Paraná: La justicia frenó la licitación de la planta de energía.

La Justicia Federal de Paraná hizo lugar a una acción de amparo y una medida cautelar presentadas el 21 de marzo último por la familia Folonier. Requerían la nulidad de la audiencia convocada por el Ente Nacional Regulador de la Energía.
Pablo Folonier, uno de los dueños del predio, recurrió a la Justicia tras advertir irregularidades en el procedimiento encarado por el ente nacional para valorar las distintas opiniones respecto de la conveniencia y necesidad de la ejecución de la obra. La audiencia se realizó el 19 de marzo en Paraná y ese día, Folonier denunció que faltaban dos anexos del capítulo 6 del expediente del caso, correspondientes al estudio de impacto ambiental: concretamente no estaba la parte referida a la contaminación por campos magnéticos. Se trata de "ocultación de información ambiental fundamental", había advertido Folonier, en esa jornada, donde los participantes podían consultar el expediente.

Esa situación "irregular" fue constatada por escribano público y con esos elementos, el vecino pidió la nulidad de la audiencia, paso esencial para la concreción de la obra. Es que sólo puede avanzar el proyecto, si el ENRE emite dictamen favorable a la construcción de la planta transformadora. Para eso tenía 30 días, luego de la audiencia; sin embargo hasta el miércoles, cuando llegó el oficio judicial al ENRE, no había novedades en el expediente, contó Folonier.

Así, con la resolución judicial, "queda en suspenso el procedimiento administrativo nacional, en el estado en que se encuentre, a fin de que el ENRE no emita el certificado de necesidad y conveniencia para la ampliación de la capacidad del sistema de transporte de Energía Eléctrica, Estación Transformadora Paraná, 500/132KV", consignó el vecino.

Mientras, el ente nacional tiene ocho días para responder y se comienza a discutir la cuestión de fondo: la nulidad o no de la audiencia. "Nosotros probamos con un escribano que faltaba información. En una audiencia pública no puede faltar información porque es lo que posibilita la participación activa y real de la ciudadanía. Si falta información clave, entonces la audiencia es nula", explicó el vecino. Y remarcó: "Hemos probado la nulidad de la audiencia, ahora esperamos que el juez la reconozca".

Esta última presentación judicial se inscribe en una serie de acciones, iniciadas por la familia Folonier y vecinos del Acceso Norte y El Brete , ante la decisión de la empresa Energía de Entre Ríos (Enersa) de instalar la planta en la zona norte de la ciudad, en un lugar cercano al río.

Resistencia

El año pasado, apenas se supo del proyecto de plantar la estación en una fracción de terreno en un campo de la Bajada de Núñez, a 200 metros de la barranca del Paraná, surgió la oposición de los dueños de la tierra y de los vecinos, que consideraron que la obra puede generar riesgos para el medio ambiente. Pero en julio de 2008, sin perder tiempo, la Legislatura provincial sancionó la ley de expropiación de 16 hectáreas en la zona, depositó el pago de la tierra –dinero que permanece en una cuenta judicial ante la negativa de los propietarios de cobrarlo- y hace unos meses, se avanzó con el cerramiento del predio. Todo sucedió antes de que el ENRE sopesara si era conveniente y necesaria la obra y escuchara a la decena de vecinos que hicieron uso de la palabra en la audiencia de marzo. Así las cosas, durante 2008, los lugareños iniciaron acciones en la Justicia local por considerar ilegal la expropiación. Sin resultados positivos, recurrieron luego a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ahora esperan la decisión de los jueces. Se trata de una acción de amparo tras "considerar inconstitucional la ley de expropiación por no haberse respetado el proceso normativo ambiental argentino", resumió Folonier.

Paralelamente, anunció que en el corto plazo iniciarán nuevas presentaciones tras "haber detectado otras ilegalidades en el proceso" y también harán acciones ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Con asesoramiento internacional, "llevaremos todas estas ilegalidades y le mostraremos al banco que en el fondo Enersa y la Provincia están incumpliendo las leyes nacionales en todo el proceso de esta planta", afirmó. Cabe recordar que la estación transformadora de energía eléctrica costará 54 millones de dólares y se hará con financiamiento del BID.

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