A través de una acción judicial, diputados provinciales del Frente para la Victoria calificaron al tarifazo eléctrico de “ilegítimo” por “vulnerar el derecho de los usuarios a participar de audiencias públicas”. Andrés Quinteros fue uno de los firmantes de la presentación. Anticipó que iniciarán una campaña en los municipios para que los ciudadanos “puedan exigir su derecho constitucional a ser escuchados”.
Lo consignaba EL NORTE en su edición de ayer. Y la noticia también aparecía en los medios del ámbito provincial. E incluso los nacionales. Diputados y diputadas provinciales del Frente para la Victoria presentaron un amparo contra el aumento de tarifas eléctricas. Uno de los legisladores firmantes de la presentación judicial (en una movida que también incluyó un proyecto de Declaración para ser tratado y resuelto en la Legislatura bonaerense), fue el nicoleño Andrés Quinteros.
“No hubo audiencia pública, no se contempló la opinión del usuario. Eso no se dio, se ha vulnerado un mecanismo que está estipulado por Ley. Por eso nosotros hicimos esta presentación ante la Justicia Federal de La Plata, más precisamente en el Juzgado Federal Nº 2 a cargo del Dr. Adolfo Gabino Ziulu”, explicó a EL NORTE el diputado provincial Quinteros, quien firmó la presentación junto con sus pares -y compañeros de bancada- Walter Abarca, Eva Ramírez, Valeria Amendolara, Mariano San Pedro, Alejandra Martínez, Liliana Pintos, Marcelo Feliú, Manuel Elías, Mauricio Barrientos, Alicia Sánchez y Ricardo Moccero.
Se trata, en concreto, de un recurso de amparo contra el incremento de las tarifas del servicio de energía eléctrica dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Energía y Minería de la Nación -en sus Resoluciones N° 6/2016 y 7/2016- y del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) -en su Resolución N° 1/2016-.
Asambleas
Los legisladores firmantes de la presentación también anticiparon que iniciarán una campaña en diferentes distritos bonaerenses, convocando a vecinos, comercios, instituciones de bien público, pymes, integrantes de la economía social y organizaciones comunitarias para que “puedan ejercer su derecho constitucional de solicitar la realización de la audiencia pública correspondiente”.
En tal sentido, Quinteros explicó: “Hay que ir recogiendo y planteando qué es lo que piensa la gente respecto de esto. Para eso necesitamos la posibilidad de generar asambleas en cada una de las ciudades cabeceras de cada Departamento Judicial para recoger opiniones de los usuarios, que es algo que ya está previsto en la Ley de Servicios Eléctricos. Las opiniones que allí se viertan tendrán fuerza de opinión formal en la audiencia pública cuya concreción estamos exigiendo”.
Aunque anticipó que San Nicolás -en su condición de cabecera de Departamento Judicial- tendrá su asamblea, Quinteros también indicó que en primer término tales asambleas serán desarrolladas en los distritos donde el servicio de energía eléctrica es prestado por las distribuidoras Edenor y Edesur.
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