Partidos chicos quieren actuar en conjunto contra el proyecto oficialista

Cuestionamientos a la primaria obligatoria. Las fuerzas minoritarias confían en llegar al piso mínimo de afiliados con una fuerte campaña, pero admiten que no podrán superar la barrera de los comicios de precandidatos.
Flamantes fichas de afiliación deberán ser llenadas contra reloj por los dirigentes tucumanos, si se sanciona la reforma político electoral que impulsa el kirchnerismo en el Congreso de la Nación. Uno de los requisitos de la iniciativa es que los partidos sólo podrán mantener su existencia plena en la Justicia Electoral Nacional (JEN) si logran reunir hasta el próximo mes 4.000 afiliados, cifra que se elevará en 1.000 más a fines de 2010.

Sin embargo, esta obligación no es la que más preocupa a los referentes de las agrupaciones opositoras, quienes confían en cumplir con el piso reclamado. Los cuestionamientos apuntan a la iniciativa en su conjunto porque la consideran inconstitucional y restrictiva para las minorías.

La dirigente Clarisa "Lita" Alberstein anunció que desde el Movimiento Socialista de los Trabajadores convocará al resto de las agrupaciones a trabajar en conjunto para conseguir que la propuesta no sea aprobada o para impedir su puesta en vigencia.

"El proyecto es antidemocrático porque pretende imponer el régimen bipartidista, con las viejas estructuras del PJ y de la UCR monopolizando los comicios. Esto es lo que está en debate, y fue duramente cuestionado en 2001 porque representa la entrega del país que nos llevó a una profunda crisis. Buscan artilugios legales para liquidar a la oposición, a las minorías y a la izquierda que se les opone. La meta de afiliados se puede cumplir perfectamente", aclaró.

El ex convencional constituyente por el Partido Obrero (PO), Martín Correa, también relativizó la obligación de mantener un mínimo de fichas (pese a que deberá duplicarlas en un año). Aclaró que su mayor preocupación se relaciona con la exigencia de alcanzar un piso de votos en la elección primaria para poder presentarse en la general.

"El PO no va a desaparecer por más de que se apruebe cualquier clase de ley, porque tiene un fuerte trabajo en las fábricas, los sindicatos, los barrios y los centros de estudiantes. Pero el riesgo es que no podamos presentar candidatos nacionales nosotros ni muchos otros, si no alcanzamos los 500.000 votos en la primaria obligatoria. Es una reforma absolutamente proscriptiva. Como alternativa, debería pensarse en facilitar la participación y la oferta electoral, porque la representación de cada uno está en las urnas", remarcó.

Correa señaló que buscarán nuevos afiliados en los focos de su labor social y política: "recurriremos a los médicos que acompañamos en las marchas, a los estudiantes universitarios y a los trabajadores del citrus y de la caña de azúcar".

Imposible cumplimiento

El titular de Voluntad Objetiva de Servir (VOS), Jorge Lobo Aragón, admitió que se enfrenta a un gran dilema para poder subsistir. "No tenemos presupuesto para afiliar masivamente, y en lo operativo resultará casi de imposible cumplimiento poder competir. Carecemos de recursos para hacer campañas para sumar seguidores", sostuvo.

El ex legislador confirmó contactos entre distintos partidos para accionar en el plano administrativo y judicial, ya que consideran que la ley atentará contra la democracia, la Constitución Nacional y la igualdad entre los ciudadanos. "Es discriminatoria porque favorece a los grandes partidos, que se dicen altamente democráticos pero que no miran a las agrupaciones más chicas", protestó.

"Necesitamos afiliados para llevar nuestras propuestas -aseveró Juan Armando Arizmendi, del Partido de la Independencia-. Vamos a salir a llenar fichas, pero todo es una trampa porque no vamos a conseguir el mínimo de votos en las primarias. Sentimos un asco horrible por esta prepotencia, y es injusto que salga esta ley tramposa".

