Patente en cascos: aún no se aplica y ya hay polémica

Patente en cascos: aún no se aplica y ya hay polémica
Se publicó el decreto reglamentario de la modificación a la Ley de Tránsito. Regirá en 2014, aunque sin fecha concreta. Inspectores dudan de su implementación en la Capital.

El Boletín Oficial publicó ayer el decreto reglamentario de la modificación a la Ley Provincial de Tránsito que establece la obligatoriedad de grabar en los cascos la patente de las motocicletas. Por su parte, la Policía de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba puso en duda su implementación en la Capital.

La ley fue aprobada en marzo del año pasado en la Legislatura, pero fue cajoneada durante 2013. Ayer se publicó el decreto reglamentario con fecha del 31 de marzo de 2014.

Desde el Gobierno provincial optaron por no dar mayores precisiones sobre cómo y cuándo se implementará la medida.

Sin embargo, extraoficialmente se indicó que los pliegos para la confección de los autoadhesivos que se colocarán en los cascos ya están listos y es inminente el llamado a licitación.

La idea es que se implemente este año, con un período de concientización antes de aplicar las sanciones.

La norma establece que los usuarios de motocicletas y ciclomotores deben usar casco que tengan inscripto en la parte posterior el dominio del vehículo. El decreto reglamentario dice que se colocará una etiqueta de 14 centímetros de ancho por 6 de alto, integrada con el sistema de identificación por radiofrecuencia.

La etiqueta deberá poseer un holograma en tres dimensiones, tinta ultravioleta, material reflectivo, resistencia a agentes externos, pegamento resistente, y se destruirá al ser removida.

También debe permitir la impresión del logo de la Policía en cuatro colores y tendrá una duración de tres años, o menor si se vuelve dificultosa su visibilidad.

Será expedida por la Policía provincial, que debe definir cómo será el trámite para obtenerla. Podrán colocarse hasta dos dominios diferentes en cada casco.

La ley dice que su incumplimiento es violatorio del Código de Faltas provincial, por lo que también lo modifica. Se establece que si no se utiliza el casco con la patente grabada se aplicará una sanción de hasta 80 unidades de multa (unos 830 pesos) o 20 días de arresto, y se procederá al secuestro de la motocicleta.

Si en el plazo de un año no se regulariza la situación, la moto será compactada y vendida, y lo recaudado será para la Policía.

Polémica en la Capital

Ayer se conoció el rechazo de los delegados de la Policía de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba a que los policías provinciales sean la autoridad de aplicación de la ley.

“El control, por una cuestión de autonomía, lo tiene que hacer la Municipalidad. Si se quiere aplicar de esa manera, sin duda vamos a tener inconvenientes”, advirtió Federico Nota, delegado sindical de los inspectores municipales.

El delegado afirmó que dentro del ejido de la ciudad de Córdoba el control de tránsito lo realiza el municipio, “y si lo hace la Provincia, sería una superposición de poderes”.

Nota sostuvo que la Policía no tendría que expedir la etiqueta para los cascos, sino la Municipalidad. También rechazó que los vehículos secuestrados vayan a corralones policiales y que el dinero que genere la venta de las motos compactadas quede para la Policía.

Además, el delegado comentó que mañana se producirá una reunión con el secretario de Tránsito y Transporte municipal, Juan Pablo Díaz Cardeilhac, en la que se pedirán precisiones sobre cómo se aplicará la norma en la ciudad.

Fuentes de la Municipalidad indicaron que aún no hay una posición tomada sobre el tema y que se está analizando.

El texto de la ley faculta a la Provincia a suscribir convenios con municipios para la aplicar la medida.

En detalle

Obligatorio. Los ocupantes de las motocicletas deberán usar casco con el dominio del vehículo grabado en la parte posterior.

Hasta dos. Los cascos podrán tener etiquetas de hasta dos vehículos.

Exentos. La norma no alcanza a usuarios de motocicletas al servicio de la Provincia o de los municipios.

Penas. Se establece el secuestro de la moto, multa o 20 días de arresto. Si no se regulariza la situación en un año, la motocicleta será compactada.

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