En tiempos de crisis la imaginación es más efectiva que el intelecto. Esta frase de Albert Einstein podría ilustrar el momento que viven hoy funcionarios, empresarios y economistas, que deben apelar a idear nuevas formas de salir de la espontánea y profunda crisis que se desató este mes por el coronavirus, que hace peligrar hasta el pago de los salarios de marzo en algunos sectores críticos de la economía.

 

En ese sentido, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires esbozó una serie de medidas que considera oportunas para "evitar que el país caiga en una profundización de la crisis". La propuesta de los profesionales contables fue detallada en una nota enviada a la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, en la que realizaron sus pedidos.

En la carta solicitaron, entre otros aspectos, la regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras para las mipymes, la extensión de los plazos de los beneficios y la ampliación de la deuda factible de regularizar. La reconsideración de los contribuyentes dados de baja y con estados administrativos de la CUIT limitados, entre otros.

También piden la repatriación de activos financieros; reducir por un tiempo determinado los costos laborales y previsionales a cargo de las micro, pequeñas y medianas empresas; liberar o atenuar, temporalmente, la cuota de monotributo en su componente impositivo y previsional. También exhortaron a la suspensión de vencimiento de las presentación de declaraciones juradas determinativas e informativas, como así también del pago de las obligaciones tributarias de la seguridad social y aduaneras, cuyo vencimiento operen desde el día de la fecha mientras dure el aislamiento social obligatorio.

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En una línea que tiene puntos en común, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) propuso un mega pacto impositivo y laboral que significaría una inyección de liquidez por parte del Estado nacional de casi $ 435.000 millones en abril (equivalente a 1,34% del PBI), para rescatar a empresas y trabajadores para contener el derrumbe.

El paquete que recomendaron los economistas Nadín Argañaraz, Andrés Mir, Ariel Barraud y Bruno Panighel tendría un costo fiscal mensual de $ 104.340 millones (0,32% del PBI) y aportaría $ 154.640 millones (0,48% del PBI) al déficit fiscal de 2020, que de todas maneras hubiera cerrado con las cuentas en rojo.

Bajo la premisa de que "hay que garantizar asistencia a las empresas y contribuyentes de todo el país", el Iaraf cree "conveniente" que toda empresa "pueda acceder a préstamos con tasas bajas para financiar capital de trabajo y compra de insumos".

Las sugerencias van desde el diferimiento de pagos de impuestos como IVA, Ingresos Brutos, tasas municipales y Ganancias, "para el cual también se plantea un estiramiento y reducción de anticipos" hasta el nudo central y lo más costoso en términos fiscales, como la eximición de los aportes y contribuciones "condicionado a que no se reduzca el empleo".

También pidió que se exima del pago de Monotributo y Autónomos, e impuestos como al Automotor para sectores afectados.