El ex candidato a senador en los comicios de junio pasado cuestionó que se impulse este proyecto en momentos en que el país atraviesa momentos muy difíciles en lo social: "no podemos hablar de este tema con gente que se muere de hambre y cuando estamos a las puertas de una guerra social".

Prohibirán a los agrupaciones comprar espacios publicitarios

La nueva ley electoral modifica la publicidad por los medios audiovisuales, con la prohibición expresa a los partidos y frentes (y a sus líneas internas y candidatos) a que contraten espacios de propaganda en la radio y en la televisión. Esto no significa que no habrá avisos electorales, sino que ellos serán emitidos sin costo por la cesión gratuita y obligatoria de las empresas de comunicación de segundos de aire equivalentes al 10% del tiempo de programación. El criterio es que las licencias son propiedad del Estado, y que las firmas licenciatarias deben afrontar esta carga pública.

La veda a la compra de espacios abarca las elecciones primarias y los comicios generales. Las agrupaciones que violen esta disposición serán sancionadas con la pérdida total o parcial de los ingresos que les proporciona el Estado. También hay previstos castigos para los medios.

El Estado administrará la pauta publicitaria y la distribuirá, según se afirma en el proyecto, en partes iguales y por sorteo entre las distintas expresiones en las primarias de definición de candidaturas. En cambio, para la campaña definitiva de Presidente y vicepresidente, diputados y senadores nacionales, la mitad de los espacios serán asignados de manera igualitaria entre todos los partidos y alianzas; y el resto, en forma proporcional según los resultados obtenidos en los últimos comicios.

Los procesados por genocidio no podrán ser candidatos

Antonio Domingo Bussi nunca más podrá ser candidato a ningún cargo nacional si se aprueba la nueva ley de partidos políticos. El proyecto dispone que ninguna persona procesada por delitos de lesa humanidad puede postularse a presidente, diputado o senador. El veto alcanzaría a la treintena de militares y policías retirados que enfrentan causas en la Justicia Federal. La más avanzada en Tucumán es por la existencia de un centro clandestino de detención en la ex Jefatura de Policía, que tendrá su juicio oral en febrero de 2010. Además de Bussi, están acusados Luciano Benjamín Menéndez, Albino Mario Zimmerman, Roberto Albornoz, Alberto Cattáneo; María Elena Guerra y los hermanos Luis Armando y Carlos De Cándido.

Actualmente, la norma electoral dispone que sólo pierden los derechos a elegir y ser elegidos los ciudadanos con condena firme. A futuro, se pretende alcanzar a las personas con auto de procesamiento por genocidio; crímenes de guerra; represión ilegal; violaciones a los derechos humanos; torturas; desaparición forzada y apropiación de niños. La misma sanción recaería sobre quienes delincan contra la libertad individual o contra los poderes públicos y el orden constitucional.

Se eliminará la exigencia del informe previo de campaña

El proyecto kirchnerista innova en la forma de controlar los gastos de campaña. Hasta ahora, rigió el criterio de poner un tope a las erogaciones y a la obtención de recursos, públicos o privados. A futuro, se implementará el mecanismo mexicano, con una mayor presencia del Gobierno. En los hechos, mientras que actualmente los partidos pueden recibir dinero y servicios gratuitos de particulares, sean personas físicas o jurídicas, la norma propuesta sólo permitirá aportes de ciudadanos individualizados, y los prohíbe terminantemente de empresas.

La iniciativa elimina la obligación de los partidos de presentar un informe previo de campaña sobre ingresos y egresos, 10 días antes de las elecciones. Sólo subsistirá el balance posterior, 90 días después de los comicios. Además, se prevé un llamado módulo electoral, consistente en un monto de dinero a determinar por parte del Gobierno en cada elección, que será la base de cálculo de lo que dispondrá cada partido para la campaña y la votación. Cada módulo representará a un votante. También se compromete a la impresión de una boleta y media por cada elector.

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