La patota del desalojo

Se visten de negro y actúan de noche. Ya fueron denunciados repetidamente por amenazas, golpes, sustracción y destrucción de mercaderías. Actúan en desalojos compulsivos y corren de autopistas y plazas a quienes no tienen dónde vivir. Trabajan para el Ministerio de Espacio Público que maneja el rugbier Juan Pablo Piccardo.
Los uniformes que usan son tan oscuros como el momento del día que eligen para hacer sus operativos: la noche. Pese a los trágicos recuerdos que eso conlleva, la Unidad de Control del Espacio Público porteña (UCEP) oficia en la práctica como una patota que desaloja por la fuerza a indigentes que viven en parques, plazas y edificios de la Capital Federal. “Esta gente comete delitos y tiene que ir presa”, sostiene el abogado Ricardo Dios, jefe de Seguridad Urbana de la Defensoría del Pueblo de la ciudad. Pero ni siquiera con seis actuaciones iniciadas en esa dependencia, ni con una causa judicial en trámite (Macri, Mauricio y otros sobre amenazas con armas o anónimas), ni con el testimonio de testigos que se presentaron de manera espontánea respaldando a las víctimas, el grupo dejó de recorrer las calles en actitud intimidante. Amenazan, golpean, sustraen mercadería o la destruyen y lo hacen sin reparar en mujeres o ancianos que cartonean o duermen debajo de las autopistas. La UCEP depende del Ministerio de Ambiente y Espacio Público a cargo del ex rugbier Juan Pablo Piccardo y se creó el pasado 29 de octubre por el decreto 1232/08, aunque ya operaba desde antes.

El martes 7 de ese mes, Angel Cabrera Cánepa (foto), un hombre de 66 años que vive rodeado de maderas y cartones a un costado de la autopista sur, en Constitución, junto a la iglesia Corazón de María, se despertó entre gritos, de madrugada. “Yo estaba durmiendo y sentí los golpes en las tablas, me desarmaron las cosas a patadas, me tiraron una pared y empezaron a preguntar quién estaba. Les dije que cuidaba el lugar y me respondieron: salí viejo, vos no podés quedarte acá, te tenés que ir ya. Les expliqué que me dieran tiempo hasta la mañana, que cargaba todo y me iba, pero uno me contestó: andate ya porque te quemamos el rancho, te degollamos y te matamos. Me dieron una trompada acá (señala tomándose el costado del estómago) y uno me acercó algo filoso al cuello. Pero cuando nombré al padre y a la parroquia, el jefe de ellos cambió de idea. Y me dijeron: mañana venimos y no vinieron nunca más”, le cuenta el damnificado a Página/12.

Angel Cabrera Cánepa se las rebuscaba como cartonero, hasta que los precios de productos básicos que juntaba para su subsistencia se desplomaron. Cuenta que el kilogramo de cartón pasó de valer cincuenta centavos a diez. Ahora vende cada tanto unos sillones o tarimas, zapatos o alguna pinza. Todo usado. Su proximidad a la parroquia claretiana y la relación amistosa que mantiene con el sacerdote Jorge Alonso, según él, influyeron para que la UCEP no fuera por segunda vez a desalojarlo. Pero aquella noche de octubre, otros indigentes que vivían del lado opuesto de la autopista que da a San Telmo, quedaron a merced de la patota. “Pobres muchachos, los golpearon y después vinieron para acá”, recuerda.

Estos no son los únicos casos de agresiones que constan en la Defensoría del Pueblo. Hay cinco actuaciones del 2008 en la oficina de Seguridad Urbana (5946, 5955, 6179, 7187 y 7267) y este año se agregó una sexta. El viernes 6 de febrero, Victoria Estela Quintero, de 49 años, se presentó en el organismo para formular una denuncia: “Quiero que me informen desde qué punto puedo yo conservar mi integridad física y proteger la mercadería que logro juntar sin correr riesgos de que la misma sea vulnerada. Uno de nuestros temores principales es el temor a las agresiones que podemos tener por parte de las autoridades policiales y estas fuerzas de choque. Me gustaría saber quién se hace cargo de nuestra seguridad”, se preguntaba esta mujer que, junto a su marido, continúa en situación de calle.

En su testimonio, Quintero afirma que “los espacios públicos tanto para trabajar como para pernoctar son cada vez más acotados. Por esta razón quiero que se me informe cuáles son las ordenanzas que determinan qué cantidad de mercadería podemos tener con nosotros para que la misma no sea confiscada por estos grupos de choque que existen, los cuales no especifican qué es lo legal y qué lo ilegal del espacio público que estoy ocupando...”

Resulta imposible encontrar una norma que defina el hecho de dormir en una plaza o vereda. Sencillamente, no existe. “Nosotros decimos que el efecto que crea la UCEP tiene algunos preceptos que tienden a generar un uso abusivo en la práctica. Sobre todo cuando dice ‘colaborar operativamente en el decomiso y secuestro de elementos, materiales y mercaderías acopiados ilegalmente en el espacio público o utilizados para realizar actividades ilegales en el espacio público’. Eso lo tiene que decir un juez. No puede alguien de la UCEP decir qué es ilegal y qué no”, agrega el abogado Dios.

