Para Rentas, más de la mitad de los contribuyentes son de alto riesgo fiscal

El primer relevamiento realizado por la Dirección General de Rentas (DGR) determinó que más de la mitad de los 59.100 contribuyentes salteños está en la categoría de alto riesgo fiscal. Así surge de la implementación, a modo de prueba, del régimen de riesgo fiscal que empezará a funcionar el 1º de enero de 2010.
La primera evaluación del organismo provincial arrojó como resultado que el 53% de los contribuyentes son de alto riesgo fiscal. Es decir que más de la mitad viene incumpliendo con sus obligaciones para con el fisco, tales como la presentación de declaraciones juradas, el pago en tiempo y forma de sus tributos, la colaboración en los procesos de fiscalización, o han sufrido ejecuciones fiscales, clausuras o decomisos, todas variables que entran en juego a la hora de determinar su clasificación. Por su parte, el 7% de los contribuyentes fue calificado como de medio riesgo fiscal, el 17% de bajo, y el 23% no implica ningún tipo de riesgo.

Ahora, estos contribuyentes cuentan con 6 meses para modificar su calificación. De lo contrario, sufrirán fiscalizaciones continuas y alícuotas diferenciales de retenciones o recaudación bancarias, y en el sistema de pago a cuenta.

Regularización

El gobierno provincial apuesta a que la ley mediante la que se crea el Régimen Especial y Transitorio de Regularización de Deudas Tributarias, promulgada recientemente por el Poder Ejecutivo, sirva para que los contribuyentes normalicen su situación.

La moratoria, que entró en vigencia a partir del 1º de julio pasado y estará vigente hasta fin de año, permite refinanciar planes de pago caídos o vigentes a tasas de interés directas mensuales, la quita en el monto de los intereses calculados en función del momento del acogimiento y forma de pago, reducción de las multas y demás sanciones no firmes a su mínimo legal, entre otros beneficios.

Se aplica no sólo a la regularización tributaria, sino también al empleo y al blanqueo de divisas no declaradas. De esta manera, un empleador que quiera formalizar a sus trabajadores se evitará sanciones y el pago del impuesto a las Coopera-doras Asistenciales por el período en que éstos estuvieron en negro, y aquel que quiera blanquear dinero podrá obtener beneficios siempre y cuando lo invierta en al provincia, previo consentimiento del Ministerio de Desarrollo Económico.

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