Parodi reconoció que no había partida para comprar el avión Learjet

La Dirección General de Aviación Civil compró el avión Learjet 45 sin que se le hubiesen transferido las partidas presupuestarias para hacerlo. Así surge del expediente que el ministro de Finanzas, Carlos Parodi, envió a la Justicia luego de la denuncia penal en su contra presentada por la diputada del Partido Propuesta Salteña, Virginia Cornejo.
En la documentación queda claro que Aviación Civil firmó el contrato con la empresa International Tech Trading para la compra del avión el 13 de enero de 2009, mientras que la incorporación de los mayores recursos por ingresos de coparticipación fue aprobada por el decreto 3.152, del 31 de julio de este año. Esto vulnera el artículo 15 de la Ley de Contabilidad provincial, que establece que "no podrán contraerse compromisos sin que exista crédito disponible" a excepción del cumplimiento de leyes electorales, sentencias judiciales, o acontecimientos imprevistos (catástrofes, etc.).

El Learjet, que costó 27 millones de pesos (7.550.000 dólares en ese momento) y no los 21 millones que fueron informados oficialmente, fue adquirido sin que la Oficina Provincial de Presupuesto (OPP) le transfiriera el crédito para hacerlo. La única intervención previa de la OPP que consta en el expediente es una nota manuscrita en la que sostiene que la proyección de recursos y gastos asegura que contarán con los fondos al cierre del ejercicio, pero que la transferencia "será viable una vez incorporados los recursos". Pero además, la adquisición del avión se hizo con mayores recursos del Presupuesto 2008, ejercicio al que fue imputada la compra, a pesar de que el contrato, que es el que provoca el nacimiento del compromiso, fue firmado recién en 2009.

En diálogo con Nuevo Diario, Parodi justificó el procedimiento en que la OPP ya había garantizado que iba a contar con los recursos presupuestarios, pero no podía incorporarlos hasta el cierre del ejercicio. Mientras tanto, indicó, se utilizaron cuentas de orden. A su vez, explicó que se imputó al ejercicio 2008 porque ya había un acta compromiso firmada durante ese año.

Esta forma de proceder, que también era utilizada durante el gobierno de Juan Carlos Romero, ha sido cuestionada en más de una oportunidad en los informes de la Auditoria General de la Provincia (AGP) sobre las cuentas del ejercicio.

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