En efecto, como sostiene el jefe de Seguridad Urbana de la Defensoría, “el decreto no dice sacar a la gente de la vía pública. Una normativa no puede habilitar que se desaloje a las personas que están pernoctando. Vivimos en un estado de derecho y si hay un decreto que avanza sobre facultades judiciales y se convierte en arbitrario, lo vamos a cuestionar. La norma que crea la UCEP viola preceptos constitucionales”.

El subcomisario José Pedro Potocar admitió en un descargo por la denuncia del indigente Alejandro Cardozo –quien fue maltratado por la UCEP y la Policía Federal– que no se puede obligar a las personas en situación de calle a alojarse en los centros de hospedaje que dependen del gobierno porteño. Y en el mismo texto explicó de qué modo se inician la mayoría de los operativos: “Como se puede vislumbrar, la plaza Rodríguez Peña es uno de los lugares públicos que se ubican en jurisdicción de la comisaría 17ª donde a diario personas en situación de indigencia utilizan dicho espacio para pernoctar, hecho este que molesta a los vecinos de la zona, quienes llaman a esta comisaría o al número de emergencia 911, solicitando que se retire del lugar a estas personas, por temor a ser víctimas de ilícitos”.

Los operativos de la UCEP, que tiene su base en el Edificio del Plata, Carlos Pellegrini 291, 5 piso, son realizados con el apoyo logístico de camiones y camionetas de una empresa que hace la recolección de basura, aunque no es de las que tiene concesión en la ciudad. “Con fecha 2 de octubre de 2008 el señor Carlos Rolando Gutiérrez amplió su denuncia y señaló que a fojas 4 de la actuación referida, que el día 1° de octubre de 2008 regresó al lugar donde había sido agredido haciéndose presente un coche Fiat Duna de color gris –patente INN220 o ANN220– acompañado por un camión de color blanco que llevaba inscripto ‘Panizza’ en una de sus puertas. Expuso que en dicha oportunidad le fue sustraída por las personas que descendieron de ambos vehículos la frazada que tenía en su poder, siendo amenazado con ser golpeado si volvía a intentar pernoctar en el lugar”. El sitio que había escogido Gutiérrez para dormir era el acceso al Teatro Colón, sobre la calle Cerrito.

El cartonero Gustavo Diego Pérez denunció que el 2 de octubre, a las 2 de la mañana, en la intersección de Lima y avenida Independencia “un grupo de trece personas que se trasladaban en un camión de recolección de residuos con la inscripción ‘Panizza’ –patente EXG115– y cuatro vehículos –dos de ellos de patente FMA256 y SMA278– se acercaron a él y unos compañeros y les sacaron los carros con todo lo que habían recolectado quitándoles asimismo su documentación, todo lo cual fue destruido. Manifestaron que esas personas no detectaron que él estaba dormido, por lo cual peligró de ser arrojado junto a su bolso dentro del camión compactador. Por otro lado, señaló que al indagarles acerca de quiénes eran, solicitándoles que se identifiquen, se negaron a ello”.

La repetición de estos casos impulsó a la diputada porteña Liliana Parada a presentar una denuncia el 4 de diciembre pasado contra Macri, Piccardo y los funcionarios y empleados de la UCEP. La conducta de estos últimos encuadraría en delitos tipificados por el Código Penal, como el que señala el artículo 149 bis: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. Será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años, el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”.

La causa está radicada en la Fiscalía de Instrucción N° 26 y quedó caratulada “Macri, Mauricio y otros sobre amenazas con armas o anónimas”. Desde allí, el 12 de febrero se reclamaron las denuncias a la Defensoría que, por la vía administrativa, no consiguió avanzar demasiado más allá de recomendarle a Piccardo que, con carácter urgente, desactive las prácticas de la UCEP. “Ellos niegan, niegan que cometen delitos. Dicen que lo hacen por medio de la persuasión. Que su trabajo es decirle a la gente que no puede ocupar el espacio público, que debe ser liberado. No respondieron casi ninguna denuncia y en la única que contestaron, la respuesta fue que no intervinieron”, cuenta Dios.

El hecho al que alude el abogado involucró a una pareja que tiene sida y que fue abordada por efectivos de la comisaría 17ª y un grupo de civiles. Esteban Alejandro Ares y Edith del Rosario Forjato reclaman todavía hoy sus pertenencias, que incluyen una mochila con medicamentos contra el HIV. Al hombre le labraron una contravención y lo detuvieron por un puñado de horas en Combate de los Pozos 155. Había sido detenido en la zona del Ministerio de Educación mientras esperaba por un flete donde cargaría sus petates.

El ex coordinador de la UCEP, Matías Lanusse, le envió una nota al también ex jefe de Gabinete del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Fabián Rodríguez Simón (quien acaba de renunciar a su cargo), donde le informaba que ni su personal ni los vehículos eran de su dependencia y delegó la responsabilidad en el episodio a la comisaría 17ª.

Para el abogado Dios, el párroco Alonso y Fernando Guzmán, del servicio Justicia y Paz de la Iglesia Católica (ver aparte), los testimonios de indigentes que acusan a la UCEP y la policía son confiables. El primero describe: “Nosotros tomamos declaraciones por denuncias permanentemente y tenemos la mínima experiencia para saber si un relato suena verosímil o no. Todos, en este caso, nos resultaron absolutamente creíbles”.

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