Para Provincia no existió “gravedad extrema”

La curtiembre volvió a trabajar en la tarde del miércoles. Sin embargo, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible mantuvo la clausura del horno.

También dispuso que la empresa entregue una serie de mediciones sobre sus efluentes gaseosos.

El lunes 16, la intendenta Graciela Rosso firmó el decreto Nº 75 que dispuso la clausura de la empresa Curtarsa. Una semana y media después, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) dictaminó que al momento del cierre de la planta “no se constató la existencia de una situación de gravedad extrema necesaria para disponer la clausura total”.

Así, la polémica curtiembre volvió a poner en marcha su proceso productivo, ese que sigue generando graves trastornos a los vecinos de Jáuregui. En contraposición a esa decisión, el OPDS decidió “convalidar la clausura preventiva del horno de secado de barros”.

La intervención de la Municipalidad, y la posterior clausura, se enmarcó en el artículo 93 del decreto 1741, que autoriza a los municipios sin facultades de fiscalización, acceder a imponer clausuras “en casos de excepción y ante situaciones de gravedad extrema”.

La clausura de Curtarsa fue levantada en la tarde del miércoles luego de recibir la notificación que Provincia terminó de elaborar en las últimas horas del día anterior. El resultado de las actuaciones que realizó el Organismo estuvo en sintonía con los pronósticos que manejaba el Departamento Ejecutivo municipal. El gobierno de Rosso sabía que la decisión del cierre completo de la fábrica no contaba con el aval provincial. Así lo hicieron saber, al día siguiente de la clausura, representantes del OPDS que se hicieron presentes en Curtarsa.

Pese a esto, por el momento Provincia estuvo de acuerdo en mantener la prohibición que pesa sobre el horno que la firma de capitales italianos planea utilizar para el procesamiento de los barros (desechos sólidos).

También se solicitó a Curtarsa la presentación de los resultados de los monitoreos de calidad del aire que debió realizar el miércoles 11 del corriente. Además, Provincia dispuso que la empresa efectúe un monitoreo de efluentes gaseosos y calidad de aire. Ambos requisitos en un plazo no mayor a 15 días.

AL HORNO

La intención de Curtarsa de instalar un horno para la deshidratación de los barros comenzó a gestarse el año pasado, cuando la firma vio impedida la posibilidad de continuar descargando en un predio de la CEAMSE.

Ante esta negativa, debió recurrir a la empresa Recovering S.A., autorizada por el OPDS para tratar esa clase de residuos. Este cambio de lugar incrementó los costos: según fuentes cercanas a Curtarsa, de pagar 40 pesos por tonelada de barro, pasó a abonar 120 dólares.

La alternativa inicial fue entonces recurrir a las viejas y clausuradas cavas que la empresa tiene en un terreno cercano al Basural Municipal. En octubre, la Municipalidad comprobó que en ese lugar se había abierto un nuevo pozo. Con apoyo provincial, logró mantener la prohibición de utilizar el predio como descarga de barros.

Pero Curtarsa no se dio por vencida y volvió a la carga con la idea de colocar un horno en la propia planta para deshidratar los residuos sólidos y así disminuir su peso.

Al momento de ser clausurada, la fábrica tenía vencido el plazo de 45 días que Provincia le otorgó para utilizar el horno “a modo de prueba”. Casualmente, durante esos días, el olor en la localidad de Jáuregui recuperó toda la intensidad de los peores momentos.

Críticas del Sindicato del Cuero

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cuero, Claudio Martínez, opinó que “la empresa está óptima para trabajar”.

“Provincia actuó y al municipio no le quedó otra que levantar la medida. Espero que la intendenta se haya dado cuenta y le saque el cartel de contaminante a Curtarsa. El ciudadano de Luján votó más cloacas, más pavimento, políticas sociales. No votó tratar de destruir lugares que no están fuera de la ley, que son una fuente de trabajo. Espero que de parte del municipio se reconozca eso, y que su política empiece a estar orientada al ciudadano común. No veo una política fuerte sobre los que no tienen nada”, criticó Martínez.

Para el dirigente gremial, la actuación del gobierno municipal fue utilizada “para ocultar la poca gestión que ha hecho en otros temas”. También manifestó, en referencia a los vecinos de Jáuregui, que “siempre que se esté cerca de una industria va a haber olores, pero eso no significa que ese olor sea contaminante, que mate a la gente”.

Los vecinos siguen preocupados

Conocida la determinación del OPDS, Regina Palomar expresó que “la preocupación sigue, más que nunca”. La vecina, integrante de la Asociación Eco Vida en el Oeste Bonaerense, hizo referencia al horno de secado de barros que Curtarsa pretende habilitar en el interior de la planta.

Si bien Palomar se mostró conforme con la actuación del municipio, consideró “una aberración” la posibilidad de poner un horno en Jáuregui. “Estamos luchando contra la contaminación y Provincia le permite meter cosas que provocan más contaminación. Nuestra preocupación es que coloquen el horno. Me preocupa que sigan autorizando poner cosas que van en contra del medio ambiente. Si ellos (por la empresa) mandan una calidad de aire buena, les permiten utilizar el horno. ¿Después quién controla? Sabemos que la falla es el control, la Provincia siempre falla en eso”, agregó Palomar.

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