"Parece que los atacantes de Benuzzi no quieren la solución del problema"

La semana pasada, desconocidos atacaron a un abogado local que trabaja para el estudio del rosarino Iván Cullen. Hace tiempo que se repiten las amenazas por deudas que la provincia mantiene con más de siete mil policías.
Cinco días después de que el abogado santafesino Hugo Benuzzi recibiera una feroz amenaza y le marcaran la frente con un mensaje de tipo mafioso (ver aparte), el constitucionalista rosarino, Iván Cullen, sostuvo que “parece que los atacantes no quieren que el problema se solucione, porque realizan el atentado cuando todo estaba bien encaminado y el gobierno había tomado la decisión política de terminar con esto”.

Los antecedentes de este ataque datan de 1984, cuando la Legislatura dictó la ley 9.561 por la que se establecían adicionales para la policía de toda la provincia. Cullen explicó que, en diciembre de aquel año, el gobierno dictó un decreto para hacer efectiva la ley, pero esto provocó un extendido reclamo policial. Pocos días después, la provincia se vio obligada a dictar un nuevo decreto.

Aquel problema inicial se solucionó parcialmente en 1986. Sin embargo, en 1991 -pleno proceso hiperinflacionario- la policía comenzó a reclamar la adecuación de los adicionales a los aumentos de sueldos que se habían producido en el sector. Allí apareció otro conflicto que desembocó en el reclamo de más de siete mil policías de toda la provincia.

“En 1995 -recordó Cullen- mi estudio se vincula con la policía ante reclamos por falta de adicionales a personal de Drogas Peligrosas. Entonces viajé a Santa Fe y, al llegar al Ministerio de Gobierno, me encontré con que todos los reclamos de 1991 estaban atados, en paquetes cerrados, porque nadie se había ocupado del tema”.

Otro decreto

En ese momento, el gobierno dictó un decreto por el que todos los expedientes administrativos “que no se habían movido en seis meses caducaban. Entonces, recibimos miles de poderes de parte de policías para comenzar a movilizar aquellos expedientes”.

Durante el primer gobierno de Jorge Obeid se creó una comisión integrada por los abogados intervinientes, los ministerios de Hacienda y Gobierno, y Fiscalía de Estado. “Habíamos llegado a un acuerdo, pero el ministro Roberto Rosúa se enfermó, el tema comenzó a demorarse y luego llegó 1999, un año electoral donde todo se complicó”, remarcó Cullen.

El gobierno disolvió la comisión y comenzó a pagar un adicional a la policía de allí en adelante, pero los reclamos anteriores siguieron paralizados y sin ser respondidos. Por ese motivo, los juicios continuaron.

El abogado recordó que en el año 2000 “la provincia dictó un decreto tremendo. Según la norma, a los policías ya no se les pagaba un monto trimestral que recibían para comprar equipamiento, sino que ese dinero iba a ser imputado a cuenta de los juicios que esos policías podían llegar a ganarles al Estado santafesino en el futuro. En otras palabras, se intentó licuar toda la deuda”.

Durante 2002, el gobernador Carlos Reutemann creó una nueva comisión, pero un año después los esfuerzos se diluyeron ante la llegada de otro año electoral.

Hasta el año pasado, no se produjeron nuevas gestiones. El gobierno de Hermes Binner planteó su decisión política de terminar con el problema. Por ese motivo, a lo largo de 2008 se realizó una profunda verificación caso por caso para saber quiénes eran los reclamantes, qué períodos reclamaban y por qué montos lo hacían.

“Esa era la tarea más complicada y ya se terminó. Ahora comenzamos las tratativas para darle un número final al arreglo con el gobierno y justo aparece este ataque”, resaltó Cullen. La idea es que durante los próximos meses se acuerden los montos y cada uno de los demandantes decida si acepta o si prefiere continuar con el litigio.

“Por eso -insistió- este atentado es muy difícil de entender. Pareciera que alguien está interesado en que el problema no se solucione, porque este ataque no ayuda a la solución. No sabemos si son sectores internos de la policía, pero evidentemente fue una cosa bien preparada”.

Abogado agredido

El ataque contra el abogado Hugo Benuzzi se produjo el jueves, apenas pasado el mediodía, en el estudio de Gral. López 2938. Primero ingresó una persona, a la que se sumó un segundo hombre. Ambos le recriminaron por la deuda impaga a la policía. “De ahí en adelante todo es confusión. Reaccioné 20 ó 30 minutos después), estaba semidesnudo y gracias a la ayuda de dos jóvenes que pasaron por el lugar, logré reponerme para luego ser trasladado a un sanatorio privado de esta ciudad”, explicó. Durante los últimos tiempos, había recibido numerosas amenazas telefónicas, todas haciendo referencia al mismo tema. Los atacantes marcaron en la frente de Benuzzi el número de la ley en cuestión: “9.561”.

Hipótesis

Para Iván Cullen existe una posible explicación del atentado: “Tal vez haya una confusión por parte de los atacantes, porque el gobierno informó que se pagó parte de la deuda con la policía. Sin embargo -aclaró- se trata de otros ítems, como títulos, traslados, etc., pero nada tiene que ver con la ley 9.561”.

La otra posibilidad “es que estos sectores no quieran el arreglo del problema, porque están en otra”.

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