La orden de María Eugenia Vidal es tajante: “Hay que bajar el costo de la política”. La petición la recibió de boca de la propia Gobernadora el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca. La Legislatura es uno de los organismos con los que Cambiemos quiere mostrar austeridad, pero no es el único. “Si le pedimos a la gente que haga un esfuerzo, nosotros tenemos que hacer lo mismo”, repite la mandataria.

Los miembros del gabinete también fueron anoticiados del objetivo de disminuir el gasto público para achicar el déficit y recurrir a un menor endeudamiento. “En el Ejecutivo hicimos un ajuste cuando empezó la gestión, reduciendo el 20 por ciento de los cargos políticos; y si se pudiera hacer alguno más, se haría. Hay que optimizar el gasto sin afectar los puestos de trabajo; estamos en una etapa en la que esto se puede hacer”, aseguró a La Tecla un ministro. 

Detrás de la movida están las cifras frías que a diario monitorea el titular de Economía, Hernán Lacunza, principal impulsor del ajuste que se avecina. Lacunza es señalado desde todos los ángulos como quien advirtió a Vidal del alto costo de la política y del abultado presupuesto del legislativo.

Desde el Gobierno confiaron a La Tecla que “probablemente la Legislatura el año que viene deba arreglárselas con el mismo presupuesto de este año”. En total dispone en 2017 de 6.464 millones de pesos. Si, por ejemplo, los gastos estimados por la Provincia para el año próximo aumentaran un 20 por ciento respecto del ejercicio corriente, entre el Senado y Diputados se repartirían en 2018 casi 1.300 millones más. Al menos ese dinero (y si se pudiera un poco más, mejor) es lo que el Ejecutivo preferiría ahorrarse de lo que llaman “gastos de la política”.

La misión es harto difícil para las autoridades de ambas cámaras, sobre todo de Diputados, donde Cambiemos difícilmente acceda a la mayoría propia. Todavía más cuando la movida incluye la eliminación de la doble firma que impera hoy en la Cámara baja, y que comparten 

el oficialismo y el Frente Renovador.

Alertados por la discusión que se avecina, algunos legisladores esperan que el impacto sea “gradual”. Todos saben que reducciones drásticas impactarán de lleno en los recursos que mensualmente maneja cada uno de los diputados y senadores, con reducción de contratos, mó-dulos, becas y demás. En ese contexto, plantear la discusión en el mismo momento en que también se trata el presupuesto provincial es todo un desafío.

“Pelear con estos muchachos es más difícil que pelear con la Bonaerense”, comparó un actor clave en las negociaciones. La decisión está tomada, pero hasta después de las elecciones y ver cómo queda el mapa legislativo, no se sabrá de qué manera se instrumentará.

La Tecla confirmó que Vidal y sus ministros más cercanos solicitan una medida permanente, es decir, modificar la ley por la cual se establece que el presupuesto de las cámaras es el 1,5 por ciento del Presupuesto General, y bajar ese porcentaje. Sin embargo, para las autoridades de la cámara, ese objetivo es difícil de cumplimentar si el oficialismo no llega a la mayoría en ambos recintos. Por lo pronto, Mosca ya anticipó a sus pares que hará “lo que la Gobernadora me pida”.

Se hacen esfuerzos por aclarar que el ajuste “no va a ser a través de los trabajadores”, pero se encienden, de todos modos, las luces de alerta. Con respecto a los contratos de los que disponen senadores y diputados, “hay que bajarlos considerablemente”, confiaron quienes están detrás del proyecto.

“Vamos a ajustar la política; el que se pone enfrente, afuera”, dictaminó uno de los influyentes legisladores de Cambiemos. La frase fue repetida, palabra por palabra, por un miembro del gabinete. El primer mensaje es hacia dentro: “De los nuestros, ninguno se puede oponer”, coincidieron ambos consultados.

Pero también hay una “advertencia” hacia fuera. “Una de las dificultades para discutir con la oposición es la eliminación de la doble firma; el otro tema es lograr que se asimile desde la oposición que quien quede afuera de este acuerdo va a quedar expuesto ante la sociedad”, anticipan en Cambiemos.

A nadie escapa que la Legislatura es la caja de resonancia de la política, y en muchos casos, 

también la caja económica; y aunque el tijeretazo aparece como inevitable, en estas cuestiones, los legisladores siempre tienen ases debajo de la manga. 

De ahorros, edificios y anécdotas

En los últimos años, con el exponencial crecimiento del Presupuesto Provincial, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores han cerrado en muchas oportunidades el ejercicio anual con subejecución.

En su momento, Ismael Passaglia, como presidente de Diputados, y Alberto Balestrini, como vicegobernador a cargo del Senado, se jactaron de incrementar el patrimonio de ambas cámaras con bienes inmuebles comprados en base a esos ahorros. Passaglia lo hizo con el edificio anexo de Diputados, en 53 entre 9 y 10, y Balestrini adquirió el histórico edificio del Banco Hipotecario, en 7 y 49. El anexo, que lleva el nombre del exvicegobernador, se terminó de restaurar en la gestión de Federico Scarabino (que continuó cuando Balestrini tuvo el ACV), también con las sobrantes presupuestarias.

Passaglia es protagonista de una anécdota al respecto en tiempos en los que presidía la Cámara baja, durante el gobierno de Felipe Solá. En 2006 le sobró plata y el Gobernador se la pidió para cubrir otros agujeros. Allí, el nicoleño recibió la recomendación de un diputado de mucha influencia en el bloque peronista, quien le sugirió que no cerrara los números con subejecución. “Gastala en be-cas, inmuebles para la cámara o lo que sea, pero no te debe sobrar presupuesto, si no la Legislatura va a perder”, le dijo.