El patrimonialismo

Por Mariano Grondona

Cuando Aníbal Fernández debió reconocer que Néstor Kirchner estaba en la lista de aquellos que compraron silenciosamente grandes cantidades de divisas a través del Banco Central -en el caso del ex presidente, dos millones de dólares- también se apresuró a agregar que su conducta fue "legal". El diputado de la Coalición Cívica Juan Carlos Morán no piensa lo mismo, y por eso ha resuelto denunciar penalmente al ex presidente por haber utilizado una información privilegiada, sólo a su alcance, al de algunos funcionarios y al de los amigos del poder, para obtener un suculento rédito cambiario.

Aun si el Gobierno pudiera proteger a Kirchner contra la denuncia de que actuó en forma ilegal, ¿podría liberarlo asimismo del estigma moral que lo ha venido acompañando desde el ocultamiento de los famosos fondos de Santa Cruz y que lo ha perseguido hasta nuestros días, cuando el juez Oyarbide lo eximió apresuradamente de toda responsabilidad penal por el vertiginoso aumento de su patrimonio? Aun cuando los dardos de la Justicia no los hayan alcanzado hasta ahora porque han sabido ocultarse detrás de funcionarios y empresarios amigos, ¿quién se animaría a otorgarles al ex presidente y a su esposa una presunción de integridad? Aunque no pudiera probarse que su conducta ha sido "ilegal", ¿quién no la juzgaría "inmoral"? La mayoría de los argentinos, en suma, ¿tiene a los Kirchner por íntegros o por corruptos?

La corrupción es un árbol cuyo veneno alimentan dos raíces. En el plano de la voluntad, supone que alguien transgrede conscientemente el código ético cuyo cumplimiento lo mostraría como una persona de bien. En el plano de la inteligencia, aparece cuando un gobernante confunde el patrimonio público con su patrimonio privado. El diccionario define el "patrimonialismo", en este sentido, como "la tendencia de un gobernante a considerar los bienes públicos como bienes propios". La difusión de esta tendencia supone a su vez que el gobernante "patrimonialista" goza de un poder tan grande como para eludir el control de los demás órganos del Estado. Por eso se impuso sin discusión en los tiempos del absolutismo, cuando Luis XIV pudo decir, sin que nadie se animara a refutarlo, "el Estado soy yo".

La facilidad con que los Kirchner han podido eludir hasta ahora los controles destinados a acotar su comportamiento, no sólo muestra el largo alcance de su poder sino también el corto alcance del Poder Judicial y el Congreso, es decir de aquellos otros dos poderes cuya misión es contener al Poder Ejecutivo en una república bien ordenada. Sería utópico esperar que el matrimonio presidencial decida emprender, a esta altura de los acontecimientos, el arduo camino de la transformación moral. ¿Pero sería demasiado exigir que un Congreso ahora renovado y que una Justicia que ha empezado a emitir tímidas señales en el mismo sentido, restablezcan finalmente el espíritu republicano?

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