Un paraíso para superevasores.

Un paraíso para superevasores.
Fue votado por el PRO y un sector de la Coalición Cívica.Una fiscal nacional denunció que el nuevo Registro de Comercio creado provocará un descontrol societario.
El gobierno de Mauricio Macri enfrenta una nueva disputa con la Nación, aunque esta vez el duelo no es con la Casa Rosada, sino con la Justicia. Una fiscal nacional pidió que se declare la inconstitucionalidad de la ley de la ciudad que creó el Registro de Comercio y Personas Jurídicas porteño. Denunció que la norma habilita la inscripción sin control de empresas offshore, lo que podría convertir a Buenos Aires en un “paraíso societario” que “beneficiará en forma directa a los grandes evasores”. La ley fue sancionada en noviembre pasado con 29 votos del Pro y 3 de la Coalición Cívica. El macrismo argumenta que para aplicar la ley firmarán acuerdos con el Estado nacional y con la AFIP para evitar el lavado de dinero y prevenir los delitos tributarios.

La fiscal general ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, Alejandra Gils Carbó, denunció que la ley 2.875 usurpa facultades que le pertenecen al gobierno nacional y que actualmente administra la Inspección General de Justicia (IGJ). En especial, apuntó contra el registro de sociedades extranjeras que la norma creó en el ámbito de la ciudad y que no prevé los controles que rigen a nivel nacional.

Según Gils Carbó, el “uso creciente de sociedades extranjeras offshore permite obrar en la clandestinidad para cometer delitos económicos”. Además de la evasión tributaria, esas sociedades favorecen la trasgresión del régimen sucesorio, de los deberes de asistencia familiar, de la responsabilidad ante los acreedores y permiten “el ocultamiento de fondos de origen injustificable y toda clase de simulación y fraude a derechos de terceros”. Para la fiscal, el registro en el ámbito de la ciudad no evitará la utilización de sociedades extranjeras offshore para cometer delitos sino que, por el contrario, “beneficiará a un sector privilegiado de la sociedad”.

El jurista y ex diputado del PRO, Jorge Vanossi, es el hombre a quien Macri le asignó la creación del nuevo organismo que competirá con la IGJ nacional. Durante el debate del proyecto, Vanossi afirmó que “las personas jurídicas que actúen en el ámbito de la ciudad podrán optar por inscribirse en una u otra dependencia: existirá una competitividad y las sociedades podrán optar por el sistema que les resulte más ventajoso”. Consultado por Crítica de la Argentina, el ex director de la IGJ, Ricardo Nissen, afirmó que son pocas las provincias que mantienen un sistema débil de control sobre las sociedades extranjeras “con el único fin de recaudar un poco más”. La denuncia fiscal suma un capítulo al permanente debate sobre la autonomía porteña. Según Gils Carbó, la Legislatura se extralimitó en sus funciones al haber dictado una norma por encima de una ley federal. La llamada Ley Cafiero –que limitó los alcances de la creación del distrito luego de la reforma de la Constitución en 1994– explicitó que la IGJ opera bajo la órbita federal. “Lo que es inconstitucional es ese artículo de la Ley Cafiero”, argumentó Vanossi.

–Pero la Justicia aún no lo consideró de ese modo –insistió este diario.

–No, pero podría ocurrir a raíz de este caso.

–¿Con esto no está admitiendo que la ciudad legisló por encima de una ley federal vigente, que a criterio de los legisladores porteños no es válida?

–No, porque en materia de sociedades comerciales comenzaremos a operar cuando se firmen acuerdos con la Nación.

–La fiscal consideró que, así como está, el registro permitirá la evasión a través de offshores.

–Eso no es así. Además de hacer convenios con la IGJ también los haremos con la AFIP. De modo que no habrá ningún tipo de evasión.

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