Paraguay: choque de poderes por un fallo judicial

El Congreso rechazó una sentencia que obliga a reponer dos jueces; denuncian un "golpe"
ASUNCION.? En lo que ya constituye un nuevo conflicto entre el Poder Judicial y el Legislativo, el Congreso de Paraguay desconoció ayer un fallo que ordenó reponer en el cargo a dos jueces destituidos en la Corte Suprema, mientras el presidente Fernando Lugo intentaba mediar para resolver el enfrentamiento.

El Partido Democrático Progresista (PDP), integrante de la gobernante Alianza Patriótica para el Cambio (APC), emitió ayer una declaración en la que considera que el fallo, emitido por una Sala de la Corte, "viola abiertamente el equilibrio, independencia y recíproco control de los poderes del Estado", que forman la base del sistema democrático republicano de Paraguay.

Ante ese escenario, el PDP resolvió desconocer la sentencia e instó a la ciudadanía a elevar su voz de protesta "ante la evidencia de un golpe de Estado y quiebre institucional", con el argumento de que el artículo 138 de la Constitución consagra el derecho de resistencia civil.

En uso de sus atribuciones, la Cámara de Senadores destituyó a los ministros de la Corte Bonifacio Ríos y Carlos Fernández Gadea, el 12 de diciembre de 2003, durante el gobierno del presidente Nicanor Duarte Frutos. La medida acaba de ser revocada por la justicia.

El Congreso en pleno rechazó ayer ese fallo y varios analistas consideran que se está ante una nueva crisis institucional en el país.

El pronunciamiento del Congreso incluyó una exhortación al Poder Judicial a rever la cuestionada sentencia y la advertencia de que se denunciará la situación ante los organismos internacionales.

Senadores y diputados calificaron de "nulo e ilegal" el pronunciamiento, mientras que el presidente de la Corte Suprema, Antonio Fretes, convocó para pasado mañana a una reunión extraordinaria del pleno del organismo.

Por su parte, el presidente Fernando Lugo propuso ayer un encuentro entre los representantes de los tres poderes del Estado para analizar la situación.

Poco antes de la sesión extraordinaria del Congreso, Lugo emitió una declaración en que recordó que se ha comprometido a que el Poder Judicial esté libre de toda subordinación política al Ejecutivo.

"Desmiento categóricamente cualquier tipo de insinuación de intromisión del Poder Ejecutivo en competencias de otros poderes del Estado y, en particular, con relación a estas resoluciones de la Corte Suprema que pretenden reincorporar a dos magistrados removidos por [...] juicio político", subrayó.

Se trató de una referencia a las declaraciones de los líderes políticos opositores que acusaron a Lugo de estar detrás del tema, para generar caos y obligar a una negociación política que convenga a sus intereses.

Pese a negar injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial, Lugo destacó que esta situación reafirma su convicción de impulsar una profunda reforma de la Justicia.

Tras la reforma, "deberán estar ausentes el cuoteo y el sectarismo político que no garantizan la autonomía y la independencia del Poder Judicial. Al mismo tiempo, queremos que se privilegie la honorabilidad y la trayectoria de los postulantes" a los diferentes cargos, dijo el mandatario.

Por otra parte, el ministro del Interior, Rafael Filizzola, declaró que los firmantes del fallo deben ser denunciados en el fuero penal. Además, el equipo jurídico del Poder Ejecutivo analiza el tipo de acción judicial que promoverá para impugnar la sentencia, según informó el asesor jurídico de la presidencia Emilio Camacho.

Se está analizando presentar "un incidente de nulidad, una acción autónoma de nulidad o una aclaratoria", manifestó Camacho.

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