La ley de participación público privada agilizará inversiones por u$s 40.000 millones

La ley de participación público privada agilizará inversiones por u$s 40.000 millones

El gobierno nacional prevé tener lista antes de fin de mes la reglamentación del régimen de contratos de participación público privada.

El gobierno nacional prevé tener lista antes de fin de mes la reglamentación del régimen de contratos de participación público privada (PPP, ley 27.328, sancionada por el Congreso a mediados de noviembre pasado), a fin de viabilizar el financiamiento por no menos de u$s 40.000 millones de dólares destinado a obras de infraestructura, según las previsiones oficiales. 

"La mayor ventaja es que las obras son financiadas por el sector privado, mientras el Estado paga la infraestructura a través de un canon periódico por el servicio provisto, lo cual permite diferir en el tiempo el impacto presupuestario del precio de la obra", explicaron abogados que participaron en la redacción de la ley.

Los detalles de la medida están aún bajo análisis del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien hace sólo 40 días asumió en su función, pero se espera que la revisión concluya en breve, revelaron a Télam fuentes empresarias que participaron ayer de la Tercera Mesa Sectorial de la Industria de la Construcción, junto con los ministros del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio; y de Trabajo, Jorge Triaca.

La PPP constituye una alternativa a los sistemas clásicos de contratación de obra pública, donde generalmente el Estado diseña, financia, paga y opera y el privado sólo construye. 

El nuevo régimen implica un cambio de paradigma en la contratación pública, ya que excluye o limita en forma significativa las prerrogativas de la Administración: entre otras, el poder de modificar unilateralmente el contrato; la rescisión por razón de interés público; la imposibilidad del contratista privado de invocar el incumplimiento del Estado para suspender sus prestaciones; y la limitación de la responsabilidad estatal. 

La expectativa gubernamental es, además de acelerar decisiones y proyectos en curso, poder presentar el instrumento legal como incentivo para los inversores españoles, durante la visita que el presidente Mauricio Macri programa a Madrid a partir del próximo día 22.

Las nuevas formas de asociación previstas entre el sector público y el privado apuntan a resolver las urgencias en materia de infraestructura, a partir de la atracción de capitales y tecnología en un marco de mayor participación de bancos y organismos multilaterales de crédito en la financiación de la obra pública.

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