José Sappa dijo que se genera “una relación de empleo”. Cuestionó la utilización de subsidios para para pagar sueldos en municipios y comisiones de fomento.
“Es un gran problema. Se hace a través del Ministerio de Bienestar Social. Nosotros el año pasado hemos hecho una campaña muy rigurosa y hemos tratado de bajar el porcentaje para que no haya monotributistas facturando por trabajos al gobierno porque genera con ello, a nuestro criterio, una relación de empleo público y eso lo ha sostenido no solamente el Tribunal de Cuentas, sino muchas Cámaras en lo laboral a nivel federal”, advirtió el funcionario.
Señaló que los convenios entre el ministerio y las instituciones “autorizan que los montos de subsidios puedan utilizarse para solventar pagos de empleos y cargas sociales y ahí se nos complica demasiado”.
Insistió en que sacaron una sentencia al respecto, y que ahora desde el TdC están analizando “si esa relación no genera una relación de empleo”. “Hasta ahora eso está avalado por un decreto del Poder Ejecutivo que regula que significa un subsidio de funcionamiento”, subrayó.
Aclaró a su vez que existen fallos de la justicia laboral que favorecen a monotributistas ante el Estado. Y ejemplificó con el caso de un trabajador de la municipalidad de Colonia Barón que cobraba por subsidios provinciales. “La Justicia hizo cargo a la comuna del juicio. En Santa Rosa hubo muchos casos provenientes del Proyecto Vida y la Fundación Nuestros Pibes, y se terminó haciendo cargo la provincia por indemnizaciones que pedían estas personas por haber sido despedidas”, señaló.
Diferenciación
También dio detalles sobre el control de la rendición de susbsidios de los poderes Ejecutivo y Legislativo. “En los primeros se observó un 15% del total, son 112 los subsidios que no cumplieron con la observación, cuando se otorgaron 715 subsidios a instituciones. De los que no rindieron en forma correcta o directamente no se rindieron, hay 53 subsidios que había entregado el Ministerio de Bienestar Social, uno el de Salud, siete del Ministerio de la Producción, dos de Obras y Servicios Públicos, 27 de la Cartera de Cultura y Educación y cinco de Gobierno y Justicia”, detalló.
De los subsidios entregados por los diputados, puntualizó que la mitad se dirigen a municipalidad y comisiones de fomento. Eso, según Sappa, les impide el control.
A su vez, destacó que durante el año pasado bajó la entrega de aportes. “En 2012 se habían entregado 2.269 subsidios a instituciones, en cambio en el año 2013 se entregaron solamente 1.008. Si bien es cierto que se entregó menos del 50% que el año anterior, advertimos que la mitad se entregan directamente a municipios y comisiones de fomento, y ahí está el problema porque nosotros no los podemos controlar, los controlan los Concejos Deliberantes o en algunas municipalidades las auditorías propias”, advirtió.
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