Un paso positivo en medio de un plan de hostigamiento

Por Adrián Ventura

El anuncio que ayer hizo la presidente Cristina Kirchner de enviar al Congreso un proyecto de ley para "suprimir" los delitos de calumnias e injurias es un gesto positivo, pero también una maniobra con picardía en medio de una creciente política de hostigamiento que el Gobierno viene desplegando contra la libertad de prensa y contra los medios.

Usualmente los funcionarios criticados por la prensa recurren a los tribunales e invocan esas figuras penales para perseguir ante la Justicia a los periodistas. Eliminarlas de la legislación, sin duda, amplía el margen de libertad.

Sin embargo, el gesto presidencial no puede llevar a confusión: Cristina Kirchner no se convirtió de la noche a la mañana en una ferviente defensora de la libertad de palabra, y quizá los motivos reales de la decisión sean muy distintos de los que se invocan para justificarla.

El anuncio presidencial parece responder al intento del Gobierno de descomprimir una situación de extrema tensión que generó con los medios y con toda la oposición, alrededor del nuevo proyecto de ley de radiodifusión, y también buscó satisfacer el reclamo de algunos diputados, que pedían despenalizar los delitos de calumnias e injurias para apoyar la sanción de aquella controvertida ley.

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Hace varias semanas, el Gobierno decidió impulsar un proyecto de ley de medios audiovisuales que, con la excusa de fomentar el pluralismo, podría crear un monopolio de medios en mano del Estado y de emprearios amigos del kirchnerismo y obligaría a los grupos actuales a malvender muchas de sus empresas en el plazo de un año.

Si ese proyecto se sanciona, por cierto, poco importará que los periodistas no puedan ser condenados por calumnias e injurias: serán pocos profesionales quienes estén en condiciones de criticar a los funcionarios que les paguen sus sueldos (en forma directa o a través de empresarios amigos).

Lo cierto es que -dejando suspicacias de lado- el proyecto de ley de medios provocó innumerables críticas de organismos nacionales e internacionales. Incluso, los líderes de Pro y de la UCR se reunieron con el vicepresidente Julio Cobos y anunciaron que, después del 10 de diciembre, revisarán todas las leyes que se aprueben antes de esa fecha.

Pero el detonante de la decisión de presentar un proyecto despenalizador de las calumnias e injurias fue la repercusión internacional que levantó el procedimiento realizado por la AFIP en el grupo Clarín. Medios de todo el mundo y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) hablaron de "hostigamiento" y calificaron de "insólita" la medida del organismo fiscal.

Poco después de dar por terminado ese procedimiento, el Gobierno juzgó necesario hacer un gesto de distensión. Gesto que, por otra parte, podrá ser invocado por el Gobierno en el futuro para rebatir a quienes critican al Poder Ejecutivo por perseguir a la prensa.

Hubo, también, otro factor, menos conocido, que hacía conveniente el anuncio: en realidad, la Argentina estaba en deuda en este tema, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos fallos son obligatorios, en el caso Kimel, en 2008, condenó al país a modificar la legislación penal de calumnias e injurias.

El periodista argentino Eduardo Kimel, en su libro La masacre de San Patricio , editado en 1995, había criticado la investigación judicial del caso.

El juez que instruyó aquella antigua pesquisa consiguió que la Justicia condenase a Kimel por calumnias e injurias, pero la Corte Interamericana revocó la condena y obligó a la Argentina a revisar esa legislación penal.

Es cierto que la Presidenta, en 2007, se allanó al reclamo de Kimel y eso facilitó la condena contra la Argentina.

Pero también lo es que entre los motivos de su decisión tuvieron un peso categórico la necesidad de disimular las críticas que se levantan contra el Gobierno, tanto en el país como en el exterior, y la necesidad de cerrar un frente con un tribunal internacional cuando es posible que, en poco tiempo, sea objeto de nuevas denuncias.

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