que la intención pueda llegar a ser “una venta masiva de patrimonio público para el desarrollo de emprendimientos privados”. “La cesión potencial de un gran conjunto de tierras suena paradójica, porque para otras tareas como obras de infraestructura o escuelas, la Ciudad declara que tiene déficit de inmuebles. Todo en un contexto de déficit habitacional que se ha profundizado”.

En el medio, desde el kirchnerismo rechazan que se cedan atribuciones y afirman que, en última instancia, para enajenar y vender inmuebles, la Ciudad requerirá como hasta ahora la mayoría especial con audiencia pública de por medio.

Sobre esa base, asemejan al ente por crear con el ex Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE) reconvertido en 2012 en Agencia de Administración de Bienes del Estado, por la ex presidenta Cristina Fernández.

“No hay ninguna diferencia. Ahora Ciudad no va a enviar proyectos separados y débiles de documentación. El organismo va a realizar un trabajo especializado y tendrá que elaborar dictámenes claros que encuadren en todo lo que es legal”, confió a este medio un diputado del bloque K.

Mientras el PRO estudia cambios, el kirchnerismo insiste en que la Legislatura tendrá la última palabra para cualquier venta de tierra pública. No obstante, en el seno del bloque admiten que se puede llegar a “reconsiderar” el

posicionamiento, según los fundamentos expuestos en la audiencia.

Mientras tanto, el directorio de la Agencia tiene reservadas dos sillas para la oposición cotizadas; una para el Frente para la Victoria, y la otra para SUMA + que, si bien votó en contra de la iniciativa, dejó trascender que analiza colocar al miembro correspondiente, tal cual se lo concede la ley.

Cómo fue la votación

En medio de las negociaciones, atadas a los cargos en organismos autónomos, el oficialismo cedió en uno de los bienes más preciados: la venta del Paseo del Buenos Aires Design, a la que el Frente para la Victoria se puso de de modo enfático.

Para esa votación con mayoría especial, sólo el interbloque del Frente para la Victoria prestó sus manos, con la excepción de Pablo Ferreyra (Seamos Libres) y José Cruz Campagnoli (Nuevo Encuentro), situación que abre interrogantes sobre el abordaje que le dará al tema el espacio, ahora unido bajo la presidencia de Carlos Tomada.

La Coalición Cívica, SUMA +, Verde al Sur, Partido Socialista, Bien Común, Partido Socialista Auténtico, el Frente de Izquierda – PTS, y el MST votaron en contra. Y Graciela Ocaña (Confianza Pública), entonces con un monobloque, se abstuvo, al igual que el Frente Renovador de Javier Gentilini.

Campaña Buenos Aires No Se Vende

Distintas organizaciones lanzaron semanas atrás la campaña “Buenos Aires No se Vende” para oponerse al avance de la Agencia de Bienes del Estado, a la que sindical como una “inmobiliaria de tierras del Estado con capacidad de vender todos los terrenos y edificios de la Ciudad ubicados al norte de la Avenida San Juan”.

La Asociación Vecinos de Belgrano, Observatorio del Derecho a la Ciudad, Basta de Demoler y la Asociación por la Justicia Ambiental, Asamblea del barrio Parque Chacabuco, y SOS Caballito son algunas de las entidades convocantes.

Ya iniciaron una juntada de firmas en sitio Change.org