Patovicas: "vacío legal" en el control de esa actividad en toda la Provincia

Trabado desde fines de 2006 un proyecto presentado para regular la actividad de la “prestación del Servicio de Seguridad Privada” incluyendo a “espectáculos públicos, locales bailables y otros eventos o reuniones análogas” y sin una norma provincial que adhiera a la flamante Ley Nacional en el mismo sentido, en la Provincia de Buenos Aires existe un verdadero “vacío legal” en torno a la polémica actividad de los “patovicas”, cuyo accionar se cobró la vida hace algunas horas de un pibe de 21 años en San Miguel.
Hace casi 2 años, el Senado bonaerense aprobó y giró a Diputados para su conversión en Ley, una iniciativa que impulsaba regular la actividad de los denominados “patovicas”, que custodian el acceso y permanencia de los jóvenes en los boliches bailables. En rigor, el proyecto, era una modificación al marco regulatorio de las agencias de Seguridad, obligando a los propietarios de las discos a contratar para ese fin a custodios “debidamente habilitados en las agencias de Seguridad” registradas en el ámbito provincial.

La normativa enviada por el anterior gobernador Solá, surgió como acto reflejo de los hechos ocurridos en el boliche bailable La Casona, de Lanús, luego de que los “patovicas” le provocaran graves heridas y finalmente la muerte al joven Martín Castelucci, de 20 años, a quien le propinaron una feroz golpiza.

En uno de sus artículos, el proyecto establecía que “el personal de las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada se atendrán en sus actuaciones a los principios de integridad y dignidad; protección y trato correcto a las personas, evitando abusos, arbitrariedades y violencias y actuando con congruencia, razonabilidad y proporcionalidad en la utilización de sus facultades y de los medios disponibles”. Y les imponía la obligación, además, de estar “debidamente registrados, habilitados para tal fin e identificados”.

El proyecto, hacía foco particularmente en el procedimiento de una actividad que además de polémica, siempre se desarrolló con un control endeble, y donde se registran alto nivel de empleo informal –o en negro- y falta de controles de parte de la autoridad pública.

Pese a que, como se dijo, la normativa obtuvo en diciembre de 2006 aprobación de parte del Senado bonaerense, su conversión final en Ley quedó trabada en la Cámara Baja, so pretexto de que iba a remitirse otro proyecto oficial estableciendo rigurosos controles a la actividad, en el marco de otra –mas profunda- reforma al Sistema de Seguridad Privada para la Provincia.

Según las fuentes consultadas por INFOCIELO, el nuevo proyecto ingresó a la Legislatura, pero también quedó trunco.

LEGISLACIÓN NACIONAL:

El 7 de mayo pasado, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó –casi sin debate- y por 149 votos afirmativos, ninguno en contra y sólo 5 abstenciones, una profunda regulación para la actividad de los denominados “patovicas” ordenando la creación de un “Registro Unico” en el que el personal civil de seguridad de los boliches y espectáculos públicos deben registrarse, previo a aprobar un curso de capacitación a tal fin, para desempeñar esa tarea.

Otra vez el mismo caso, emblemático, de Martín Castellucci, fue el impulsor de la normativa que impulsó el gobierno nacional a través del Ministerio del Interior –aunque con la participación del sindicato que nuclea a los trabajadores del sector- en noviembre de 2006, y obtuvo respaldo casi automático en la Cámara de Diputados, en febrero del año siguiente.

En el Senado, y después de “dormir” durante casi un año, le introdujeron controvertidas modificaciones objetadas por Castellucci quien denunció literalmente que se había “desnaturalizado” la propuesta original. A mediados de 2008, finalmente, Diputados ratificó el proyecto inicial con abrumadora mayoría, con lo cuál se convirtió el Ley.

La normativa vigente, creó un “Registro Unico” en el que están obligados a inscribirse todas las personas que desarrollan esa actividad. Estipula, además, que los denominados “Patovicas”, “deberán estar identificados con una credencial donde figuren su nombre, apellido y foto, mas el número de habilitación profesional otorgado por el Ministerio del Interior para desarrollar la actividad”.

Para ser aceptados en el registro deben realizar un curso de capacitación cuya duración es de tres años, con materias como derechos humanos, comunicación no violenta, derecho penal y constitucional, seguridad en siniestros y primeros auxilios.

Se prohíbe además para realizar esa tarea, “a personas que hayan sido condenadas por delitos de lesa humanidad, los que se encuentren trabajando en fuerzas armadas, penitenciarias de Seguridad e inteligencia, o los que hayan sido sancionados o castigados con penas superiores a 3 años de prisión”.

Tras su reglamentación, la Ley, que es una norma “Federal” –como en el caso de la de Seguridad Vial- para que tenga vigencia en las provincias, incluida Buenos Aires, es necesario la adhesión de cada distrito.

Ese proceso, según se informó, cuenta con un proyecto presentado en la Legislatura en octubre último -a impulso del oficialismo-, aunque su discusión, todavía, no llegó al recinto.

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