Para la Red Sol, el Procurador no distingue entre una ordenanza y una ley.

La Red Sol Salta rechazó los términos con los que el Procurador General de la Provincia admitió las facultades de la Municipalidad y el Concejo Deliberante para fijar las alícuotas del Impuesto Inmobiliario Urbano, iniciativa que de acuerdo a la Constitución de la Provincia, es de exclusiva e indelegable competencia y obligatoriedad de la Cámara de Diputados.
A mediados de enero último la entidad civil planteó al Procurador Pablo López Viñals, que la ordenanza tributaria sancionada en diciembre del año pasado, significó la evidente usurpación de facultades ajenas por parte de quienes integran el Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo Municipal.

Se le hizo notar al Procurador que “los contribuyentes municipales" venimos siendo compelidos a oblar aumentos del Impuesto Inmobiliario Urbano dictados por el municipio en forma ilegal e inconstitucional desde el año 2005 sin que medie medida cautelar alguna en defensa y protección de nuestros legítimos derechos como tales".

El 24 de febrero último el Procurador respondió que no consideraba oportuno promover una acción de inconstitucionalidad cuya legitimación le compete contra la ordenanza en cuestión (Ordenanza Tributaria) dado que esa disposición encuentra sustento, en lo que respecta a las facultades municipales, en el Código Tributario Municipal".

La entidad civil en defensa de los vecinos contestó ayer que no se pidió la inconstitucionalidad de la ordenanza tributaria, sino que denunció que el municipio está únicamente facultado a percibir los importes de los impuestos. También le puntualizan al Procurador el cumplimiento de su obligación fundamental, cual es la de Promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad…"e intervenir en toda causa Judicial en que esté interesado el orden público.". Para la Red Sol, la decisión del Procurador General omite considerar la grosera diferencia que separa a una Ordenanza Municipal con respecto a Leyes Provinciales. Le hacen notar que está privilegiando el valor de una Ordenanza Tributaria Municipal por sobre el superior rango legal de Leyes Provinciales; lo que, seguramente derivará en que cada Municipio, por reducido y falta de infraestructura técnica que posea, se sienta habilitado para fijar el valor de los inmuebles de su Ejido Municipal”

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