El Partido Obrero apoyó la toma en el Plan Federal y el barrio Smata

Desde el Partido Obrero (PO) apoyaron ayer la toma de viviendas en el Plan Federal y el barrio Smata, y pidieron investigaciones sobre la "estafa" que se realizó con el complejo sindical.
Consideraron que "la acción decidida de un conjunto de vecinos que tomó posesión de las casas del Plan Federal II y del barrio ex Smata ha desatado una crisis política en regla en nuestra ciudad y que afecta al poder provincial y nacional".

Luego de las promesas sobre las cloacas para Villa Aguirre, el agua potable para Cerro Leones y la construcción de viviendas, desde el PO sostuvieron que "la primera evidencia es que sin la lucha de los vecinos que hoy habitan las casas, éstas seguirían abandonadas mientras la crisis habitacional golpea los bolsillos del conjunto de los trabajadores, haciendo las delicias de los que viven de la especulación inmobiliaria".

Frente a esta situación, desde el partido reclaman que "se adjudiquen inmediatamente las casas a quienes hoy las están habitando y a los preadjudicatarios que salieron sorteados como suplentes del Plan Federal I" y que "se forme una comisión de adjudicados y trabajadores de la construcción que lleve adelante la construcción del barrio con los fondos estatales y el auxilio municipal en torno a la maquinaria y los técnicos, para evitar que los contratistas se lleven la mayor parte del dinero en ganancias".

"Completo

desamparo"

En el PO sostienen que en el caso del barrio Smata "la situación es peor. A los vecinos sólo se les ha prometido la represión, y ahora ‘el sindicato’ se acuerda de un plan dejado completamente al olvido".

"Creemos que esperan hacer otro negociado con una nueva adjudicación. Los adjudicatarios del mismo datan del año ‘73-‘74, de un plan original de 144 viviendas, pero en la mayoría de los casos no estarían en la actualidad en condiciones legales de poseerlas y si el plan se reactivara tendría nuevos adjudicatarios que desembolsarán dinero a favor del sindicato", aseguran.

A continuación cuestionaron que a los habitantes actuales "el oficialismo no les otorga ni agua y luz, aludiendo a que es un problema ‘privado’, dejando en completo desamparo a estas familias".

"Exigimos que se les provea los servicios inmediatamente por una cuestión humanitaria. Aun así el problema no es ‘privado’ sino público, ya que el ente financiador del barrio es el Instituto Provincial de la Vivienda, quien es el que tiene la posesión del terreno", afirma la misiva.

Por último, reclamaron que el Instituto de la Vivienda "otorgue la posesión de las casas a los actuales habitantes, y gire los fondos a una comisión de los mismos para que finalicen la construcción.

Y además insistieron para que "se forme una comisión independiente entre trabajadores de Smata y los adjudicatarios originales para investigar las cuentas de la obra a fin de determinar cómo se invirtió ese dinero y precisar las responsabilidades legales de los administradores".

"También señalamos que aquellos adjudicatarios que en los años ‘73-‘74 invirtieron dinero en el sueño de su casa y fueron brutalmente estafados por más de 30 años, deben ser indemnizados por los responsables políticos de esta estafa", finalizaron.

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