Para Valdés, el 60 por ciento de los delitos son arrebatos de poca monta

Para Valdés, el 60 por ciento de los delitos son arrebatos de poca monta
Señaló que, en promedio, el valor de lo sustraído es de 500 pesos. Consideró que los índices están vinculados al grado de desarrollo humano. Destacó el proyecto de reforma del Código de Procedimiento Penal, porque la Policía administrativa no tendrá que tomar más declaración. Negó rotundamente que haya niños desaparecidos en Corrientes. "Es campaña política", dijo.
Nació el 15 de octubre de 1968 en Corrientes, pero fue anotado en Ituzaingó.

Es hijo de Manuel Valdés, actual intendente de Ituzaingó (donde se radicó hace 75 años), actuando como empresario arenero y en venta de materiales. Su mamá es docente y se jubiló como directora de escuela.

En el hogar paterno son cuatro hermanos: tres varones y una mujer.

Tuvo "movedizos" estudios primarios y secundarios: hasta sexto grado en Ituzaingó y el último grado en el instituto Gentilini de San José, Misiones; en el Nivel Medio, dos años en el instituto Storni y los siguientes tres en Ituzaingó.

Estudios universitarios: carrera de Abogacía en la Unne y un máster en la Universidad de Santa Fe.

Fue concejal de la ciudad de Corrientes, en donde se había radicado definitivamente en 1987.

A fines de 2008 asumió su actual cargo de ministerio de Gobierno.

Su militancia política en las filas de la Unión Cívica Radical empezó en Ituzaingó en el seno de la Juventud Radical.

Un hobby: le gusta la pesca.Texto: Luis Alarcón Fotos: Luis Gurdiel

de la Redacción de EL LIBERTADOR

El joven ministro de Gobierno, Gustavo Valdés (44) recibió amablemente a EL LIBERTADOR en su despacho. La inseguridad, la violencia de género, la elevación cualitativa en la preparación de las fuerzas policiales, la realidad (o el mito) de la desaparición de niños… fueron algunos de los temas que transcurrieron en el diálogo que a continuación se transcribe.

-Hubo cambios en su Ministerio desde que asumió ¿no?

-Claro. Se denominaba Ministerio de Gobierno y Justicia. Pero desde este año se partió en dos: por un lado Gobierno, que sigue estando a mi cargo; y por el otro, el Ministerio de Justicia.

-¿Qué áreas quedaron bajo la esfera de Gobierno?

-Quedó la Policía, el Servicio Penitenciario, la relación con los municipios, Defensa Civil, Bomberos.

-Entonces ¿cómo quedó el organigrama?

-Tenemos tres subsecretarías: de Asuntos Municipales, a cargo de Lucía Centurión; de Gobierno, a cargo de Luis Bravo y de Seguridad, con Guillermo Wyler. También un coordinador general, Alfredo Vallejos, con responsabilidades hacia el área de Defensa Civil y otras tareas. El flamante Ministerio de Justicia, por su lado, se quedó con las subsecretarías de Justicia y de Derechos Humanos; también la Inspección General de Personas Jurídicas y el Registro Provincial de las Personas.

PROCEDIMIENTO

PENAL

-Tenemos entendido que la reforma del Código de Procedimiento Penal mereció algunas observaciones de su parte alrededor del tema de la creación de una Policía Judicial, ¿puede ser?

-La reforma me parece excelente y la intención no es obstaculizar nada. Sólo que nos pareció que había actores del proceso penal que debían ser también consultados. La pretensión era echar más luz sobre el proyecto, no apagarlo.

-¿En qué aspectos concretamente?

-En el papel de la Policía, efectivamente. Delimitar con mayor precisión los roles de la Policía Judicial y de la Administrativa. De quién se depende, cómo se depende, cómo será el poder sancionatorio, la confección de los sumarios… cosas así. Afortunadamente las conversamos, las debatimos en el ámbito del Senado, adaptamos normas y finalmente se llegó a un consenso.

-La Cámara de Diputados había aprobado el proyecto sin objeciones y por unanimidad. Pero ahora que volvió a sus manos no lo aprueba. ¿Por qué?

-No sé, habría que preguntarles a ellos.

-Esas modificaciones a lo mejor no cayeron bien…

-No creo. Es que había algunos detalles que había que aclarar, no se ha cambiado para nada el espíritu del proyecto. Hay muchas cosas que le echaban la culpa a la Policía. El mapa de la seguridad indica que hoy el 60 por ciento de los delitos son arrebatos en la vía pública, con un promedio de valor sustraído de 500 pesos (en Corrientes Capital).

-En definitiva, ¿el nuevo Código de Procedimiento Penal, de aprobarse, mejorará las cosas?

-Ya lo creo que sí. Introduce un factor importantísimo que es la economía procesal. Porque todo el proceso de formación del expediente incluía mucha pérdida de tiempo, mala utilización de los recursos humanos, etcétera. Ahora, por ejemplo, la Policía (administrativa) no tendrá que tomar más declaración.

-¿Qué es para usted la inseguridad?

-Son las cosas que le pasan a la gente fuera del ordenamiento legal. Para contar con un panorama fehaciente del mapa del delito en Corrientes, hacemos una encuesta de victimización. Solamente tres jurisdicciones argentinas la hacen: el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Corrientes. Así, realizamos unos nueve informes mensuales.

-¿Cómo confeccionan los cuadros?

-A través de la estadística confeccionada por la fuerza de seguridad, las llamadas registradas al 911 y las denuncias realizadas en comisarías.

-¿Cómo estamos en materia de equipamiento e infraestructura policial?

-Estamos por inaugurar una nueva Comisaría, la número 20, en el barrio Pirayuí. Además, reconstruimos ediliciamente otras ya existentes. También tomamos la decisión administrativa de realizar la partición de algunas jurisdicciones. La Comisaría 3ª, por ejemplo, abarcaba áreas urbanas con problemáticas diferentes.

-¿Y el equipamiento?

-Hemos incorporado más de 230 móviles para aumentar el patrullaje. También adquirimos más armamento, uniformes e incorporamos el sistema de huellas dactilares decadigitalizadas. Hay unas 26.000 huellas, es decir, 260.000 digitalizaciones. Pero, además, avanzamos en informatización, laboratorio, trabajos de pericia…

-¿Y la preparación del recurso humano?

-En ese sentido hay dos frentes de trabajo: en cantidad y en calidad. Estamos haciendo un curso de cabo de policía, que antes era de seis a nueve meses y ahora es de dos años de formación. Para los oficiales creamos una Tecnicatura Superior en Seguridad Pública y Ciudadana.

-¿Habrá estudios en el Nivel universitario?

-Estamos trabajando en un convenio con la Unne para abrir una Licenciatura en Seguridad Pública. Esta es una preparación para el futuro, a largo plazo. El año que viene, a fin de año, tendremos egresados 700 cabos y así será cada dos años. Tendremos mil cursantes en la Escuela de Policía. Además, contamos con cerca de 250 oficiales cursando Tecnicatura en Seguridad Pública y Ciudadana. Hemos creado el Instituto Superior de Formación Policial. Para ascender será necesario un curso obligatorio. Acá no hay nada mágico: hay que combinar trabajo e inversión.

-En su opinión ¿cuál es el origen de la inseguridad?

-Una vez detectadas las causas, nuestra labor es tratar de prevenir (el hecho delictivo) y actuar en caso que ocurra. Yo creo que hay una proporcionalidad: cuando más trabajo, más salud, la seguridad mejora. Más desarrollo humano, menos inseguridad. Un ejemplo son los países nórdicos de Europa.

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