El pedido había sido formulado por Solá mediante una "acción de amparo", pero la jueza en lo contencioso administrativo federal María Alejandra Biotti entendió que el diputado del Frente Renovador carece de"legitimidad" como amparista porque la norma cuestionada no lo afecta "de manera expresa y concreta".

"En diciembre de 2016 presenté un amparo contra el decreto de blanqueo de familiares de funcionarios públicos. Pero la jueza Biotti rechazó mi pedido porque cree que no estoy legitimado ni como ciudadano ni como legislador y que la ley no me agravia. Este decreto sí me agravia, a mí y a todos los ciudadanos. Porque viola la Constitución Nacional y la ética republicana", explicó Solá en una serie de tuits.

"¿Dónde están los defensores de la República? Es una vergüenza que se adjudiquen la condición de jueces morales y avalen este decreto. Con el blanqueo de familiares Mauricio Macri demostró que no le importa lo que el Congreso dictamina", sentenció el legislador.

Para la jueza, "la mera condición de ciudadano y de legislador no le otorgan (a Solá) legitimación suficiente para solicitar ante la Justicia la declaración de inconstitucionalidad de una norma que no le agravia de manera expresa y concreta, como lo sostuvo el señor Fiscal Federal en su dictamen". 

En este sentido, fuentes judiciales indicaron que la resolución adoptada por la magistrada, que tomó los argumentos planteados en el expediente el Ministerio Público Fiscal, se sumó a una resolución adoptada semanas atrás por otro integrante de ese fuero, el juez Ernesto Marinelli, quien se opuso al dictado de una medida cautelar que suspendiera los efectos del Decreto 1206/16. 

En esta ocasión, sin analizar la cuestión de fondo, que era si esa norma viola o no la Constitución Nacional, Biotti rechazó la demanda de Solá por considerar que no se daban los requisitos para la existencia de una "causa judicial" y que el legislador no estaba legitimado para hacer ese reclamo.

El pedido había sido formulado, mediante una "acción de amparo" por Solá, quien argumentó que el decreto 1206/16, "bajo la excusa de reglamentar" artículos de la Ley 27.260 (que estableció el denominado Régimen de Sinceramiento Fiscal), había introducido "modificaciones sustantivas" a esa norma, sancionada por el Congreso Nacional.

Para Solá, con el artículo 6 del decreto presidencial, se concretó una reglamentación "que en verdad se aparta de la expresa voluntad del Poder Legislativo", porque habilitó al "blanqueo" a quienes, según el diputado, estaban expresamente excluidos.