El Gobierno de la Ciudad girará a la Legislatura el proyecto para tener un Código Electoral propio. De este modo, se desprendería del Nacional, alcanzando una verdadera autonomía.

La Dirección de Reforma Política y Electoral de la Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos Legislativos, dependiente del Ministerio de Gobierno de la CABA, se encuentra actualmente en pleno desarrollo de un Proyecto de Código Electoral para presentar ante la Legislatura.

De aprobarse, este contemplará la boleta única electrónica, la paridad de gé-nero en las listas; la regulación del financiamiento y la publicidad en campañas, y la obligatoriedad de los postulantes de participar de un debate previo a los comicios.   Según el Ministerio de Gobierno, los objetivos que guiaron la propuesta del Proyecto de Ley priorizan la transparencia en el proceso electoral, que consiste en exigir la bancarización de todos los movimientos de dinero vinculados a la campaña, además de crear un registro de proveedores que permitirá transparentar los gastos que realicen las agrupaciones políticas.   Para discutir las iniciativas se realizan mesas de diálogo, en las que participan la Universidad, organizaciones de la sociedad civil y representantes de los tres poderes, locales y nacionales. La iniciativa incorpora la “promoción del debate público entre candidatos“ para que la ciudadanía pueda conocer, en una instancia neutral, las principales propuestas.   En las mesas en que se deba-tió este tema, se contó con las exposiciones del legislador de la Ciudad, Maximiliano Ferraro, y del secretario general del Gobierno, Fernando Straface. Sus alocuciones se centra-ron en la importancia del debate en períodos electorales. Se estableció un contrapunto sobre la obligatoriedad o no del mismo, primando la postura de hacerlo de manera obligatoria.En las cuatro mesas de “Financiamiento”, la totalidad de los grupos acordó que debería ser mixto. En tanto, tres mesas coincidieron en que el aporte por parte del Esta-do debe estar destinado al partido y no la agrupación o alianza electoral.   En la mesa de “Campaña”, debido al acotado tiempo de trabajo, los grupos no abordaron en profundidad ninguno de los temas preestablecidos, por lo que coincidieron en la necesidad de avanzar en una regulación de campaña propia para la Ciudad. Además, la mayoría consideró que la Auditoria General debe continuar con la realización del informe final.   Otro de los puntos es la “ampliación de la participación política”, con el objetivo de garantizar los derechos políticos de los extranjeros e incorporar la paridad y la alternancia por género como principios rectores en la conformación de las listas para los cargos electivos. Para ello, se llevaron a cabo ocho mesas de de-bate (donde asistieron más de 80 personas), de las cuales seis estuvieron destina-das a debatir género, y se pronunciaron a favor de establecer una ley de cupo. En cinco mesas estuvieron a favor de la paridad, mientras que en tres se remarcó la necesidad de garantizar la paridad de género postelectoralmente (considerando quién ocupa efectivamente la banca).   Por otro lado, entre las cuatro mesas realizadas para el “voto extranjero”, tres consensuaron la necesidad de incorporar el empadrona-miento automático de los residentes nacidos en otro país, mientras que sólo una sostuvo que el empadronamiento debe mantenerse voluntario.   En las mesas de debate para el “Calendario Electoral”, siete de las ocho mesas coincidieron en el desdoblamiento de las elecciones locales respecto a las nacionales. No obstante, hubo una multiplicidad de ideas en cómo implementarlo. El principal argumento consistió en que el desdoblamiento favorece a que el debate se centre en las cuestiones locales.   En las mesas para la “Observación Electoral”, se acordó en la necesidad de regularla en la normativa; sin embargo se presentaron múltiples posturas en cuanto a la forma de hacerlo. Además, se planteó la necesidad de incluir a diferentes tipos de actores como observado-res electorales y establecer con claridad el alcance de sus informes.   Otro de los puntos que el Gobierno propone es fomentar la “institucionalización del uso de tecnologías” en las di-versas etapas del proceso electoral. En la misma línea se crearía un registro de proveedores de soluciones tecnológicas para el voto electrónico, asegurando la transparencia en el proceso de licitación, con teste-os y auditorías en que participarían los partidos, universidades y organizaciones de la sociedad civil.   En las mesas de diálogo, el mayor consenso respecto al valor agregado de la tecnología se dio en su inclusión al escrutinio, así como en su utilización para el control y transparencia de todo el proceso. Fue menos discutida la utilización de la tecnología para facilitar la oficialización de alianzas y candidaturas, la transmisión y la totalización de los resultados. Ningún grupo vio como positiva la inclusión de tecnología en la identificación del elector. Los principales considerandos para avanzar con el voto electrónico fueron  seguridad, celeridad y transparencia.Además, se consideró que las herramientas sean auditables, incluyendo espacios de auditorías abiertas, con plazos suficientes para corregir posibles errores detectados. La reforma también propondrá la división del trabajo electoral entre una autoridad administrativa y otra contenciosa, permitiendo así una mejor organización de las funciones electorales.En este ítem, Qué no pudo tener acceso a las conclusiones que se desarrollaron en las mesas. Cabe recordar que bloques de la oposición y la Defensoría del Pueblo han presentado proyectos similares que no han tenido tratamiento hasta la fecha.